Es ya habitual que, al tratar de justificar la posición de nuestro gobierno en relación con la descolonización del Sahara Occidental, los políticos españoles recurran a un lenguaje tan incomprensible como vacío de contenido, extraído del texto literal de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (en adelante CS). Hace unos días en un artículo publicaso en eldiaro.es lo hizo Odón Elorza, que durante su mandato como alcalde de San Sebastián fue un gran valedor del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Su artículo pretendía "evitar confusiones sobre las propuestas y aclarar el proceso político a seguir para tratar de resolver el conflicto" y trataba de explicar la viabilidad de la propuesta marroquí, que debería acordarse entre las partes, y "someterse, al final del proceso, a una consulta democrática por ambos pueblos" (sic).

Proponía igualmente que "España aporte un contingente propio a la MINURSO para el cumplimiento de su misión de estabilidad y paz". Por una parte, debe recordarse que Marruecos vetó desde su creación la presencia de españoles en la MINURSO; y por otra, que la misión principal de la Misión de las Naciones Unidas para el REFERÉNDUM en el Sahara Occidental no es la estabilidad y la paz, sino, como indica su propia denominación, organizar ese referéndum al que ahora se opone el gobierno español. Es comprensible la contradicción que conlleva asumir al mismo tiempo la defensa del derecho de autodeterminación y lo contrario. Pero es hora de llamar a las cosas por su nombre: España y quienes apoyan la propuesta de autonomía apoyan la ocupación militar marroquí del Sahara Occidental.

Como punto de partida, cabe recordar que España forma parte del denominado "Grupo de Amigos del Sahara Occidental" (ni Groucho Marx habría encontrado una denominación más surrealista), compuesto, además, por EEUU, Rusia, Francia y el Reino Unido, del que emanan las propuestas de resolución del CS. Por lo tanto, nuestros políticos conocen de primera mano este lenguaje perverso: el CS apoya los esfuerzos por "alcanzar una solución política justa, duradera, y aceptable para ambas partes, basada en la avenencia, y que prevea la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental", y "acoge con beneplácito los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos por hacer avanzar el proceso hacia una solución".

Pero vayamos por partes.

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¿Una solución "mutuamente aceptable por las partes que respete el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui", cuando una de las partes, Marruecos, rechaza públicamente este derecho desde hace más de diez años?

¿"Solución justa y duradera"? La única solución justa, y por ello duradera, es la aplicación del Derecho internacional. No hay paz sin justicia. ¿Por qué extraña razón el pueblo saharaui aceptaría, precisamente ahora que acaba de retomar las armas, su integración en Marruecos como solución al conflicto? 47 largos años de resistencia son la prueba evidente de lo contrario. La autonomía que propugnan los gobiernos español y marroquí es una solución injusta, y desde luego no duradera, porque tendría siempre enfrente al pueblo saharaui... y a la legalidad internacional. Por el contrario, la autonomía, libremente decidida por el pueblo saharaui en un referéndum en el que se incluyera la opción de la independencia, sería perfectamente válida desde la perspectiva del Derecho internacional. Pero no es esta la propuesta que defiende España.

¿"Esfuerzos serios y creíbles de Marruecos por hacer avanzar el proceso hacia una solución"? Esos esfuerzos deberían encaminarse a alcanzar un acuerdo con el Frente POLISARIO. Pero es que este acuerdo ya existe. Se produjo tras quince años de guerra, y fue aprobado en 1991 por el CS. Preveía la celebración de un referéndum de autodeterminación en el que los saharauis incluidos en el censo, concluido por la MINURSO en 2000, decidieran entre dos opciones: la independencia del Sahara Occidental o la integración del territorio en Marruecos. La opción de la independencia no necesita aclaraciones. La de la integración parece que sí. Un pueblo puede decidir integrarse en un Estado descentralizado como el español, o centralizado, como el marroquí. Pero ambas posibilidades son dos versiones distintas de una misma opción: la integración. Por ello, el gobierno español está apoyando (uno se pregunta en nombre de quién) la integración del Sahara Occidental en Marruecos, y está apoyando la violación del Derecho internacional. ¿Se puede afirmar sin sonrojo que los esfuerzos de Marruecos son serios y creíbles, cuando desde hace más de 30 años no ha hecho otra cosa que incumplir los acuerdos que firmó libremente... y chantajear públicamente a nuestro país?

La propuesta de autonomía marroquí de 2007 no ha sido aprobada ni por la Asamblea General ni por el CS, precisamente por no ser más que una versión de la opción de la integración. No es objeto de este escrito valorar, como apunta el Sr. Elorza, su virtualidad, porque sería entrar en el juego marroquí, abandonando así la legalidad internacional. Pero cualquiera que conozca el sistema político marroquí sabe que es una quimera. Y si no, que se lo pregunten a los rifeños, víctimas del centralismo más despiadado. Quien escribe estas líneas ha participado como observador internacional en juicios celebrados en Marruecos contra activistas de derechos humanos saharauis, pero también contra los dirigentes de las movilizaciones pacíficas del Rif. En esas farsas de juicios se condenó a saharauis y rifeños a durísimas condenas de entre veinte años y cadena perpetua. Mientras España apoya esa imposible autonomía, los activistas se pudren desde hace más de diez años en las infames cárceles del Estado autor de la propuesta "seria y creíble".

El expresidente Rodríguez Zapatero, antaño conocido por su defensa de los derechos civiles en nuestro país, y que desde que abandonó el cargo se sumó a su predecesor, Felipe González, en la defensa de la ocupación militar marroquí (estos días se vanagloria sin pudor de haber patrocinado la propuesta de autonomía), ha afirmado recientemente que España no ha cambiado su posición de neutralidad. Y lleva toda la razón. Nuestros sucesivos gobiernos de la democracia no han sido nunca neutrales; han apoyado la ocupación militar. La novedad es que el de Pedro Sánchez lo hace ahora de forma expresa.

A todos nos escandaliza lo que está ocurriendo en Ucrania. La ocupación militar de su territorio por Rusia constituye una violación grave del Derecho internacional. Tan grave como la ocupación marroquí del Sahara Occidental. Pero seamos coherentes. Si estamos por la realpolitik y valoramos los pros y los contras de la invasión rusa en relación con los intereses de nuestro país, digámosles a los ucranianos que deben entender que Rusia es una gran potencia y que deben aceptar que la mitad de su territorio pasará en breve a estar bajo soberanía rusa; que España apoya esta solución porque queremos evitar más sufrimientos al pueblo ucraniano, y porque, además, de esta forma podremos seguir utilizando el gas ruso. Los intereses de nuestro país así lo exigen.