VICENÇ NAVARRO

Una de las características del estado del bienestar en España es su subdesarrollo. Según Eurostat, España en el año 2006 (el último año con datos comparables) era el país, después de Portugal, que tenía el gasto social por habitante más bajo de la Unión Europea de los Quince (UE-15), el grupo de países de desarrollo económico semejante al nuestro. En aquel año, el PIB per cápita de España había alcanzado ya a ser el 93% del promedio de la UE-15 y, sin embargo, el gasto público social per capita era sólo el 70% del promedio de la UE-15.

¿A qué se debe este retraso social? Una de las mayores causas es el enorme subdesarrollo social que la España democrática heredó del sistema dictatorial anterior. Cuando el dictador murió, el gasto público social en España era sólo un 14% del PIB, muy inferior al promedio (22%) de los países que más tarde constituirían la UE-15. Ni qué decir tiene que mucho se ha hecho durante los 32 años de democracia. Pero el hecho es que en 2006 –29 años en democracia– continuábamos a la cola de la Europa (UE-15) social. Y es probable que en 2009 continuemos a la cola a pesar de los avances considerables que se han hecho durante el periodo 2004-2009.

De ahí que debamos considerar que existen otras causas, además de la insensibilidad social de la dictadura, que determinan el retraso social de España. Y una de ellas es el enorme poder que las fuerzas conservadoras (la monarquía, la nomenclatura del Estado franquista, el Ejército, la Iglesia, la banca, la patronal, y los medios conservadores) tuvieron en el proceso (erróneamente definido como modélico) de transición de la dictadura a la democracia, que lideraron aquel proceso y dominaron la vida económica y política del periodo democrático. Las enormes movilizaciones populares en el periodo 1975-1978 (España fue el país con mayor número de huelgas en Europa durante aquellos años) fueron determinantes en forzar el fin de la dictadura (el dictador murió en la cama, pero la dictadura murió en la calle), mas no fueron suficientemente fuertes para provocar una ruptura y cambiar las condiciones que permitieron la continuación del dominio político de aquel enorme bloque de poder. Y una de estas condiciones fue la Ley Electoral, cuyos primeros borradores surgieron de la nomenclatura del Estado dictatorial, y que, tras ser modificado fue adoptado, por el Gobierno Suárez en 1978, dando gran dominio a las fuerzas conservadoras, discriminando a las zonas urbanas, a la clase trabajadora y a los partidos de izquierda (tal y como autores de aquel proyecto, como Herrero de Miñón y Calvo Sotelo, reconocieron).

Una consecuencia de ello es que el sistema electoral español es uno de los menos proporcionales y menos representativos de los existentes. Ello explica que aún cuando en todas las elecciones legislativas al Parlamento español (excepto en 1977, 1979 y 2000), el electorado español ha dado muchos más votos a los partidos de izquierdas que a los partidos de derechas, España no ha tenido un Gobierno mayoritario de izquierdas (o apoyado por una mayoría de izquierdas) durante la mayor parte del periodo democrático. Sólo ocurrió durante el periodo 1982-1993; en los otros periodos el partido mayoritario de las izquierdas, el PSOE, se alió con las derechas nacionalistas más que con los partidos a su izquierda, resultado en parte de la enorme discriminación que el sistema electoral ejerce hacia estos partidos y también consecuencia de la enorme presión ejercida por aquel bloque de poder que lideró la transición. Y es ahí donde hay que buscar las causas del subdesarrollo social de España. Es bien conocido que, en general, a mayor fuerza de las izquierdas, mayor desarrollo de los derechos sociales y laborales en un país, y de su estado del bienestar. El mejor indicador de esto es Suecia, donde las izquierdas gobernaron por más tiempo desde la II Guerra Mundial. En aquel país, 32 años (1945-1977) fueron suficientes para convertirse en el país con mayor sensibilidad social del mundo. No así en España. La debilidad de las izquierdas es causa de ello.

El bipartidismo refrendado en la Ley Electoral, continuista del año 1985, ha favorecido al aparato del partido mayoritario dentro de las izquierdas, el PSOE, permitiéndole tener más escaños, pero ha dificultado la implementación de su programa, pues este no se ha podido desarrollar en su totalidad por falta del apoyo parlamentario de las otras izquierdas, apoyo que podría haber tenido si hubiera existido en España un sistema auténticamente proporcional. Por cierto, tal falta de proporcionalidad aparece también en las CCAA como lo muestran las últimas elecciones gallegas, en las que los votos a los partidos de izquierda (PSOE, BNG y EU-IV) fueron 811.641, más que los votos a los partidos de derecha (PP y TEGA), que sumaron 808.153. A pesar de ello, el PP ganó la mayoría de escaños, permitiéndole gobernar.

Pero queda por responder cómo es que este subdesarrollo del estado del bienestar no ha tenido mayor visibilidad política y mediática en España. La razón es que los establishments políticos y mediáticos, constituidos en su mayoría por individuos que pertenecen al 30% de la población de renta superior del país, no quedan afectados por las grandes insuficiencias de los servicios públicos del estado del bienestar. Envían a sus hijos a las escuelas privadas concertadas (que tienen un gasto por alumno superior a las públicas) y, cuando caen enfermos, van a la medicina privada (cuyo tiempo promedio de visita es de 18 minutos; el promedio en la pública es de 8 minutos), o reciben trato preferencial en la pública. De ahí que no sean plenamente conscientes del retraso social en España. Y su poder político y mediático es enorme. Y así estamos.

Vicenç Navarro es  Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra