KATTYA CASCANTE

El próximo 21 de enero tendrá lugar en Madrid la Conferencia de Apertura del Año Europeo para Combatir la Pobreza y la Exclusión Social, en el marco de la presidencia española de la Unión Europea. También será un año clave para el desarrollo, ya que se celebrará la sesión de alto nivel de la Organización de Naciones Unidas para la revisión de los Objetivos del Milenio. Se hablará de pobreza dentro y fuera de las fronteras europeas, pero ¿se unen con coherencia estas dos realidades en una misma agenda política de la UE?

En la Unión se considera que una persona es pobre si su renta está por debajo del 60% del salario medio del país en el que vive. Según este indicador, alrededor de 80 millones de europeos viven en el umbral de la pobreza o por debajo de él. Uno de cada diez ciudadanos de la UE vive en una familia en la que nadie tiene un empleo y, entre los que lo tienen, hay un 8% cuyo trabajo no basta para sacarlo de la pobreza. Por ello, los objetivos clave de la UE para este 2010 son, por un lado, aumentar la conciencia social sobre este tema y, por otro, renovar la política común de la Unión y sus Estados miembros para combatir la pobreza y la exclusión social.

Pero en 2010 también está prevista la revisión de los Objetivos del Milenio, objetivos que 189 países adoptaron para alcanzar una visión del mundo en la cual los países desarrollados y en desarrollo trabajarían en una alianza para el beneficio de todos. A sçolo cinco años de la fecha límite para alcanzar dichos objetivos (2015), la realidad es que el avance ha sido más lento de lo esperado. Sigue habiendo alrededor de 1.400 millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza; esto es, con menos de 1,25 dólares al día.

El compromiso que asume la UE con la pobreza, incluso bajo los devastadores efectos de la crisis actual, no deja lugar a dudas. El presupuesto europeo para la política de desarrollo es, en términos relativos, el del mayor donante del mundo. Sin embargo, la ciudadanía europea no considera que la UE sea un actor principal para combatir la pobreza ni para evitar que haya aumentado en su país en los últimos tres años, tal y como opinan el 80% de los europeos. ¿A qué se debe?

Por un lado, en la Unión Europea, la política de desarrollo está ligada a la política exterior y a su vez está estrechamente condicionada por las agendas e intereses nacionales de los estados miembros. De hecho, la capacidad de la Comisión para impulsar la coordinación en la Unión depende de la voluntad política de los Estados, una voluntad que se define por sí sola a través de los presupuestos que la acompañan. Así se refleja en las aportaciones que los Estados miembros destinan a la cooperación al desarrollo a través de la Comisión, una contribución cuyo promedio no supera el 20% de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de cualquiera de los estados miembros (UE-15). Un porcentaje muy ajustado si tenemos en cuenta, por ejemplo, que España canaliza el 51,31% de su AOD a través de organismos multilaterales de desarrollo y un 48%, directamente a través de sus propias instituciones. Necesariamente, surge una reflexión en torno al compromiso real de los Estados miembros con la UE en materia de desarrollo. ¿Cómo es posible que se esté pidiendo más Unión si ni siquiera en una política de consenso –como es la de Ayuda al Desarrollo– los Estados miembros son capaces de subir la apuesta?

Por otro lado, la actual crisis en Europa pone en riesgo a la mayoría de los grupos vulnerables que conseguían sobrevivir en la época de bonanza. Emigrantes, ancianos, etnias minoritarias, los sin techo, mujeres explotadas y sometidas a todo tipo de abusos, desempleados sin subsidios, etc. En Europa, ser pobre supone estar excluido de la sociedad, una sociedad que también por la crisis tiene más dificultades a la hora de asegurar una protección social para todos y que, ante la disponibilidad de menos recursos, repliega velas. En el contexto actual, el riesgo de una Europa ensimismada es alto.

¿Podría la problemática interna que vive Europa poner en riesgo la actuación de la UE en términos de la ayuda hacia los países en desarrollo, todavía mas azotados por la crisis? ¿Podría suponer la pérdida de credibilidad de la UE ante la comunidad internacional en caso de incumplir sus compromisos? Tampoco parece probable que la ciudadanía europea defienda en las calles la ayuda oficial al desarrollo cuando no lo han hecho para denunciar las millonarias cifras destinadas al rescate bancario. ¿Cómo lograr la movilización y presión de la opinión pública europea exigiendo a sus dirigentes una acción decisiva a favor de la erradicación de la pobreza? ¿Habrá que sensibilizar a la Europa de dentro también sobre lo que ocurre fuera? ¿Podría aprovecharse el año 2010 y el compromiso asumido por España en materia de cooperación al desarrollo para que la política europea sea más coherente? No en vano, el Parlamento europeo en resolución del 15 de noviembre de 2007 también declaró 2010 como el año del desarrollo sostenible y la coherencia con la acción de la UE en todo el mundo.

Durante la presidencia española, se debatirán políticas europeas con enorme alcance para el desarrollo de los países más empobrecidos; en especial, la Política Agraria Común (PAC). Negociaciones que ofrecen la oportunidad de poner en práctica el principio de coherencia de políticas, de conectar la lucha contra la pobreza tanto dentro como fuera de la UE. Es necesario demostrar que los Objetivos del Milenio son asunto de todos y que su cumplimiento interesa a Europa. Los sondeos demuestran que los problemas globales como cambio climático, pobreza, pandemias, terrorismo y seguridad, pérdida de mercados, flujos migratorios, inestabilidad política y conflictos preocupan a los ciudadanos europeos porque sienten que amenazan su modelo de vida, el Estado de bienestar alcanzado. Pero también es necesario que se sientan comprometidos porque tres cuartas partes del mundo, legítimamente, aspiran a ese mismo modelo.

Kattya Cascante es politóloga

Ilustración de Enric Jardí