Es cierto que el Consejo General del Poder Judicial es un órgano constitucional de enorme relevancia, tanta que tiene atribuidas importantes funciones relacionadas con las más altas magistraturas del Estado. De ahí, el interés del Partido Popular en controlarlo, el bloqueo al que lo somete ese partido desde hace cinco años y su negativa rotunda a perder la mayoría que consiguió entonces.

Por ello, se entiende que desde las fuerzas políticas progresistas propongamos reformas en el modo de elección del Consejo. Unas, rebajando las mayorías de 3/5 a mayoría absoluta, en la elección de los doce vocales designados entre jueces y magistrados. Y juezas y magistradas, que aunque se vean poco, no sólo las hay sino que son mayoría. Otras propuestas, más ingenuas, buscan fórmulas teóricamente novedosas como si el problema del bloqueo y falta de convicción democrática se resolviera con una fórmula matemática.

El derecho constitucional se caracteriza por las enormes dificultades para su control. Es la política en estado puro, sometida a las reglas democráticas. Política que tiende a escaparse por las rendijas que deja el Derecho Constitucional a la cultura democrática, a la convicción de los poderes públicos para actuar conforme a Derecho, al sometimiento a las reglas de juego de la democracia, sabiendo que, al margen de ello, lo que nos queda, es la selva, el estado de naturaleza de Hobbes.

Por eso mismo, el problema que enfrentamos es mucho más profundo y de más difícil solución. Podríamos decir, sin grandes aspavientos, que un Estado en el que uno de los tres poderes no funciona corre el riesgo de convertirse en un Estado fallido. Y eso es lo que podría pasarnos si no dotamos de más medios a la administración de justicia. Porque falta cultura democrática en una parte importante de la derecha política, mediática y judicial. Lo sabemos. Pero faltan medios para que la justicia funcione para contrarrestar esa minoría que no cree en nuestra Constitución y que no acepta las reglas del juego democrático.

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Faltan juzgados y tribunales, muchos, porque tenemos juzgados saturados, que tienen que programar las vistas con años, y es literal, de espera. Y falta acometer con seriedad la digitalización de la administración de justicia, porque esas imágenes de juzgados radicados en sótanos, con miles y miles de legajos de papel, es lo más lejano posible a una Administración ágil y eficaz.

En lo que respecta a la justicia gratuita, hay que revisar por completo el Turno de Oficio, para que no haya una justicia para pobres y otra para ricos. Para que las abogadas y abogados con vocación de servicio público cobren una remuneración digna por sus servicios y lo hagan a tiempo. Porque igual que queremos personal sanitario y educativo bien pagado, necesitamos que los que se dedican a hacer valer los derechos de los que menos tienen, también lo estén.

Y, sobre todo, necesitamos los medios necesarios para una justicia rápida. Porque una justicia que tarda años en resolver un asunto no es justicia o, en todo caso, lo es mucho menos. Porque si casos de persecución judicial como el de Mónica Oltra se hubieran resuelto en un mes, no hubieran hecho tanto daño. Y con toda seguridad no hubieran llevado a una política que fue azote del gobierno corrupto del PP de la Comunidad Valenciana a acabar dimitiendo como vicepresidenta del gobierno valenciano, cuatro años después.

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Porque lo que permite que salgan rentables los casos de lawfare, los ataques contra cargos públicos que solo pretenden acabar con sus carreras y sus opciones electorales, no es que haya un juez u otro capaz de actuar al dictado de la derecha no democrática. Es que ese proceso se convierte en un calvario de años, que acaba con una exculpación tantos años después que el sufrimiento personal y familiar y el daño reputacional es insalvable.

Por todo, ha llegado el momento de coger el toro por los cuernos, de tomarnos en serio la necesaria reforma del Poder Judicial, en su conjunto. Repensemos si se puede modificar el sistema de elección del Consejo. Abordemos, de una vez, la necesaria democratización en el acceso al poder judicial apostando por un MIR judicial donde sólo el mérito y la capacidad y no los condicionantes económicos, determinen el acceso a la carrera judicial. Y, sobre todo, invirtamos en recursos para que la justicia deje de ser más propia del siglo XIX que del siglo XXI.