Javier Franzé

Profesor de Teoría Política, Universidad Complutense de Madrid

En su comparecencia por el caso Gürtel, Rajoy cerró hábilmente el círculo de la disolución de su responsabilidad política en la responsabilidad jurídica. Lo más curioso, y quizá lo único que aportó su declaración, fue que lo hizo de modo contradictorio: reclamando su responsabilidad política... en sede judicial.

Desde que salieran a la luz pública la presunta financiación ilegal del partido popular y los sobresueldos que ese partido pagaba a sus más altos dirigentes, Rajoy basó su estrategia argumental en diluir su responsabilidad política en la jurídica. Sobre lo primero, vino a decir que confiar en la persona equivocada (por Bárcenas) no constituía delito ("nadie acierta siempre en la vida", frase que repitió en su comparecencia como testigo, o "prefiero confiar en las personas"). Respecto de lo segundo, sostuvo que percibir sobresueldos no era ilegal pues se declaraban a Hacienda. Como si la capacidad de selección de las personas de confianza no fuera parte de la responsabilidad política y como si cobrar sobresueldos no pusiera como mínimo en duda la imparcialidad de un dirigente encargado de tomar decisiones sobre lo común.

En su comparecencia ante el juez, Rajoy aparentemente invirtió los términos de su interpretación. Allí enfatizó que su responsabilidad era estrictamente "política", no ―en este caso― técnico-económica, pues de eso se encargaban los tesoreros de partido. Afirmó que no podía saber quién había organizado los actos en cada ciudad, pues él se encargaba de la estrategia político-electoral.

Este énfasis de Rajoy en la responsabilidad política es, como se dijo, sólo aparente. La estrategia argumental de fondo es la misma: cambiar el terreno de la discusión cada vez que se le pregunta por el tema: llevarlo a lo jurídico en sede política, llevarlo a lo político en sede jurídica. Pero este juego de trileros no es azaroso ni indiferente, pues su objetivo es no permitir nunca que la discusión se de en el terreno clave, el de la responsabilidad política. En efecto, lo dicho en sede jurídica no puede tener consecuencias políticas salvo que la cultura política en la que se inscribe ese discurso entienda que un dirigente debe responder por su responsabilidad política, no sólo jurídica, y que ésta no lo releva de aquélla. Una falta jurídica siempre constituye una falta política, pero ésta no siempre constituye una falta jurídica. Dicho de otro modo: la corrupción no siempre supone un delito, aunque todo delito sea corrupción.

La reducción de la corrupción al robo de dinero público, la protección de los políticos tras la presunción de inocencia y la asimilación de la responsabilidad política a los actos realizados directamente por los dirigentes (y no por sus personas de confianza, dirigidos o elegidos por ellos) forman parte de este enredo conceptual que impide distinguir la responsabilidad política de la jurídica. Enredo alimentado, según el momento y el caso, por muchos protagonistas de la vida pública.

No sirve de mucho centrar el problema en Rajoy, en si iguala o incluso supera a Houdini, en su humor gallego o en su tono burlón. Hay que preguntarse por qué todo ello le da rédito político. Nadie sobrevive en una isla a no ser que ésta le brinde posibilidades de supervivencia.