VICENÇ NAVARRO

Cuando el presidente Richard Nixon decidió finalizar el Acuerdo de Bretton Woods, que había establecido el dólar como punto de referencia monetaria en el comercio internacional, se creó una enorme inestabilidad monetaria que impactó negativamente sobre el crecimiento económico mundial. La gran variablidad en el precio de las monedas dificultó el comercio internacional. Esta variabilidad afectó especialmente a los países que, como España, tenían una moneda débil (la peseta). Al empresario textil de Sabadell que exportaba sus productos, por ejemplo, a Alemania, le era difícil planificar su venta al mercado alemán porque no sabía cuál sería el valor del cambio del marco con la peseta a medio y largo plazo.

De ahí que, en parte como respuesta al colapso de Bretton Woods, se estableciera el euro en la mayoría de países de la Unión Europea. Con ello se eliminó la variabilidad del precio de la moneda y desapareció la posibilidad de que los mercados financieros especularan en base a esta variabilidad. Ya no se podría especular frente a la peseta pues esta dejó de existir, sustituida por el euro, una moneda más fuerte que se convirtió en la moneda de la comunidad de países de mayor peso económico en la Unión Europea (excepto Reino Unido). Pero en la manera en como se construyó el euro se establecieron las bases para que apareciera otro tipo de especulación, basada, no en la variabilidad del precio de las monedas, sino en la del precio de la deuda pública (y de sus intereses) entre los países de la eurozona. El modelo establecido conllevó que los estados de tales países no podían protegerse frente a la especulación. Se prohibió que los bancos centrales de tales países pudieran imprimir dinero y con ello comprar su propia deuda pública, que es lo que hace un banco central frente al peligro de la especulación. Cuando los mercados financieros quieren crear una percepción de crisis, promueven la idea (por parte de sus instrumentos: las agencias de valoración de la deuda pública) de que la deuda pública de un Estado no es muy segura, y con ello incrementan los intereses de los bonos que los bancos y otras instituciones financieras compran (forrándose así). Lo que los estados tienen que hacer frente a esta situación es que su banco central imprima dinero y compre mucha deuda pública propia, forzando una bajada de intereses.

Pero esto es lo que se prohibió a los países de la eurozona. A partir del establecimiento del euro, fue el mal llamado Banco Central Europeo (BCE) el único que podía imprimir dinero (los bancos centrales de los países de la eurozona no podían hacerlo). Y el BCE prestaba dinero a unos intereses bajísimos, a un 1%, a los bancos, pero no a los estados. Es más, al BCE no se le permitía tampoco comprar deuda pública de los estados. Y en el caso excepcional de que se viera forzado a hacerlo, como ahora, lo hacía comprando deuda pública a los bancos, a unos intereses elevadísimos. Era y es una práctica enormemente beneficiosa para la banca. Reciben dinero casi gratis (1% de interés) y con ello compran deuda pública con intereses muy elevados (6% en el caso de España) ingresando enormes cantidades de dinero público. Es la mayor transferencia de fondos del sector público al privado existente actualmente en cualquier país de la eurozona y ello como consecuencia de que el BCE no es un banco central, sino un enorme lobby de la banca (y muy en especial de la alemana y francesa). Con todo ello, los estados se han quedado totalmente desprotegidos frente a la especulación de su deuda pública por parte de los mercados financieros.

Un elemento clave para que se ejerza tal especulación son las agencias de rating (ver mi artículo La supeditación de las instituciones representativas a la banca, en www.vnavarro.org), de las cuales Standard & Poor’s, Moody’s y
Fitch son las más importantes. Estas agencias son meros instrumentos de los bancos y de las grandes entidades financieras. Indicadores de ello hay muchos. Uno de ellos es la evaluación con la categoría de máxima calidad de unos productos financieros que eran auténtica basura, y lo hacían horas antes de que se mostrara que tales productos eran, en realidad, de valor nulo, convirtiéndose en tóxicos para todo el sistema financiero.

El último ejemplo es la evaluación negativa por parte de Standard & Poor’s de los bonos públicos del Estado federal de EEUU (desvalorizando su categoría) como medida de presión para que el Gobierno federal recorte el gasto público y privatice la Seguridad Social. Tal rebaja del bono público se justificó con una proyección de la deuda pública basada en un error matemático que, ni más ni menos, dobló la cifra real de la deuda pública existente. Cuando a Standard & Poor’s se le comunicó el error, corrigió la cifra, reduciéndola por la mitad, sin variar sin embargo su rebaja de la valoración de los bonos, mostrando la naturaleza política y no científica de su valoración. Tales agencias carecen de credibilidad. En realidad, la demanda de bonos públicos del Estado federal ha aumentado después de que la agencia Standard & Poor’s rebajara su valor, dato que muestra su pérdida de credibilidad.

Por otra parte, la reducción del gasto público que se está exigiendo reducirá el crecimiento económico y con ello los ingresos al Estado, en una cantidad que es idéntica a la que tales recortes intentan conseguir, con lo cual, el Estado federal no conseguirá ningún ingreso o ahorro neto con los recortes. La crisis actual es una crisis artificial, creada para satisfacer los intereses del capital financiero en su intento de desmantelar el Estado del bienestar, privatizándolo. Es el ataque más frontal que haya existido en contra de la protección social, tanto en la UE como en EEUU. Este es el objetivo de la crisis.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra
Ilustración de Patrick Thomas