Ya no es que lo digamos un puñado de antisistemas; es que lo afirma rotundamente nada menos que un magistrado emérito del Supremo, como José Antonio Martín Pallín: en el proceso de la agresión de Alsasua a dos guardia civiles ha habido sobreactuación judicial.

¿En qué cabeza cabe que la acusación sea de terrorismo? ¿A qué banda armada pertenecen los agresores? ¿De veras los dos guardia civiles fueron inocentes o, por el contrario y dado que estaban fuera de servicio, no pudieron tener parte de responsabilidad en el incidente, envalentonados por el consumo de alcohol?

Parece evidente que la agresión se vio amplificada por el trabajo de los dos agredidos, que en este caso es guardia civil, pero nada apuntan los medios de comunicación interesados en que quizás éstos se jactaban de la impunidad que ese empleo les reporta. ¿No debería ser tenido eso en consideración?

Ser guardia civil no te hace santo. Lo vemos, aunque se hayan realizado muchos esfuerzos en desligarlo, en el caso de las violaciones de Sanfermines, en las que uno de los depredadores sexuales pertenecía a este cuerpo de seguridad del Estado. Así es, un guardia civil que participó en un caso de violación y en otro de agresión sexual.

En este sentido, si pertenecer a la Benemérita permite juzgar los hechos de Alsasua de un modo especial, ¿no debería suceder lo mismo en el caso de las violaciones de Sanfermines? Por supuesto que sí, pero no se hará.

Apoyar o aplaudir la sobreactuación judicial del proceso de Alsasua dice también muy poco de los partidos políticos, los medios de comunicación o, incluso, de las víctimas del terrorismo. Y dice muy poco -o en realidad mucho- porque significa banalizar hasta el esperpento lo que significa el terrorismo.

Es una auténtica desfachatez hablar en esos términos en ese caso concreto y se sitúa en la misma órbita de quienes nos venden que esta estafa, que ha incrementado la miseria y ha aumentado el número de ricos, es una crisis; de quienes evitan hablar de terrorismo machista para hablar de la lacra de la violencia de género o de quienes no critican una agresión de fascistas a una persona en el 20-N y que se vayan sin ser siquiera identificados ante la mirada de la policía.

Haber introducido el terrorismo en esta causa genera más problemas que soluciones y no responde a criterios judiciales, sino políticos. De nuevo, se difuminan las fronteras de separación de poderes y, otra vez, ni favorece a la Democracia y mucho menos a normalizar la convivencia en el País Vasco y Navarra.

Que no tengamos políticos con altura de miras y algunos de ellos continúen movidos por el revanchismo y el rencor es una pena; que los jueces hagan lo mismo, es una atrocidad.