Quizás no hemos entendido bien cuando el Gobierno, las grandes empresas y los medios de comunicación (valga la redundancia), nos han vendido la idea de la Marca España. Quizás lo que querían decir es que España es una marca, propiedad y al servicio de unos pocos. Podríamos reflexionar sobre esto en el 35 aniversario de la Constitución, repasando algunos de los acontecimientos de los últimos días.

Recientemente se ha hecho pública la carta que Trichet, director del BCE, envió en 2011 al Presidente Zapatero exigiéndole una serie de drásticas medidas de política económica y laboral, que complementarán las que ya estaba llevando a cabo. La misiva también fue firmada por Fernández Ordoñez, director del Banco de España, dando el visto bueno en nombre de los propietarios de la Marca España.

La publicación de la carta ha tenido la virtud de mostrar claramente lo que ya sospechábamos: que las decisiones fundamentales sobre política económica no las toma el Gobierno sino que vienen impuestas por otras instancias, que el BCE es un gobierno económico en la sombra, que Zapatero había mentido en el Congreso, etc.

Posiblemente lo más inquietante es que, dos años y medio después, vemos realizada toda la hoja de ruta marcada por Trichet. El PSOE primero y el PP después han realizado punto por punto todo el plan de ajuste. Como en un sueño se nos aparecen las imágenes y los grandes debates de la campaña electoral de 2011. ¿Era un paripé? Ninguno de los dos partidos mencionó la carta, pero ninguno de ellos se hubiese salido de esta hoja de ruta. Se presentaban con un programa oculto común. Ahora lo sabemos y la verdad es que tampoco nos sorprende. Los propietarios de la Marca España saben lo que conviene, saben cómo gestionar su propiedad: ellos deciden, nosotros no.

Hace unos días también se negociaba la compensación que Repsol iba a recibir por la expropiación por parte de Argentina de las acciones, el 51%, que controlaba de YPF. El Gobierno envió una delegación, que incluía a directivos de Repsol, para defender una posición que previamente había sido marcada por la dirección de Repsol. Tampoco nos sorprende.¿Supondrá este acuerdo algún tipo de beneficio para la inmensa mayoría de los españoles que no son accionistas de Repsol? ¿Supondrá al menos un beneficio para los trabajadores de esta empresa, que han visto recortadas sus condiciones laborales desde que la empresa fue privatizada? ¿Supondrá quizás una mejora en el servicio que presta Repsol a sus usuarios? Seguramente no. Pero es que ni siquiera se ha hablado de eso. No ha estado en el debate, no ha estado en ninguna mesa de negociación, no es competencia de la Marca España.

Nos alegramos de saber que el acuerdo no fue firme hasta que fue aprobado por el Consejo de Administración de Repsol. Los consejeros han dispuesto de toda la información y han aprobado el acuerdo por unanimidad. La democracia funciona dentro de la Marca España, y el ejercicio de transparencia para con sus legítimos dueños ha sido envidiable. No ha sido necesario que el Ministro Soria informe en las Cortes. Eso quizás hubiese sido un ejercicio de intromisión de la política en la gestión de la Marca España. Es tan ridículo y tan ineficiente que a casi nadie se le ha ocurrido tal idea.

La delegación española estaba dirigida por Nemesio Fernández-Cuesta Luca de Tena, profesional de apellidos ilustres, que en sí mismo es un ejemplo de lo que se ha llamado "puerta giratoria", el paso de determinadas personas de la esfera pública a la esfera privada. En los listados que figuran por ahí con ejemplos de políticos colocados en grandes empresas, se le señala como del PP. No se le hace justicia a Nemesio. Es verdad que antes de ser directivo de Repsol ya fue alto cargo en el gobierno de José María Aznar, pero es que antes ya había sido directivo de Repsol, y antes incluso fue alto cargo con Felipe González.

Pero no personalicemos porque Nemesios hay muchos. Pocos quizás tengan el honor de participar en la creación y privatización de las mismas empresas que luego han dirigido, muchos han regulado los mismos mercados en los que posteriormente se han movido como pez en el agua. Pero, ¿son políticos o empresarios? Es más, ¿existe diferencia? Hablar de puertas giratorias induce a error, porque puede parecer que existen dos espacios diferenciados, que la esfera del poder político es ajena a la esfera de poder económico. Quizás sea dependiente, subsidiaria, pero no diferente.

Por supuesto que hay otros políticos que no representan los intereses de las grandes empresas. Uno de estos otros políticos, jornalero y sindicalista (con perdón), Antonio Romero, decía que si pudiésemos ver a través de un cristal una reunión del Consejo de Ministros leeríamos en la espalda de los distintos ministros el nombre de la empresa que les patrocina. Las empresas que son dueñas de la Marca España.

Los liberales cuando hablan dan la falsa sensación de que no les gusta el Estado. Nunca han tenido problemas para explicarse, pero siempre han tenido dificultades para hacerse entender. No les gusta un Estado que redistribuya, que garantice los derechos sociales y laborales... en definitiva no entienden un Estado que esté al servicio de la mayoría. No es rentable, no funciona. Una empresa o institución que dé cosas a las personas que no las pueden pagar es un absurdo. Pero si el Estado se encarga de asegurar las inversiones, la rentabilidad, de impedir que fuerzas externas o internas pongan en riesgo el orden económico, de proporcionar los medios y las infraestructuras, incluso de formar la fuerza de trabajo necesaria y de hacerse cargo de ella cuando está inservible, y que por supuesto asuma el riesgo de las grandes inversiones, entonces sí. Eso lo hace muy bien; realmente para eso lo crearon.

La Constitución del 1978 dice que "la soberanía descansa en el pueblo español". El redactado puede inducir al error de entender que es el pueblo el que tiene el poder. La evidencia demuestra lo contrario. Para los que queremos desarrollar un proyecto común de país, desde y para la mayoría social, seguramente ya no baste con socializar una empresa, como hicieron los argentinos. Posiblemente lo primero que haya que nacionalizar sea la propia Marca España.

Jaime Aja Valle