Mientras que en Cataluña se va a regular el precio máximo de los alquileres, la política de vivienda en Madrid pasa por amnistiar los pisos turísticos ilegales. El Ayuntamiento tramita un plan especial para legalizar varios pisos turísticos de un edificio de la calle San Bernardo que hasta ahora solo tenían licencia para albergar oficinas y viviendas. Esos pisos turísticos llevan operando como tales desde hace varios años a pesar de no tener licencia y, lejos de ser sancionados por el Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento, el Consistorio se ha sacado de la manga un plan especial, ad hoc, una suerte de traje a medida para legalizar su actividad a pesar de no cumplir con la normativa. De paso, se consolida una senda que disminuye la oferta de vivienda disponible y detrae del mercado de vivienda de uso residencial unas cuantas viviendas más. ¡Cómo si nos sobraran! 

Algo así como "esta es la normativa y si no le gusta, tengo otra" o lo que es lo mismo, adaptar la legalidad a los intereses económicos inmobiliarios. Y resulta que esa máxima no es la primera vez que se aplica, ni mucho menos. Profundizando en ese tipo de prácticas encontramos otro caso análogo, el del Palacio Conde de Miranda. En este caso, el Ayuntamiento de Madrid está tramitando un plan especial para cambiar el uso de un edificio del siglo XVIII ubicado muy cerca de la Plaza Mayor y que tiene varios expedientes abiertos por explotar ilegalmente un negocio turístico sobre suelo residencial. Se trata de 26 viviendas turísticas que llevan años operando sin licencia y que, de nuevo, lejos de ser sancionadas y clausuradas, se cambia la normativa para queden dentro de la legalidad. 

Podríamos incluso hablar de un modus operandi del Consistorio ya que los ejemplos son numerosos: un hotel de lujo en la Gran Vía, cerca de Plaza España, un edificio que albergaba viviendas en alquiler, luego oficinas y en el que finalmente la empresa propietaria, Bicon Capital, ha logrado legalizarlo para conseguir 112 habitaciones de lujo.  

Este tipo de operaciones de aparente legalidad forman parte de una hoja de ruta al servicio de los procesos de turistificación y mercantilización de las ciudades que dificultan la convivencia y, en muchos casos, directamente expulsan a los vecinos y comercios de sus barrios.  Organizaciones y colectivos vecinales han denunciado ante la opinión pública este patrón común: se trata de favores de la Administración hacia grandes propietarios, sociedades y fondos de inversión. Algo muy distinto sucede, qué casualidad, cuando se trata de resolver situaciones como el suministro eléctrico de viviendas en la Cañada Real, ahí entonces aparece todo el peso de la legalidad urbanística de manera que es imposible legalizarlo y devolver la luz a las familias.  

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En definitiva, un urbanismo extractivo que pasa siempre por ser débil con los fuertes y fuerte con los débiles. Un modus operandi trazado siempre al límite, en zonas de sombra premeditadas, que pone la legalidad al servicio de la especulación y que se viene denunciando por parte de la sociedad civil y algunos medios de comunicación. Debemos plantearnos nuevas fórmulas de acción social, sumando investigación ciudadana, batalla judicial y presión popular. Detener la epidemia de los pisos turísticos ilegales es apostar por el bien común.