En abstracto, es tan fácil sumarse al deseo por la paz mundial como a la idea de que es parte de la justicia social que una sociedad considere a las personas jóvenes. Pero es difícil que esto no se configure sólo y exclusivamente como una declaración de buenas intenciones si no lo bajamos a tierra y llevamos a cabo actuaciones políticas concretas para facilitar las mismas oportunidades a las personas más jóvenes, y si no les permitimos que se desarrollen con autonomía e independencia en los entornos propios de su contexto sociocultural.

En esas circunstancias estamos en Madrid, donde emanciparse es una tarea imposible para cualquier menor de treinta años. Y es así principalmente por el coste de la vivienda, sea de alquiler o sea en propiedad, que se concibe con asombrosa normalidad como si fuera un bien de inversión (y de lujo) y no como un artículo de primera necesidad.

Los bajos salarios y la inseguridad en los puestos de trabajo no favorecen el acceso en condiciones de igualdad a viviendas, cuyos precios sólo responden a los caprichos o arbitrariedades del mercado y no a las necesidades y derechos de las personas a tener techo. Sí, el mercado, tan bueno para fijar precios pero tan malo para cuidar de personas y derechos, dos sustantivos con los que "especular" no conjuga nada bien.

En los últimos ocho años hemos tenido un escandaloso incremento de un cincuenta por ciento solo en la renta del alquiler.  Esto responde, en gran medida, a la reducción de la oferta de pisos y casas para vivienda, porque una parte importante de estos espacios se ha volcado al alquiler turístico, mucho más rentable. Este es un fenómeno creciente en ciudades que se conciben cada vez menos como espacios para desarrollar un proyecto vital y más como industrias (inmobiliaria, turística, financiera...).

El mensaje es desolador para nuestra juventud, más aún en una ciudad como Madrid, donde la población joven es ignorada, maltratada, menospreciada por las administraciones. Poco reciben para desarrollar proyectos de vida y emanciparse las y los jóvenes en la capital de España, si acaso gestos marketinianos y anuncios rimbombantes. El único derecho que se les concede es divertirse y todavía tenemos la poca vergüenza de echárselo en cara.

Digo yo que alguna culpa tendremos los responsables públicos en esta desesperanza de la juventud madrileña, en esa necesidad de aturdimiento. El problema es grave y nos han elegido y nos pagan para enfrentar los problemas.

Aquí van mis aportaciones:

La primera, actuemos para acabar con la hiperproliferación ilegal del uso de los apartamentos en la ciudad para uso turístico, que —amén de las molestias a las vecinas y vecinos, que ven convertidas sus comunidades en hoteles de paso—, fomenta el incremento de los precios y pone a competir a la juventud madrileña que busca de vivienda con los turistas.

La segunda, hagamos política de vivienda, por favor. Pero política de vivienda de verdad, no política inmobiliaria. Parecerá lo mismo, pero no lo es. Según datos de la OCDE, la oferta de alquiler social en nuestro país representa nada más que el 1,1% de vivienda, una cifra que está entre 20 y 30 veces por debajo de la de países de nuestro entorno.

Hacer política de vivienda es posible. Lo digo desde mi experiencia como delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, y también como presidenta de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) en el gobierno de Manuela Carmena. Fuimos pioneros en implementar programas de alquiler de vivienda para particulares con bajadas en los precios que llegaban al 20%. Lo logramos con un servicio de intermediación para facilitar que las viviendas de titularidad privada se alquilasen a un mejor precio mediante un sistema gratuito de pólizas de seguros de impagos, posibles desperfectos y asesoría jurídica y fiscal para fomentar la participación de la propiedad de las viviendas en el programa.

Por la tercera aportación me llamarán comunista, pero les adelanto que lo único que me molesta es que lo hagan como insulto, no como posicionamiento ideológico. Hay que establecer medidas como el control de precios de alquileres y todas las que desincentiven la acumulación compulsiva de ladrillo. Se sabe que estas medidas funcionan y que se pueden y deben implementar. Los casos de éxito en el mundo son muchos.

Necesitamos menos distritos financieros y que la accesibilidad a la vivienda se formule menos con el lenguaje del activo financiero y más con el de los derechos fundamentales. En la emancipación de los jóvenes nos va una sociedad más rica, justa, equitativa y solidaria. Madrid no puede seguir siendo la capital del sálvese quien pueda. Cuánto daño nos han hecho estos tiempos de libertad mal entendida...

Termino con otra aportación: aprovechemos la llegada de los fondos Next Generation EU destinados a la rehabilitación de barrios para hacer una buena planificación y fomentar el alquiler residencial de las y los jóvenes, incluso en los sistemas de cohousing (covivienda) para mayores y jóvenes, que tanto éxito están teniendo en el mundo.

Es cuestión de voluntad, de mirar a la juventud con empatía y dejar a un lado la hipocresía y tibieza que domina el espacio público, como si estuviéramos ante un problema sobrevenido que se entiende y acepta. No, la desigualdad generacional no es aceptable ni la solución puede ser solo el apoyo familiar. Porque sin autonomía no hay proyecto de vida digno.

Hablamos de vivienda. De tener un techo y también un espacio propio, privado y personal. Nada puede ser más ajeno en una sociedad justa que diferenciar este derecho del de acumular riqueza. Nos corresponde garantizar algo tan razonable como que la gente joven pueda vivir en la ciudad que han elegido a un precio razonable.