Por Rosa García, activista de La Comuna

Se han cumplido dos años de la aprobación de la Ley 20/22, de 19 de octubre, de Memoria Democrática que se presentó como un gran avance. Aunque, si tenemos en cuenta que ya habían pasado 47 años de la muerte del dictador Franco, poco adelanto se podría considerar, pero los avances en este país son relativos, como las libertades.

Durante la tramitación de esta ley muchas fueron las voces que advirtieron de las deficiencias que presentaba, particularmente en el tema de justicia, por considerar que no eliminaba los obstáculos que impedían la investigación judicial de los crímenes del franquismo y el esclarecimiento de las graves violaciones de derechos humanos ocurridos en la guerra, la dictadura y la transición. Efectivamente, por desgracia, teníamos razón: el auto 57/2004 del Tribunal Constitucional del pasado mes de mayo negando el recurso de amparo a Francisco Ventura, refuerza los argumentos jurídicos que mantienen la impunidad del franquismo y, además, deja claro sobre la Ley de Memoria Democrática que "su articulado no habilita para que las normas del Derecho internacional penal se conviertan en fuente directa o indirecta del Derecho penal para investigar y juzgar hechos que no estaban tipificados en la ley penal nacional entonces vigente, aplicándoles ahora las características de imprescriptibilidad y de no ser susceptibles de amnistía". Las víctimas del franquismo seguimos sin acceso a una tutela judicial efectiva.

Hay otros temas que tampoco se han resuelto, como la incorporación de las víctimas de bebés robados al proyectado Banco de ADN, o las medidas en materia educativa y de formación del profesorado, con la actualización de los contenidos curriculares para Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional y Bachillerato, así como el derecho de acceso y consulta de los documentos en los archivos públicos y privados o el reconocimiento de la memoria democrática de las mujeres, por ejemplo.

Tampoco se ha avanzado apenas en la declaración de los lugares de memoria, definidos en la propia ley como "aquel espacio, inmueble, paraje o patrimonio cultural inmaterial o intangible en el que se han desarrollado hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados a la memoria democrática, la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades, la memoria de las mujeres, así como con la represión y violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de Estado de julio de 1936, la Guerra, la Dictadura, el exilio y la lucha por la recuperación y profundización de los valores democráticos".

La Real Casa de Correos de Madrid, sede de la policía política de Franco

Nos las prometíamos felices cuando creímos que se podía declarar lugar de memoria democrática la Real Casa de Correos de Madrid, situada en la Puerta del Sol, sede de la Dirección General de Seguridad y la policía política de Franco durante la dictadura y la transición, un lugar de detención y torturas para quienes se oponían a la dictadura (y también para quienes sufrieron la Ley de Vagos y Maleantes).

La mayoría de las personas que viven en Madrid son capaces de reconocer el emblemático edificio de la Puerta del Sol donde está instalado el reloj que da las campanadas de fin de año, en las doce uvas. Un edificio singular, terminado de construir en 1778 para albergar la sede de la red postal del reino. Situado en un lugar muy transitado, atravesado a diario por decenas de miles de turistas, a pesar de que los "arreglos" del actual alcalde del PP –de cuyo nombre no quiero acordarme–, lo han convertido en un auténtico erial, insufrible en verano y en invierno.

Sin embargo, lo que desconoce mucha gente es la historia de ese lugar que fue testigo de revoluciones, revueltas y manifestaciones durante el siglo XIX y XX y, desde sus balcones, el 14 de abril de 1931, se proclamó la II República ante una enfervorizada y emocionada muchedumbre que llenó la Puerta del Sol y las calles adyacentes. Al fin parecía que se abría una época de esperanza y era posible salir de las tinieblas del oscurantismo y la represión impuesta por la monarquía borbónica.

A partir del 8 de octubre de 1939, recién instaurada la dictadura de Franco tras la guerra, la Dirección General de Seguridad se instala en la Real Casa de Correos y con ella, la siniestra Brigada Político Social que junto con los tribunales militares y del Tribunal de Orden Publico posibilitó la permanencia del dictador en el poder durante 39 años, a base a perseguir y reprimir cualquier disidencia contraria a su régimen, ya que la represión fue clave para que el régimen franquista se mantuviera durante tantos años. El uso de la violencia fue sistemático y generalizado, formando parte de un plan represivo para "lograr la purificación del país y la reconstrucción del Estado", como dijo Felipe Acedo Coluga, fiscal del ejército sublevado, considerado como el gran arquitecto de la represión franquista, según cuenta el historiador Pablo Alcántara en su libro sobre la DGS.

En los despachos de ese edificio los policías ejercían las mayores brutalidades contra las personas detenidas. Miles de hombres y mujeres, algunos más conocidos como Las Trece Rosas y sus 43 compañeros, detenidos y torturados por Roberto Conesa y asesinados después en el cementerio del Este, el 5 de agosto de 1939. O Lluis Companys, detenido y torturado en 1940. O Tomás Centeno, militante socialista asesinado en las dependencias de la DGS en febrero de 1953 por el policía Saturnino Yagüe, responsable de su interrogatorio, que lo hizo pasar por un suicidio. O las torturas sufridas por Julián Grimau, dirigente comunista, fusilado el 25 de marzo de 1963.

Los malos tratos y las torturas continuaron durante toda la dictadura y la transición. Como dan fe los testimonios de mujeres y hombres que las sufrieron, recogidos en informes, revistas clandestinas, libros, documentales, investigaciones, etc. Todos ellos coinciden en que la tortura y los malos tratos eran sistemáticos. Algunos ejemplos: Simón Sánchez Montero, Joaquín Delgado, Francisco Granado, Manolita del Arco, Juana Doña, Tomasa Cuevas, Enrique Ruano, Lola González; así como los condenados a muerte en el verano de 1975: Ramón García, José Luis Sánchez-Bravo, Concepción Tristán, Manuel Cañaveras, María Jesús Dasca, Xosé Humberto Baena, Manuel Blanco, Vladimiro Fernández y un larguísimo etcétera todavía por investigar fehacientemente.

A pesar de que los policías de la Brigada Político Social procuraban que sus nombres no fueran conocidos, algunos de ellos sí trascendieron al conocimiento público, como Conesa, Yagüe, Antonio González Pacheco (alias "Billy el Niño"), González Reglero, Montero, Valdemoro, Villarejo, etc. La mayoría de estos policías recibieron premios en metálico y medallas con distintivos por sus labores como torturadores. Tras la muerte de Franco siguieron en sus mismos puestos y con sus mismos métodos. Algunos, incluso, llegaron a Jefes de Policía en ciudades importantes.

Precisamente, La Comuna, asociación de presxs y represaliadxs por la dictadura franquista reúne a un numeroso grupo de personas que pasaron por ese lugar de infamia, por luchar contra la dictadura y tiene como objetivo principal que estos crímenes sean investigados y juzgados por ello han puesto decenas de querellas, tanto en Argentina como en el Estado español, donde no han sido admitidas, no se vaya a perturbar lo más mínimo al poder económico y político heredero del franquismo que teme que se resquebraje la impunidad que les ha permitido mantener el mando durante décadas, con y sin Franco.

Para que se conozca nuestra historia reciente y se recupere la memoria democrática es preciso que la Real Casa de Correos de Madrid sea declarada lugar de memoria. Aunque en la actualidad sus despachos (donde se interrogaba y torturaba) sean la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, no es ningún óbice para que se puedan visitar los calabozos que aún siguen existiendo, a través de cuyas ventanas quienes éramos detenidos, escuchábamos el bullicio callejero y nos preguntábamos si alguien sabría que estábamos allí.

Ahora queremos que se sepa que sí, que estábamos allí. Personas magulladas, aturdidas, doloridas... pero llenas de dignidad porque habíamos sido capaces de hacer frente a una brutal dictadura que quiso acabar con toda disidencia y resistencia de la manera más cruel. No lo consiguió. Nunca lo consiguen.