A falta de algo más de veinte días para una investidura que no tiene visos de prosperar, el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo y la credibilidad del Partido Popular como fuerza política con vocación de ser de "centro derecha, liberal y moderada" -tal y como la describió su actual portavoz Borja Sémper en la rueda de prensa en la que anunció que abandonaba la política, hace algo más de tres años- se ven cada vez más comprometidos por los pactos de gobierno con la ultraderecha en comunidades y ayuntamientos.

El último follón que, a cuenta de tales pactos, le ha saltado al PP en la cara, tiene que ver con la formación del gobierno de Aragón que preside el popular Jorge Azcón, quien ha cedido las competencias en justicia, despoblación, vertebración territorial y agricultura a Vox. A Azcón se le ha colado una directora general de Justicia de la formación ultra en cuyas redes sociales hay imágenes y exhortaciones franquistas. Una fotografía de Esmeralda Pastor sonriente, sentada a la mesa de su despacho en un plano medio en el que aparece ufana junto a una bandera preconstitucional, ha hecho saltar las alarmas de los partidos de la oposición, que han exigido la revocación de su nombramiento.

En una pirueta retórica cuya lógica se resumen en "aquí mando yo", Azcón ha declarado que no habrá tal revocación porque él no ha nombrado a Esmeralda Pastor por sus actos en el pasado, como tampoco ha sido determinante en la designación de Jorge María Valero Sinués al frente de la dirección general de caza y pesca su también públicamente declarada admiración por Millán Astray. Dice Azcón que esos nombramientos se basan en lo que él cree que ambos sujetos pueden hacer en el futuro; lo que equivale a decir que le importa una hoja de rábano lo que podamos pensar toda vez que se ha asegurado el gobierno.

De conformidad con la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022, fotografiarte en tu casa o tu despacho con la bandera franquista y subir esas imágenes a tus redes sociales puede considerarse un acto de libertad de expresión, como puede serlo también darle vivas a Franco o a Millán Astray. Prácticas como éstas adquieren, en el marco de la ley, otra dimensión distinta cuando se entiende que humillan o vejan a las víctimas. Con independencia de los expedientes sancionadores que el gobierno de España anuncia que iniciará de acuerdo con lo establecido en la mencionada ley, no se me ocurre nada más humillante ni vejatorio para las víctimas del franquismo que ver a sus apologetas confesos ocupando cargos públicos en las instituciones, ni mayor aberración democrática.

Por no decir nada de la falta de sensibilidad y rigor históricos de Jorge Azcón al explicar que así como estos dos franquistas han sido nombrados como direcciones generales por su gobierno, también lo ha sido un antiguo comunista. Le ha faltado afirmar que en su virtuoso e inclusivo gobierno, entre otras cosas, se materializa la reconciliación nacional. Mientras el Partido Comunista de España trabajó por el derrocamiento de la dictadura y se comprometió con la transición democrática y la Constitución, los apologetas del franquismo -que campan por sus respetos en la ultraderecha que representa Vox- mantienen una postura esencialmente incompatible con la democracia y el régimen constitucional.

Y helos aquí, ocupando cargos públicos en administraciones autonómicas en nombre de un partido que lleva en su programa la derogación del Estado de las autonomías o pidiendo la ilegalización de partidos para preservar, supuestamente, una democracia en la que, por su condición de confesos franquistas, claramente no creen. Los apologetas del franquismo son básicamente unos jetas y el Partido Popular les ha abierto las puertas de las instituciones democráticas y les está permitiendo disponer de recursos públicos para hacer políticas reaccionarias porque en realidad lo del centrismo y la moderación ha sido siempre más una apelación de marca que una seña ideológica de identidad. Y si no, que se lo digan a Esperanza Aguirre o a su actual sucesora al frente del gobierno de la CAM, quien en una entrevista televisiva concedida a Susanna Griso a principios de este verano calificó a quienes respaldaron la Ley de Memoria democrática, a su juicio nefasta para la convivencia porque "trata de reescribir la Transición" (sic), de "parásitos y odiadores". ¡Vivan España y la moderación!