Entre el 15 M de 2011 y el 2 de junio de 2018, con la toma de posesión del Gobierno de Pedro Sánchez, transcurren siete años de un cuestionamiento por un lado y de una enorme resistencia  a la transformación por otro del régimen político salido de la Transición española y sacralizado en la Constitución del 78. 

En todos estos años las reformas de piezas básicas del sistema han estado permanentemente planteadas: cuestión territorial, poder judicial, sistema electoral, funcionamiento del Congreso, funcionamiento de los partidos ... Unos con mayor intensidad y crisis, como pudo ser el procés catalán, que explotó en 2017, y otros de forma más tenue, como el sistema electoral o el funcionamiento de los partidos. Y como telón de fondo, las consecuencias de la crisis financieras de 2008, la corrupción que hace caer el gobierno del PP, la pandemia de 2020, la inestabilidad internacional con las Guerras de Ucrania y Palestina y la aparición de corrientes masivas antidemocráticas e iliberales identificadas de forma genérica con el trumpismo. 

Y en todo este recorrido de cambios, la pieza clave del sistema político español, la monarquía, ha pasado por un profundo deterioro y un posterior intento de recuperación y de solidificación de su papel en el entramado de poder. 

La coronación de Felipe de Borbón como Felipe VI viene precedida de la mayor crisis institucional de la Corona encarnada por la decadencia del que había sido considerado "salvador de la democracia", Juan Carlos I. Los casos acumulados desde las cacerías en Botswana, los affaires con Corinna Larsen y la certificación posterior del enriquecimiento privado aprovechando su posición a la cabeza del Estado español, unido a las prácticas de fraude fiscal constatadas en múltiples procesos, condujeron a la monarquía a un valle de popularidad y de desprestigio que hacía peligrar seriamente el papel mismo de la Corona como clave de bóveda del sistema. Si a ello le unimos el cuestionamiento de las estructuras políticas y de poder que se realiza desde el 15 M (es bueno recordar una y otra vez que de las 21 reivindicaciones que se hicieron desde la indignación, ¡17 se correspondía con exigencias de cambios institucionales y políticos!) es evidente que a la altura de 2015 el cuestionamiento del sistema político había permeado en la sociedad y en las instituciones. El 31 de enero de 2015, una imponente manifestación denominada "El año del cambio", convocada por Podemos (en una demostración de audacia desconocida, pero abrazando a un amplísimo espectro social y político) recorrió las calles de Madrid. Y esa impugnación política se daba con el sustrato de una crisis económica y unas políticas austericidas de la mano del PP que habían llevado a los seis millones de parados y a una inflación del 25 %.  

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La España oficial, con el Rey en decadencia popular, se da cuenta que no es solución dejar pasar el tiempo, como señaló magníficamente Enric Juliana: "Un escalofrío recorría el espinazo del establishment". Pero a diferencia de los protagonistas innovadores de aquellos momentos  -Podemos, los ayuntamientos del cambio, la revolución Sánchez en el PSOE, el agotamiento del nacionalismo moderado como núcleo de poder heredado del pacto de la transición- la Corona y quienes la sustentan se adelantaron en hacer los deberes, como señalé en una conferencia que di en Portugal en abril de 2015 ante el interés que había en el proceso español: "los que quieren que nada cambie desde el punto de vista institucional han hecho los deberes mucho antes de los que querían el cambio".

El deterioro de la Corona con Juan Carlos I era evidente y acelerado. En aquel 2 de junio de 2014, el recuerdo de la II Republica en la Puerta del Sol se transformó en algo mucho más profundo tanto cuantitativa como cualitativamente, dejando de tener ese tinte nostálgico que solían tener las manifestaciones de años anteriores. Sin embargo, nadie, ni siquiera Podemos, apuntó hacia el papel de la Corona mas allá de las críticas sobre los comportamientos poco recomendables de la Casa Real. En una situación de deterioro institucional y de contestación popular que, no obstante, no configuraba una propuesta alternativa, el PP estaba lastrado por la corrupción y el PSOE, a pesar de encontrarse en horas bajas, se convirtió en el baluarte del cambio preventivo. Rubalcaba derrotaba por la mínima a Chacón en las primarias e iba al matadero electoral, pero era el muñidor fundamental de la sucesión, con una dimisión que no hizo efectiva, para atornillar previamente al grupo parlamentario ante el entonces príncipe Felipe, como padre del sistema, que logró que Juan Carlos I entendiese que tenía que desaparecer en silencio, pese a que luego sus tropelías  hicieron que fuese difícil de ocultar más. Según el magnífico trabajo de Ana Romero en Final de Partida, fue una troika muy significativa, casi representativa de todos los poderes, los que "convencen" a Juan Carlos I de su necesaria salida: por un lado, Felipe González, representante político del acuerdo del 78, y su sucesor en tareas de estabilidad del Estado, Alfredo Pérez Rubalcaba; por otro, Félix Sanz Roldán, general y director del CNI durante diez años y Rafael Spottorno, Jefe de la Casa Real y cuyo apellido es fácilmente identificable con PRISA. 

Con mucha discreción y poco ruido (prácticamente el Parlamento fue espectador de piedra) se produce la abdicación y la entronización discreta de Felipe VI, la anterior abdicación había sido 300 años antes de su antecesor en el nombre real, Felipe V. 

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Diez años de reinado de Felipe de Borbón y de Leticia Ortiz, que no tiene un peso menor en la "civilización" de la institución. El centro de la actuación en estos diez años ha sido la consolidación de la institución, ratificar su papel como centro del sistema y cuidar con extremo cuidado esta función. ¡Fuera veleidades "campechanas"! Situarse muy por encima del sistema y por supuesto de los súbditos y evitar que una política difícil, plural y convulsa le salpicase. Para ello lo primero que hizo fue limpiar la retaguardia: reducir la Casa Real a los mínimos sacando a las hermanas y cuñados y aislando al emérito. Felipe sólo afirma a la monarquía hacia adelante, de ahí la importancia de la princesa Leonor dedicándole una dimensión que él mismo como sucesor no tuvo.  

Este papel de institución estable y duradera, sin mezclarse con la cotidianidad del país, se abandona cuando se ha considerado necesario, y  ha intervenido con claros sesgos bonapartistas. En uno de los momentos de mayor crisis con la declaración unilateral de independencia en Cataluña y la aplicación del artículo 155 suspendiendo las competencias de la Generalitat, Felipe VI olvidó cualquier papel de mediador en el conflicto institucional para actuar como "eje" del Estado y señalando el camino de la "judicialización" de la política con la aplicación de la ley; como se ha señalado, "con una frialdad atronadora" y sin mostrar ningún gesto de empatía con la mitad de la población catalana, una parte de la cual había sido apaleada por la fuerzas del orden, ni siguiera el gesto tantas veces utilizado antes y posteriormente de dedicar algunas palabras en catalán. Es llamativo que en las primeras frases de su alocución, señala quiénes son los receptores de su mensaje: " En estas circunstancias quiero dirigirme directamente a todos los españoles".  Ni una referencia directa al pueblo catalán, que es el protagonista del conflicto, para acabar con una referencia española clásica "mi compromiso como Rey con la unidad y la permanencia de España", adelantándose a una posible extensión del conflicto catalán a nivel de la UE, donde se empezaba a hablar hasta de mediación. La intervención del 3 de octubre corta por lo sano cualquier veleidad de atemperamiento del conflicto y hace un llamamiento explícito a la judicatura a actuar con rigor ante la vulneración de la Constitución. Saca a la política del escenario para situarse en el "peso de la ley". Cancha libre para el superjuez Llarena que, imbuido de tal respaldo, se convierte en el principal guionista de la política en España y le importan poco los cambios en la situación para aquietar su afán persecutorio. Este hecho es sin duda el hecho político más relevante de sus diez años de reinado y que sitúa a la Corona como un poder especial capaz de actuar ante conflictos políticos graves. 

Jaime Miquel  publicó en 2015 un profundo y detallado trabajo bajo el título La Perestroika de Felipe VI. El mismo definía esta perestroika como "la construcción de una identidad nacional nueva adecuada a nuestros tiempos y necesariamente alejada de las esencias imperiales". Sin embargo, a día de hoy en 2024, nos encontramos que esa identidad nacional está partida en dos, porque frente a las demandas de identidad de las nacionalidades ha surgido como contrapunto virulento la idea de España, como elemento unificador de la pluralidad. En 2015, como bien señalaba Jaime Miquel, estaba abierto todo, se iba hacia un nuevo escenario, hacia una nueva identidad plural. Eso se reflejaba en la ruptura del bipartidismo y en el ascenso a las instituciones de nuevas y diversas formaciones políticas. Hoy el cerrojazo dado en Cataluña y encabezado por Felipe VI, junto a muchos otros factores, pero donde casi todos apuntaban al reequilibrio y al fortalecimiento de lo publico y el Estado del Bienestar, ha abierto una situación muy diferente, tanto la derecha como la ultraderecha, que ha hecho del "¡Viva el Rey!" un elemento básico de su identidad junto a la rojigualda sostenida por un palo contundente para abrir entendimientos. La perestroika de Felipe VI se ha limitado a ordenar la retaguardia, a ser principio y fin de la institución monárquica y a surfear la polarización existente sin mancharse en exceso, como muestra el paso de puntillas sobre la amnistía: ni cediendo a las exigencias de la ultraderecha no firmando la Ley, pero tampoco apostando por cualquier instrumento de concordia, lo que desactivaría el ruido que todos los días agita la derecha. 

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 Diez años después de la coronación tenemos que señalar que Felipe VI ha mostrado que su función la tiene bien aprendida: Eje del estado y salvaguarda del establishment.