Fernando Pedrós

Filósofo, periodista y miembro de Derecho a Morir Dignamente

Estos días estamos a la espera de lo que pueda decidir el Congreso ante el proyecto de ley de eutanasia del grupo parlamentario Unidos Podemos. El martes 21 por la tarde se decidirá si el texto pasa a Comisión para su debate o si se queda en papel mojado. Todo dependerá de la sensibilidad de los diferentes partidos ante el sufrimiento de los enfermos y de su propia percepción estratégica, de acuerdo con su programa de marketing político.

Hay personas vulnerables y algunas muy vulnerables, pero lo peor es que, además, sean invisibles. Es el caso de los enfermos que están aquejados de sufrimientos insoportables a los que quieren poner fin, pero que no pueden pedir a su médico que les ayude a morir por la amenaza de pena de prisión que pende sobre la cabeza del facultativo si accede.

Siempre he pensado que estos enfermos son invisibles por que viven en el subsuelo de la sociedad. No se les ve en la calle, no se manifiestan con pancartas ni hacen caceroladas... Los mineros trabajan en galerías bajo tierra, pero llegan a la ciudad a protestar y lanzar sus petardos para hacerse sentir. Y como ellos otros vulnerados. Pero el enfermo harto de la existencia que le toca sufrir no es escuchado por nadie. El ciudadano de a pie no percibe el hartazgo de vivir en situaciones trágicas de enfermos que están en una UCI, en la habitación hospitalaria o en su propio domicilio, ni oye su queja y petición de ayuda para morir.

Los diputados llevan más de tres décadas ignorando esa grave situación de un buen número de pacientes. Han sido muchas, demasiadas las ocasiones en que han hecho caso omiso y, cuando casi a regañadientes han exhibido algún atisbo de preocupación, ha acabado en nada. En pocas palabras, el paciente que sufre trágicamente una vida que no quiere vivir -porque no le merece la pena una supervivencia sufriente- se queda en el subsuelo de la sociedad.

Por eso se abrió un camino de esperanza cuando Unidos Podemos registró en el Congreso un proyecto de ley de eutanasia, y esta será aún mayor si el próximo martes su proposición logra los suficientes votos de la Cámara para ser tomada en consideración y, por tanto, poder empezar a ser debatida en Comisión. Que esto ocurra no significará que se aprueba, sino que abre un camino para empezar la deliberación y el debate de una posible regulación de la eutanasia. Pero para este paso se necesita que a los votos de Unidos Podemos, padres del proyecto, se sumen los socialistas y los de varios grupos más.

El hecho eutanásico y la libertad

El mero hecho de iniciar un debate sobre la eutanasia el Congreso estará reconociendo el hecho eutanásico, es decir, que hay no solo eutanasias clandestinas como en tantos lugares, sino que hay enfermos que reclaman morir y que hasta ahora están siendo torturados, violentando su libre voluntad, y se les condena de por vida al sufrimiento porque se les prohíbe decidir libremente su muerte.

Hemos de ser conscientes de que cada año mueren en España más de cuatrocientas mil personas, de que las condiciones en que viven muchos de los que están cercanos a la muerte no son satisfactorias y de que por sus dolores físicos y morales, por su cansancio de la vida, por la inutilidad y falta de sentido de su existencia quieren morir y necesitan ayuda. Para ellos, dadas sus vivencias y condiciones de existencia, no hay analgésicos ni cuidados paliativos que puedan no solo calmar dolores morales sino dar sentido a unas vidas que lo han perdido todo. Y en esa situación, dominada por la amenaza de las penas que marca el Código Penal, es grave que, igual que ayer las mujeres que querían interrumpir su embarazo tenían que viajar a un país que lo permitiera, hoy el enfermo que tiene suficientes haberes tenga que ir a Suiza -donde está permitido el suicidio asistido, pero no la eutanasia- y formar parte del llamado turismo de la muerte.

Los grupos parlamentarios de cualquier color han de reconocer que la ciudadanía ha madurado esta cuestión y está preparada para una regulación de la eutanasia y, en segundo lugar, que reclama su autonomía a lo largo de la vida. En 1988 un 53 por ciento de la población de nuestro país aprobaba las conductas eutanásicas y treinta años después ya son el 84 por ciento de los españoles. Creo que son más que demasiados para no tener en cuenta su voluntad política.

Por otra parte, está el problema de la libertad ética del ciudadano. Es posible que el médico que atiende a un enfermo y le ayuda a morir lo haga movido por la compasión por el estado del enfermo. Pero hoy los enfermos que desean morir no piden ayuda al médico sino a los parlamentarios, y no por motivos de compasión, sino exigiendo que se reconozca en una ley la dignidad proclamada en el art. 10 de la Constitución: autonomía plena del paciente, sin recortes, hasta el final de la vida. Es más, es hora de reconocer que cuando el paciente manifiesta su voluntad de morir y pide ayuda, el médico que accede a su petición no violenta ni destruye la vida del paciente sino que se solidariza a su propia voluntad autónoma. El homicidio, pues, de que habla el art. 143 CP, es meramente una coartada forzada por una moral religiosa.

Es tiempo ya para poder debatir si los ciudadanos españoles institucionalizamos definitivamente la libertad no solo a lo largo de la vida sino también en la fase final, no solo para elegir estudios, profesión, pareja con quien convivir, sino libertad para poder decidir el cuándo y el cómo de nuestra muerte, la libertad para levantarnos de la tertulia de la sociedad que nos aburre, nos pesa en exceso y hace sufrir, y poder decir definitivamente adiós.