Hace poco más de tres meses se abrió un nuevo tiempo en nuestro país con la formación del Gobierno socialista. Un nuevo tiempo de esperanza e ilusión colectiva para devolver a la ciudadanía los derechos y libertades que el Gobierno del PP le arrebató. Porque un derecho no es lo que alguien te da, un derecho es algo que tienes reconocido y nadie te puede quitar.

Han sido poco más de cien días los transcurridos desde que se puso manos a la obra este Ejecutivo socialista que se declara feminista y comprometido con la igualdad, y que sobre todo está empeñado en una lucha sin cuartel y sin ambages contra la violencia machista. Lo dijo Pedro Sánchez, manifestando –ya como Presidente- su "firme compromiso para acabar con este horror", y las acciones lo avalan. Así, en pocas semanas el Gobierno ha pasado de las palabras a los hechos y del inmovilismo a la acción, como prueba la puesta en marcha del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Y lo ha hecho con eficacia y celeridad, pues el Pacto estaba atascado desde hacía meses por la inacción del PP para destinar los fondos acordados y aplicar las medidas a las que instaba. Frente a ello, el Gobierno socialista lo ha acelerado al máximo, consciente de que ésta no es que sea una labor urgente, sino que no podía esperar más. Una tarea a la que estamos llegando tarde, entre otras razones por los recortes y la parálisis impuesta por los gobiernos del Partido Popular. Porque no seremos una democracia plena mientras existan tantas mujeres amenazadas e inseguras y algunas de ellas acaben siendo asesinadas.

El Congreso y el Senado aprobaron hace un año las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género con un amplio consenso alcanzado entre todos los grupos. Lo único que faltaba era voluntad política para aplicar aquel acuerdo, la voluntad política que no tuvo el PP. Y por ello el 3 de agosto, solo dos meses después de llegar al poder, el nuevo Gobierno socialista aprobó un Real Decreto Ley, ahora convalidado por unanimidad en el Congreso de los Diputados, que:

• Devuelve las competencias a los Ayuntamientos en la promoción de la Igualdad y la lucha contra la violencia de género y establece el reparto de los 20 millones de euros comprometidos en el Pacto, que se doblarán hasta 40 millones en el próximo año. Los ayuntamientos son una pieza imprescindible en este batalla, el primer recurso, y en ocasiones el único, que tienen a su alcance las víctimas. El PP les quitó estas funciones a los Ayuntamientos y el Gobierno socialista se las ha devuelto.
• Modifica la Ley Integral contra la Violencia de Género para mejorar la asistencia en los procesos judiciales y facilitar el acceso a los recursos de asistencia al introducir que la acreditación de situaciones de violencia pueda realizarse a efectos administrativos mediante informe de los servicios sociales o de los servicios de acogida. De esta manera se facilita el acceso a derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social, pues sabemos que la dependencia económica es una barrera que muchas mujeres necesitan saltar para desvincularse de sus agresores y estas medidas las ayudan.
• Modifica el Código Civil para que los menores expuestos a violencia de género solo necesiten el premiso de un progenitor para recibir atención psicológica, lo que incide en una mayor protección de las niñas y niños que también son víctimas.

Pero no solo es eso. En la reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada el 31 julio se acordó por unanimidad destinar la gestión de los 100 millones de euros a las comunidades y ciudades autónomas según los criterios acordados en el Pacto,  y se distribuyó el fondo procedente de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género de 9,5 millones de euros.

Además, el Ejecutivo socialista es un gobierno con un Ministerio de Igualdad y 17 ministerios trabajando por la Igualdad. Y fruto de ese compromiso político expresado desde el primer día, se ha creado el Observatorio de Salud de las Mujeres; previsto soluciones habitacionales para mujeres víctimas de violencia de género dentro del Plan Estatal de Vivienda, al tiempo que la igualdad de género será recogida en la asignatura de valores cívicos prevista para el próximo curso escolar.... Suma y sigue.

En definitiva. Consenso, sí, pero responsabilidad y celeridad, también.  Urgencia, eficacia, lealtad al Pacto de Estado y compromiso político.

De la violencia de género se sale. Luchar contra la violencia machista nos obliga a todos, seamos mujeres u hombres. En este combate es necesaria la implicación de toda la sociedad española, esa misma sociedad que acabó con el terrorismo de ETA y que ahora tiene que combatir y acabar con este terrorismo machista. Cada día muchas mujeres lo consiguen con valentía, con su esfuerzo y precaución. Y desde hace unas semanas, saben que el Gobierno socialista también está con ellas. Con hechos.