Joshua Logan nos contó en La leyenda de la ciudad sin nombre cómo la codicia de la fiebre del oro hizo que se hundiera la ciudad que habían levantado. Es difícil quitarse esta imagen de la cabeza cuando visito San Fernando de Henares y veo decenas de casas hundidas y cientos de afectadas por grietas y desperfectos incompatibles con la vida diaria.

1. Aguirre culpable.

En 2007 la codicia del PP fue electoral. El oro eran los votos que esperaban obtener con la construcción de la línea 7B de Metro. Esperanza Aguirre forzó la realización precipitada de la obra para llegar a tiempo a una gran paella electoral, sin realizar los informes geológicos del subsuelo.

La chapuza fue de tal calibre que ya desde el principio empezaron a aparecer grietas en algunos bloques. Posteriormente se extenderían a lo largo de buena parte del recorrido del metro. El problema mayor se produjo en el entorno del pozo de bombeo, que convirtió las calles Presa y Rafael Alberti en el epicentro de los hundimientos. Desde esta "zona cero" se han ido las afectaciones de viviendas en todas las direcciones a una velocidad que asusta.

Estos son los datos: 27 viviendas derribadas, 87 viviendas desalojadas, 120 vecinos realojados, 411 viviendas afectadas, varias calles cerradas, más de 50 millones gastados en obras y realojos. Datos escalofriantes. Más aún, porque día a día siguen creciendo el número de viviendas afectadas y la desesperación de los vecinos.

2. Ayuso responsable.

Ante este drama, el Gobierno de la Comunidad de Madrid mantiene una política de intervenciones insuficientes que se convierten en parches. Nueve intervenciones en quince años en el metro para consolidar la infraestructura, intentar apuntalar viviendas que en una serie de casos han acabado derribadas, realojar temporalmente a los vecinos en un apartahotel, dar una insuficiente ayuda para alquileres de 795 euros a los desalojados, abrir negociaciones sobre las indemnizaciones.

Ante la dimensión del drama que están viviendo, los vecinos se han organizado y se han movilizado con el apoyo del ayuntamiento y de los grupos progresistas de la Asamblea de Madrid. Destaca la manifestación de 7.500 personas en San Fernando de Henares el 20 de septiembre. Y la Proposición No de Ley aprobada en la Asamblea de Madrid en diciembre de 2021 exigiendo un Plan Integral. Sin embargo, el Gobierno de Ayuso no la ha cumplido en los términos de búsqueda de soluciones definitivas y no se reflejó en los presupuestos de 2022 y tampoco se hace en los de 2023 donde solo se consignan 16,5 millones para todo.

Como era un escándalo que mientras las casas se derrumbaban Ayuso no fuera a San Fernando de Henares (NOTA 1), aterrizó allí el 13 de octubre. Una operación de propaganda para sacarse una foto, demostrando que no tenía ni idea de la magnitud del problema y sin empatía hacia los afectados. La escena más bochornosa la protagonizaron un grupo de simpatizantes que gritaban a los cientos de víctimas que se habían concentrado para pedir soluciones: "¡Ayuso es cojonuda, como Ayuso no hay ninguna!"

Inauguró una oficina de información con solo dos personas que a los pocos vecinos que se acerca y les dicen que ya les llamarán por teléfono; y que atienden únicamente a los que están con expediente de responsabilidad patrimonial (unas decenas frente a varios cientos de afectados). Ninguna solución nueva y se fue. Pareció una reedición de Bienvenido Mister Marshall y esto no se lo merecen las víctimas ni el pueblo de San Fernando de Henares.

3. Soluciones definitivas.

El caso de la línea 7B de Metro obliga a buscar soluciones decisivas a través de un Plan Integral. Soluciones pactadas con los vecinos y con la colaboración de todas las administraciones (autonómica, local y estatal) que repare el tremendo daño ocasionado a las víctimas. Un buen gesto sería que representantes del Gobierno de la nación visiten pronto San Fernando de Henares.

Hay diferentes planos espaciales y temporales. Por un lado, en el mientras tanto, es urgente la implementación de medidas que ofrezcan soluciones habitacionales dignas y gratuitas a todas las familias desalojadas. También lo es que se recuperen las infraestructuras públicas y las dotaciones culturales y sociales del complejo de El Pilar.

Por otro, restaurar el daño y dar certezas a las víctimas. El tema clave es asegurar que toda familia que ha perdido su casa recupere una vivienda digna y equivalente. Esto no se resuelve pagando indemnizaciones que infravaloren el precio real de las viviendas perdidas, sino indemnizando con justicia y generosidad y, sobre todo, ofertando viviendas públicas a las víctimas en el propio municipio.

Hay posibilidades de construir modificando el uso de suelos dotacionales a residenciales, cambiando suelo del municipio con el ayuntamiento de Madrid, recurriendo a las 220 viviendas de la Plaza de España en concurso de acreedores, o a viviendas de la Sareb. Una vivienda por otra vivienda, unas llaves que ya no abren ninguna puerta por las de otro nuevo hogar. Estos vecinos son una comunidad y quieren seguir viviendo juntos y no irse de la localidad.

Las soluciones que se dieron en el barrio de El Carmel de Barcelona son un ejemplo. Una noche de enero de 2005 doce familias fueron desalojadas de sus casas con lo puesto por riesgo de desprendimiento en las obras del túnel de ampliación de la línea 5 del metro. Dos días después, la tierra se tragó un garaje contiguo y comenzó la pesadilla que obligó a desalojar a 1.289 personas de 530 viviendas.

La presión y organización vecinal obtuvo sus frutos. Se alcanzó un acuerdo que suponía 100 millones de euros en indemnizaciones; viviendas nuevas en zonas de Barcelona a elegir en las mismas condiciones que las que tenían; indemnización por los bienes perdidos; ayuda económica para las personas de las viviendas afectadas y no desalojadas mientras las reparaban; 42 millones por daños morales; indemnización por el lucro cesantea a los titulares de negocios; etc. En dos meses se alcanzó el acuerdo con la Generalitat. Aquí llevamos quince años con el problema. Compararlo con la actitud de la Comunidad de Madrid nos hace sentir vergüenza de nuestro Gobierno autonómico.

Las familias de San Fernando de Henares con sus casas y sus vidas rotas, tienen una angustia que les impide vislumbrar un horizonte de futuro. No ha sido un volcán, sino algo más dañino, el resultado de la codicia política. Urgen soluciones políticas ya. Solo la solidaridad puede hacer que no se hunda un pueblo.

NOTAS:

https://blogs.publico.es/otrasmiradas/56030/las-casas-se-derrumban-y-ayuso-no-esta-alli/