Alba del Campo
Coordinadora de las Mesas de Energía del Ayuntamiento de Cádiz

Tras cuatro años de inacción por parte del anterior Gobierno en lo que se refiere a la pobreza energética, el nuevo ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, sorprendió al mundo el pasado 23 de diciembre aprobando un Real Decreto Ley que pone las bases legales para 'mejorar' el actual bono social. En este Real Decreto-Ley, que cuenta con el apoyo de PSOE y Ciudadanos, se fija el mecanismo de financiación de dicho bono, siendo de facto una bomba de relojería contra las pequeñas comercializadoras.

El Gobierno ha decidido imponer la financiación del bono social a todas las comercializadoras en base a su número de clientes, con lo que aquellas que tienen muchos clientes pequeños, es decir, las que comercializan principalmente al sector doméstico, serán las mayores perjudicadas, hasta tal punto, que varias verán reducidos sus márgenes de beneficios actuales a la mitad. Es el caso de Som Energía, Goiener o Eléctrica de Cádiz, entre otras.

¿Se han preguntado el Gobierno, el PSOE o Ciudadanos cómo se van a mantener a flote las pequeñas comercializadoras del sector doméstico sin la mitad de sus beneficios? Evidentemente, se verán obligadas a doblar los precios o a cerrar. ¿Y han valorado el impacto que esto va a tener en la subida del precio de la electricidad de las comercializadoras del mercado libre?

El Gobierno ha decidido que las pequeñas comercializadoras eléctricas sean solidarias por encima de sus posibilidades. Estas empresas estarán obligadas a financiar un bono social que, para más inri, la mayoría no podrá ofrecer a sus clientes, puesto que se prevé que sólo puedan hacerlo las comercializadoras de referencia (entre las que sí están Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, Viesgo, etc..)

En consecuencia, el mecanismo de financiación del bono social aprobado por el Gobierno, y que deberá ser convalidado en el Congreso en pocas semanas, supondrá un cuantioso trasvase de fondos de las pequeñas comercializadoras a las grandes del oligopolio, las cuales sí ofrecen el bono social, en su versión PVPC.

Este Real Decreto-Ley es la tercera norma que aprueba el Gobierno de España sobre la financiación del bono social, y presumiblemente, la tercera que será invalidada por el Tribunal Supremo por ser 'discriminatoria'. En 2009, el ex ministro Miguel Sebastián estableció que pagaran el bono social las productoras de electricidad, las cuales recurrieron, y ganaron. La misma suerte corrió la ley de José Manuel Soria, que en este caso estableció que fueran las empresas eléctricas que fueran productoras, distribuidoras y comercializadoras al mismo tiempo. Ahora el Real Decreto-Ley de Álvaro Nadal vuelve a pecar exactamente de lo mismo, pero además, va a tener el terrible mérito de cargarse por el camino a las pequeñas comercializadoras.

¿Realmente alguien cree que sea menos discriminatorio que paguen el bono social las comercializadoras que las productoras de electricidad? Siendo la comercialización la parte del sistema eléctrico que menor margen de beneficios tiene (en torno al 3%), a gran distancia de la producción de electricidad y de la distribución, la elección del Ministro Nadal es un tanto sospechosa.

¿Y qué pasa cada vez que el Supremo invalida el mecanismo de financiación del bono social? Pues que lo pagamos todos y todas, los consumidores y consumidoras. Hay que hacer grandes esfuerzos para no pensar que esta regulación no sea un traje a medida de los intereses del oligopolio. Porque, si no es así, ¿por qué con el nuevo mecanismo de financiación del bono social las empresas del oligopolio eléctrico van a pagar menos por el bono social de lo que pagaban con la última regulación que invalidó el Supremo?

A la luz de estos hechos, cabe preguntarse si los sucesivos ministros de energía están haciendo los deberes mal a propósito para que las grandes eléctricas no paguen el bono social. (Por cierto, que ninguno de estos ministros ha dimitido por dicha cuestión). No parece casualidad que se haga recaer en las comercializadoras el peso del bono social, ya que son éstas las que deciden las tarifas y las únicas con las que los clientes finales tenemos un contacto directo. Poniendo el peso del bono social en las comercializadoras, el resto del sistema eléctrico mantendrá sus cuantiosos márgenes de beneficios intactos y éstas habrán de gestionar el cabreo colectivo, ante la previsible subida de tarifas.

Además, es precisamente en la comercialización, en la que la ciudadanía ha empezado a incursionar a través de las cooperativas de consumidores sin ánimo de lucro. En menos de 5 años, ha surgido más de una docena de cooperativas de comercialización de electricidad 100% renovable, cuyo objeto social no es extraer el máximo beneficio, sino tratar de que las familias gasten lo menos posible y colaboren en la construcción un modelo energético democrático y renovable.

Estas cooperativas suponen el cuestionamiento profundo de la manera de funcionar del sector eléctrico, del autoritarismo inherente a la actual política energética y, con su sola existencia, incorporan una mirada ética al mundo de la energía. Curiosamente, serán las más perjudicadas.

Ayer se reunió el Gobierno con los portavoces de Energía del Congreso para explicar las líneas de 'mejora' del bono social. En un par de semanas el Congreso tendrá que convalidar (o no) este perverso Real Decreto Ley que firma la carta de defunción de las pequeñas comercializadoras. Con las cifras en la mano, esperemos que PSOE y Ciudadanos no sigan adelante con el apoyo a este despropósito, (Unidos Podemos ya ha anunciado que no apoyará), y confiamos en que exijan que el bono social se pague de manera proporcionada.

Esperemos también que los medios de comunicación pongan más interés por el bono social del que mostraron el día de Navidad, y que las asociaciones de consumidores, las plataformas ciudadanas y las propias comercializadoras sumen esfuerzos para defender el bien común. Porque, si no, el oligopolio eléctrico (con la inestimable ayuda del PP, PSOE y Ciudadanos), logrará aniquilar las cooperativas renovables (y al resto de pequeñas comercializadoras), que son las principales alternativas de democratización del sector eléctrico que tenemos a día de hoy. Y lo que es todavía más perverso, lo hará sirviéndose de una de nuestras reivindicaciones más sentidas, la lucha contra la pobreza energética.