Como es conocido y ha sido ampliamente comentado, el 20 de enero de 2022, en un acto en el cual estaba invitada la ministra de Igualdad, Irene Montero, el decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso afirmó: "No estoy de acuerdo contigo en que tengamos que tener una justicia feminista. Como no estoy de acuerdo en que tengamos que tener una justicia machista. Tenemos que tener una justicia independiente".

Si bien podría detenerme para analizar desde una perspectiva feminista diversos aspectos de esta afirmación, como la visión errónea que equipara al feminismo (movimiento que lucha por la igualdad, la vida libre de violencias machistas y discriminación, así como por la transformación social) con el machismo (sistema de dominación, opresión y poder basado en la creencia de la superioridad de los hombres y que sostiene la masculinidad hegemónica) o la idea de que una justicia que respeta lo derechos de las mujeres, no es independiente, me gustaría detenerme en la idea de que no debemos tener una justicia feminista.

¿Qué implicaciones tiene afirmar que no debemos tener una justicia feminista? ¿Qué tan significativo es que lo diga el decano de un colegio de abogados y abogadas? Esta afirmación muestra un preocupante desconocimiento de nuestro marco legal, del marco internacional y regional de derechos humanos (recordemos que los tratados internacionales forman parte del ordenamiento jurídico interno) y del derecho de las mujeres a la igualdad y no discriminación estipulado en la Constitución Española (artículo 14).

Las luchas de los feminismos en distintos lugares del mundo y en distintas épocas han impactado en los marcos legales estatales e internacionales, en donde se ha reconocido nuestro derecho a la igualdad y se continúa luchando por una igualdad sustantiva. No olvidemos, además, que la violencia machista en sus distintas formas o manifestaciones es una forma de discriminación y una vulneración de los derechos humanos.

Los feminismos han puesto en evidencia las desigualdades estructurales, los impactos desproporcionados en las mujeres, las relaciones históricas de poder, el uso de prejuicios y estereotipos de género que responsabilizan o culpan a las mujeres por las violencias machistas ejercidas en su contra, la violencia ejercida por el propio Estado y sus instituciones y los sesgos existentes en la justicia (los cuales también son racistas, capacitistas, heterosexistas, clasistas, entre otros, resultado de los distintos sistemas de opresión y también de su intersección). Han puesto de manifiesto que el machismo no es puntual o aislado, sino un sistema de opresión que lo atraviesa absolutamente todo.

Hablar de una justicia que no es feminista es hablar de una justicia patriarcal. Es hablar de una justicia que pregunta a las mujeres si cerraron bien las piernas para evitar una violación, que no encuentra violencia e intimidación en violaciones múltiples, que niega que la violencia tenga género, que reproduce el mito de las denuncias falsas o que sostiene falsos síndromes en perjuicio no solamente de las mujeres, sino también de niñas y niños.

Una justicia que no es feminista es contraria a la igualdad y a los derechos humanos, y por lo tanto, contraria a la Constitución. Que la justicia feminista, la justicia con perspectiva de género, es un mandato constitucional, debería ser del conocimiento del decano de un colegio de abogados y abogadas, si cabe, más aún en un contexto en el cual una de cada dos mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista en España y seguimos luchando por una vida libre de violencias machistas y discriminación de todas.