La inflación suele definirse como la continua elevación del nivel de precios durante un cierto periodo de tiempo. Es ésta una definición muy simple, en base a sus efectos más visibles, de un proceso complejo en su concepto, que además presenta muchas incertidumbres en cuanto a sus causas, a la forma de medir su magnitud y también al tipo de actuaciones que pueden llevar a cabo los gobiernos para combatirlo.

Keynes entendía la "brecha inflacionaria" como la consecuencia de un exceso del gasto planificado para una economía con pleno empleo respecto a la capacidad real de producción del país (inflación generada por un exceso de demanda respecto a la capacidad productiva). Es ésta una definición más genérica, pero que permite diferenciar lo que sería una dinámica de elevación de precios mantenida en el tiempo (inflación) de un incremento de precios ocasional, consecuencia de algo coyuntural (fenómeno inflacionario).

Si queremos caracterizar con propiedad el actual proceso inflacionario a que nos enfrentamos, habremos de identificar los acontecimientos que lo han originado y tratar de situarlos en el tiempo lo más aproximadamente posible. La inflación que actualmente se aprecia en muchos países de nuestro entorno es la consecuencia de tres fenómenos inflacionarios en un periodo de tres años (2020, 2021 y 2022), que apenas guardan relación entre sí ni afectan por igual a todos los países:

- La pandemia CoVid. Supuso un confinamiento global, con los subsiguientes problemas de desabastecimiento y de recesión económica a nivel mundial. Se inició en enero de 2020 y en un grado más o menos atenuado ha durado tres años aproximadamente.

- El incremento sustancial del precio de la energía. El precio del crudo Brent se triplicó en un periodo de dos años, pasando de 40 US$/barril a mediados de 2020 a 120 US$/barril a mediados de 2022.

- La guerra en Ucrania. Desde febrero de 2022 hasta la actualidad ha supuesto un claro deterioro de las relaciones comerciales y de vecindad entre Rusia y gran parte de la UE.

Se argumenta actualmente que, gracias a la supuesta efectividad de las políticas de incrementar los tipos de interés adoptadas por el BCE, la inflación en nuestro país de acuerdo con el IPC ha disminuido desde más del 10 % inicial hasta el 2,6 % actual. Tal afirmación no tiene en cuenta que el IPC es sólo un índice de variación anual y que, una vez alcanzado un cierto umbral, lo normal es que no continúe aumentando al mismo ritmo, a menos que el fenómeno originario se repita año tras año, que claramente no ha sido el caso. Afortunadamente no ha habido nuevas pandemias, ni nuevas guerras que afecten a Europa, ni tampoco nuevos incrementos del precio de la energía que, con los ajustes de la producción llevados a cabo por los países productores de la OPEC+ parece haberse estabilizado en los 80-90 US$/barril.

Independientemente de que haya habido factores, como la guerra en Ucrania, que hayan podido contribuir a agravar aún más la situación, existe suficiente consenso en que los altos precios alcanzados por la energía constituyen la causa principal que ha desencadenado el proceso inflacionario a que nos enfrentamos actualmente. Ante esta inflación de origen exógeno, los gobiernos de la UE, importadores todos de energía salvo alguna excepción como Noruega, intentan reducir la demanda, para no reforzar la espiral inflacionaria, mediante una política monetaria más estricta, aumentando los tipos de interés que establece el BCE. Esta política, que normalmente utilizan los gobiernos cuando quieren enfriar la economía, lejos de afrontar el problema en su verdadero origen, que está en la oferta y no en la demanda, se está alargando más de lo previsto, ralentiza o reduce el crecimiento económico y la actividad manufacturera del país, además de provocar que algunos países como EEUU o Alemania hayan incluso entrado en recesión. Todo ello a medio-largo plazo afectará también negativamente a la creación de empleo.

Transcurrido un año desde su implantación en el que el interés de referencia se ha incrementado en cuatro puntos porcentuales, los precios se mantienen altos o incluso siguen subiendo para el ciudadano mientras los salarios están sujetos a unos incrementos tasados y escalonados en el tiempo hasta 2025 pactados por la patronal y los representantes sociales, que se quedan muy cortos en relación con el incremento continuo, que experimentan los precios. Esta restricción salarial se hace teóricamente para evitar una eventual "inflación de segunda ronda" que sería atribuible a un aumento excesivo de los salarios, falacia que rara vez ocurre, porque históricamente el incremento de las rentas del trabajo ha sido siempre inferior al de las rentas del capital.

Existe en cambio otra posible "inflación de segunda ronda", atribuible a los márgenes empresariales que apenas se menciona. Es un contrasentido que la denominada inflación subyacente en nuestro país, que excluye del cálculo las dos partidas cuyos precios se consideran que son los más volátiles y además principales responsables de este proceso inflacionario (energía y alimentos no elaborados), sea del 6,1%, mientras que el índice de inflación general es sólo del 2,6%. En buena lógica el índice de esa inflación subyacente no debería ser superior al general y sólo puede explicarse si se ha aprovechado la coyuntura para aumentar los márgenes empresariales, tal y como muestra en recientes informes el Banco de España.

Un caso paradigmático y que la ciudanía ha podido experimentar de forma directa, es el de la banca, probablemente uno de los sectores económicos más endeudado, por haber aprovechado las políticas monetarias no convencionales de tipos de interés muy bajos o negativos de los últimos años para reducir al mínimo su capital propio y financiarse mediante deuda que les resultaba más barato. El súbito aumento de tipos de interés decretado por los bancos centrales sin duda les habría puesto como a muchos ciudadanos con hipoteca en una situación embarazosa. Pero sin embargo han podido aprovechar esta subida de los tipos de interés para trasladársela casi íntegramente a los clientes en los créditos, mientras mantienen prácticamente congelada la remuneración de los depósitos. Así han conseguido aumentar sus márgenes de beneficio y llevar a cabo una necesaria recapitalización de las entidades a costa de los ciudadanos sin hacerlo, como hubiera sido justo, pasando a reservas parte del dividendo a repartir entre los accionistas, que al fin y al cabo van a ser los beneficiarios finales por la consiguiente revalorización de sus acciones.

La principal conclusión a que llega el economista francés Tomás Piketty, que además de ser lógica está confirmada por las series históricas que muestra en su libro, es que cuando los rendimientos del capital "r" superan a la tasa de crecimiento "g" de la economía, los patrimonios del pasado se recapitalizan más rápido que este crecimiento, se produce una hiperconcentración patrimonial y aumentan las desigualdades.[1]

Esta va a ser una de las principales consecuencias de las poco eficaces medidas que se están tomando para combatir la inflación actual. Pero como el índice de GINI que mide la desigualdad es demasiado abstracto y sólo detectable a largo plazo, de momento no parece importar a nadie.

[1] Thomas Piketty: "El Capital en el s.XXI" Ed. Fondo de Cultura Económica (2014), pags. 385 -393