Juan Manuel Pericàs
Médico, miembro del seminario de economía crítica Taifa y de la Marea Blanca de Catalunya.  

El 23 de noviembre de 2015, al día siguiente de la victoria de Mauricio Macri en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales argentinas, La Nación, periódico histórico de la derecha, exigía en un editorial que se terminasen las políticas, impulsadas por el kirchnerismo, para recuperar la memoria de los 30.000 desaparecidos durante la dictadura de Videla (1976-1983). En el escrito se hacía especial hincapié en el inmediato cese a los juicios a los represores. Se solicitaba, en definitiva, que se interrumpiesen y desarbolasen todas las medidas en materia de derechos humanos tomadas en esa dirección en la última década. Poco después, el gobierno se vio obligado a destituir de su cargo a Darío Lopérfido, Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, por afirmar que la desaparición de personas durante la dictadura no existió o, en todo caso, que la cifra de desaparecidos se había exagerado por intereses políticos. A día de hoy, Lopérfido es director del Teatro Colón (el más importante del país) y las indicaciones del  editorial de La Nación se han cumplido a rajatabla. Macri volvió a colgar en la sede del gobierno los cuadros de los dictadores que Néstor Kirchner, en un gesto histórico ("bajando un cuadro, formaste miles" dicen las pintadas callejeras de todas las ciudades del país) retiró de inmediato tras ser elegido presidente. Hasta la fecha se ha excarcelado a cerca de cincuenta militares y ex policías genocidas, que actualmente cumplen arresto domiciliario. Asimismo, se ha retirado la financiación o sencillamente cerrado gran parte de los centros culturales y los empréstitos dedicados al homenaje a las víctimas de la represión y a matizar la teoría de los dos demonios (el terrorismo de estado militar y las guerrillas revolucionarias se habrían enfrentado en una guerra cruenta a la que el resto del país asistió pasiva y de la que fue víctima).

Por orden gubernamental, se ha barrido de la televisión y la radio a todas y cada una de las voces discordantes con el macrismo. Esto lo ha hecho un gobierno que acusó al anterior de totalitario por aprobar una ley de medios audiovisuales que evitara los monopolios, en sustitución de la legislación sancionada durante la pasada dictadura. Macri ha anulado funcionalmente dicha ley al disolver por decreto el AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual), creada expresamente para la implementación de la nueva ley de medios. Así, los medios informativos han estado y siguen en pocas manos de la derecha desde hace cuatro décadas, concretamente del grupo Clarín, cuyo director, Héctor Magnetto, estuvo directamente implicado en la adquisición de Papel Prensa S.A., movimiento clave en la constitución del monopolio mediático. El grupo Clarín se gestó poco después del golpe de Estado del 76 con la mediación de Martínez de Hoz, Ministro de Economía del "proceso" militar. Coaccionada mediante el cautiverio, amenazas y torturas, Lidia Papaleo, la viuda de David Graiver, el hasta entonces principal accionista de la papelera y muerto en condiciones todavía no esclarecidas, "vendió" la empresa. Otros familiares y allegados de la familia Graiver también fueron perseguidos, torturados y asesinados. Lidia Papaleo se tuvo que exiliar rápidamente después de la "negociación". El gigante mediático fue clave entre otras cosas en la construcción de la imagen de la Argentina unida y alegre que ganó el Mundial del 78, mientras se torturaba y se lanzaba a gente desde aviones al Río de la Plata, o en la llamada a la responsabilidad patriótica en la suicida guerra de las Malvinas. No sorprende pues que su papel haya sido fundamental en el deterioro de la imagen de Cristina Fernández de Kirchner y en la exaltación del cambio supuestamente positivo que vendría con el macrismo.

La interrelación entre el gobierno actual y los intereses de los medios de comunicación es profunda. Un ejemplo reciente lo ilustra a la perfección: la semana pasada Macri recibió en la Casa Rosada a Marcelo Tinelli, la personalidad más importante de la televisión, y a la sazón amigo personal suyo, tras haberse molestado por la imitación que de él se hacía en su programa. El enojo se canalizó mediante la creación del hashtag #TinelliMilitanteK por parte de un ejército de trolls a sueldo del gobierno, que bombardearon al presentador con 150.000 twits en tres días. Poco después del encuentro, en el que se hicieron una selfie difundida inicialmente por Snapchat y posteriormente por todos los medios, se suspendió la imitación de la esposa de Macri que habían preparado para el siguiente programa de Tinelli. La actriz que iba a imitarla fue despedida. Macri y Tinelli tienen fuertes vínculos con el mundo del fútbol, pues el primero fue presidente de Boca Juniors y el segundo es vicepresidente de San Lorenzo de Almagro. Se da la casualidad de que concurren dos circunstancias muy llamativas en el encuentro de estos titanes empresariales: por un lado, la AFA, Asociación de Fútbol Argentino, tiene vacante la presidencia; por otro, el gobierno de Macri ha retirado el Fútbol para todos, plan del anterior gobierno por el cual los partidos eran retransmitidos en abierto en los canales nacionales.

Los procesos judiciales iniciados a los líderes políticos y sociales de la oposición son también una marca de identidad del nuevo gobierno, en una clara muestra de la falta de separación entre poder ejecutivo y judicial. Milagro Sala, líder de la organización barrial Túpac Amaru y actual diputada del Parlasur (el Parlamento del Mercosur), lleva encarcelada desde el 16 de enero de forma inconstitucional tras haber encabezado una acampada reivindicativa en Jujuy, su provincia natal. Desde esa fecha, las denuncias de Amnistía Internacional y otras entidades no han tenido ningún eco, mientras las protestas sociales eran respondidas con una dura represión. Las causas abiertas contra la ex Presidenta son varias, sin haberse demostrado hasta la fecha su vinculación en ninguno de los casos de corrupción que se le imputan.

Sin duda, el caso que ha despertado mayor interés a nivel internacional es la orden de detención emitida sobre Hebe de Bonafini, presidenta de las Madres de la Plaza de Mayo, icono de la lucha por las libertades civiles y los derechos humanos, acusada de "declaración de rebeldía". La histórica activista se vio envuelta en 2011 en un caso de corrupción, el conocido como "escándalo Schoklender" o causa "Sueños compartidos". Sergio y Pablo Schoklender, condenados en su juventud por parricidio, que fueron acogidos por la Fundación de las Madres a su salida de prisión, presuntamente desviaron fondos estatales entregados a la Fundación para la construcción de viviendas sociales. Hebe fue imputada como presidenta de la Fundación, pero posteriormente se dictaminó que las firmas a su nombre habían sido falsificadas. A finales de 2015 fue imputada de nuevo por cargos de "incitación a la violencia colectiva" y "atentado contra el orden público" por reanudar las Marchas de la Resistencia de las Madres, que habían cesado durante el gobierno de los Kirchner. Actualmente, debía comparecer regularmente a declarar ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi. La semana pasada, considerando que estaba siendo acosada por motivos políticos y no judiciales, decidió no comparecer por segunda vez a la causa "Sueños Compartidos", enviándole una carta al juez en que afirmaba haber aportado abundante documentación, que no había sido incorporada a la causa. El juez ordenó el allanamiento de la sede de las Madres y la detención de Hebe. El jueves 12 de agosto serán dos mil las ocasiones, desde que aquel 30 de abril de 1977, en que las Madres, al ser desoídas repetidamente sus súplicas y peticiones de habeas corpus, tras múltiples intentos por averiguar el paradero de sus hijos desaparecidos, decidieron protestar unidas, eludiendo la limitación del derecho de reunión dictaminado con el estado de sitio reuniéndose de dos en dos, en movimiento circular alrededor de la plaza.

Este mes se celebró el bicentenario de la independencia argentina del poder colonial español. A los fastos fue invitado Juan Carlos de Borbón, amigo de Videla, a quien Macri le pidió perdón, reconociendo que, según él, los libertadores como San Martín "deberían tener angustia de tomar la decisión, mi querido rey, de separarse de España".

Argentina está viviendo profundos cambios, emprendidos por el gobierno de Mauricio Macri, para que el país vuelva a ser el equivalente "al granero del mundo" de antaño, en que los derechos humanos y la libertad de expresión deben dejar de entorpecer los negocios.