Hoy son las elecciones presidenciales en Egipto, un país en donde si ha quedado algo patente es que la transición que no ha habido en la política sí se ha producido en la sociedad, al menos en términos de descontento, de protesta, de lucha contra el autoristarismo. Pero, ¿es real esta transición social o sólo un espejismo? Cuando menos, podemos hablar de dudas al respecto.

Los 50 millones de electores que están llamados hoy a las urnas podría votar como su presidente a Abul Futuh, un ex Hermano Musulmán (expulsado en 2010 cuando anunció su candidatura), médico jubilado de 61 años y defensor de la sharía. Este musulmán moderado se presenta como independiente y, siempre jugando con un lengua político flexible para unos, con la demagogia para otros, ha calado en buena parte del tejido social. Entre sus promesas, que la mitad de sus altos cargos sean ostentados por jóvenes. ¿Es Abul Futuh un clavo ardiendo?

Si repasamos el proceso electoral, vemos que hasta hace poco, cuando la Alta Comisión para las Elecciones Presidenciales decidió expulsarle, uno de los candidatos era Omar Solimán, ex jefe de los servicios secretos y vicepresidente con el dictador -sin el 'ex', porque será dictador hasta el día que se muera- Mubarak. Y adivinen, en abril según los sondeos -poco fiables, pero los únicos que manejamos-, con un 38% de indecisos declarados, Solimán era el virtual ganador con un 20% de los votos. Dice poco sobre una transición social.

Expulsado Solimán -y otros nueve candidatos-, comprobamos cómo el segundo y tercero con más opciones de ganar las elecciones tras Abul Futuh son ex ministros de Mubarak. ¿Qué legitimidad pueden tener? En realidad, si son elegidos, toda, pues lo habrán sido por la vía democrática. Moralmente, ninguna. Pero la democracia es así de engañosa: Solimán aseguraba que Egipto no está preparada para la democracia pero no dudó en presentarse a las elecciones; en Occidente a otros líderes, incluso, presidentes de Gobierno, se les llena la boca de democracia y luego no la ponen en práctica.

Salga quien salga, el 1 de julio tendrá que asumir responsabilidades y afrontar varios retos: el primero, la transferencia de poder desde el SCAF (Consejo Supremo de Fuerzas Armadas); el segundo, la redacción y puesta en práctica de una constitución que se está haciendo esperar con una asamblea constituyente compleja. Y todo ello con la amenaza disfrazada de apoyo y diplomacia de las interferencias de Occidente.