Opinion · Dominio público

El momento político y el laicismo

Antonio Gómez Movellán

Presidente de Europa Laica

En un contexto de cambio político pero  también de gran inestabilidad y fragilidad gubernamental  se han dado gestos, por parte del gobierno, que parecen ir en un sentido de avance en los derechos civiles y en la laicidad institucional o, digámoslo más propiamente, del secularismo estatal; queremos destacar, entre ellos, las tomas de posesión de los cargos públicos y del propio Presidente del gobierno  en un protocolo no confesional o  la iniciativa de sacar a Franco del Valle de los Caídos, aunque este proceso se ha dado en un ambiente de cierto secretismo por lo que se refiere a la intervención de la Iglesia Católica. Tampoco se ha dicho nada de la Cruz nacional católica que preside ese horrible monumento fascista.

También cabe destacar el anuncio de hacer públicas las inmatriculaciones de la iglesia Católica y la apertura de un proceso de reclamaciones por parte del Estado. Entendemos que, en este ámbito, se debería abordar una reforma de la Ley de Patrimonio Histórico para incluir los templos y bienes de interés cultural en la plena titularidad y administración pública, independientemente de que puedan tener un uso religioso.  En el ámbito educativo, si bien se han tomado algunas medidas de contención de los recortes públicos, no se ha avanzado en los retos de una escuela laica, y los anuncios realizados se han movido en cierta ambigüedad queriendo tranquilizar a la escuela católica; en algunos aspectos, como el adoctrinamiento religioso a menores en la escuela, se quiere volver a la situación anterior a la LOMCE. Esta situación ha hecho que las otras religiones presionen más para que las Comunidades Autónomas oferten también clases de religión islámica o evangélica, ya que en este curso el avance del adoctrinamiento de estas dos religiones en la escuela ha sido muy considerable, aunque aún no tenemos, todavía, una información fiable. Lo que sí sabemos es que el tinglado del adoctrinamiento religioso a los menores cuesta más de seiscientos millones de euros a las administraciones públicas.

Igualmente, queremos hacer mención al anuncio de la Fiscal General del Estado de hacer una circular para evitar las acusaciones abusivas de los delitos de odio, aunque no ha dicho nada del delito de blasfemia. Europa Laica se ha dirigido a la Fiscalía General del Estado, en varias ocasiones, para que dé instrucciones a los fiscales de no tramitar las acusaciones falsas de  asociaciones ultramontanas como “Abogados Cristianos”, “Tomas Moro “ y otras, ya que atentan de pleno a la libertad de expresión, y hasta ahora no hemos obtenido ninguna respuesta. Preocupante, en este sentido, es la actitud de jueces y fiscales que refleja un sistema judicial trufado de sectarismo católico donde los prejuicios ideológicos católicos abocan a la prevaricación en estos procedimientos, como ha sucedido en el caso de Willy Toledo. Se echa en falta una propuesta de reforma del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana.

Firma del acuerdo entre España y la Santa Sede en 1979
Firma del acuerdo entre España y la Santa Sede en 1979

Pero la ausencia más notable es que el Gobierno, contrariamente a lo que prometió el Partido Socialista en las elecciones,  no ha anunciado ninguna iniciativa de denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede, y no existe ninguna iniciativa sobre la financiación eclesiástica. También sabemos que la fiscalización de la Iglesia Católica está parada en el Tribunal de Cuentas. Queremos hacer constar que este es el primer paso para avanzar mínimamente en el secularismo institucional, y si no se denuncian y derogan estos Acuerdos toda la legislación educativa y el resto de los privilegios de la Iglesia, incluyendo su financiación pública, se perpetuarán.

Entendemos que el PSOE, como partido, está en la encrucijada, ya que si por un lado parece que en su último congreso quiso dar un giro en su política de la laicidad rompiendo con una política que, en última instancia, ha favorecido el poder corporativo del catolicismo pese al proceso intenso de secularismo social, por otro lado, se muestra balbuceante a la hora de llevarla a la práctica. Es importante que la base electoral del PSOE presione para que el gobierno de su color político apriete el acelerador del secularismo como la mejor forma de una convivencia libre en España. Vemos peligroso que grupos confesionales, al interior del Partido Socialista, como “Cristianos por el Socialismo” sean un freno para las resoluciones aprobadas en su congreso. Y particularmente advertimos de los peligros de una denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede para una posterior renovación. Sería un fraude, ya que lo que se exige es una derogación de estas fórmulas tan anacrónicas y no una renovación del vergonzante concordato.

En cuanto el grupo Unidos Podemos y a Compromís, hay que saludar su buena disposición para batallar por el laicismo institucional  con propuestas legislativas de calado, aunque en muchos lugares siguen manteniendo, a nivel municipal, posturas muy conservadoras y contradictorias; igualmente, en lugares donde gobierna con el PSOE, como en Castilla-La Mancha; tampoco hemos visto,  en el pacto Unidos Podemos-PSOE, ningún compromiso, por parte del Unidos Podemos, de condicionar su apoyo a la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede. Pareciera existir una contradicción entre una base electoral y activista de Podemos, muy batalladora por el laicismo, y un núcleo dirigente más conservador, siempre haciendo guiños al Papa de Roma.

Pero lo que sin duda hay que aplaudir y saludar son las iniciativas que, en muchos ayuntamientos, se dan para avanzar en el laicismo institucional y en desprenderse de la simbología católica. De forma especial hay que saludar al alcalde de Santiago de Compostela, Martin Nariño, o ayuntamientos como Rivas Vaciamadrid; el primero, por resistirse a la aceptación de un simbolismo católico en una ciudad como Santiago de Compostela,  y el segundo, por la aprobación de un protocolo avanzado de laicidad institucional en su ciudad. También saludamos a muchos otros ayuntamientos de España como los de Oviedo, Zaragoza o Valencia, que promueven iniciativas por el laicismo institucional. Pero reprochamos a muchísimos alcaldes y concejales, de todos los colores políticos, que siguen manteniendo la simbología católica como simbología principal de la ciudad, siendo este el caso de Manuela Carmena, que no se pierde ninguna celebración religiosa católica; entendemos que es un elemento de electoralismo, ya que, traicionando lo que proponían en sus programas electorales, pretenden ampliar su espectro electoral con una base más conservadora.

En cuanto al Partido Popular y Ciudadanos, pese a declarase partidos aconfesionales son, en verdad, partidos católicos que quieren identificar la ideología nacional con el catolicismo. Es cierto que Ciudadanos se había declarado, en su origen, como un partido político laico y laicista, pero en la práctica no lo es, ya que vota en contra de cualquier iniciativa laicista tanto en los ayuntamientos como en el Parlamento. De hecho, en su último congreso, cambiaron su definición de partido laico por partido aconfesional. En definitiva, se ha convertido en otro partido que protege los privilegios de la Iglesia Católica en la legislación.

En la coyuntura política en España, el laicismo debe impulsar el diálogo político que fomente la convivencia en Cataluña y no la vía de la judicialización y la represión política e ideológica, lo que está alimentando una especie de chauvinismo español, que pone en peligro las libertades civiles y la buena convivencia social.

Los gestos laicistas del Gobierno entroncan con la necesidad de una reseteo de nuestro sistema político y de enlazarlo con el eslabón extraviado de la aspiración republicana; así lo entiende la mayoría de la sociedad y sobre todo los jóvenes que vienen exigiendo, desde el 15 M, una revolución de la vida política en España donde el laicismo sea un principio indisociable de la democracia. ¿Estará el nuevo Gobierno a la altura de las circunstancias?