Manuel Martín García

Presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP)

El Gobierno de Mariano Rajoy, fiel seguidor de los postulados políticos  neoliberales, pretende aplicar a la sanidad pública española la estrategia diseñada por el Banco Mundial, en los años 80 del pasado siglo, de desmantelar el Estado del Bienestar en los países desarrollados. Hace unos 20 años, este poderoso organismo internacional, dominado por las multinacionales de la salud y por países como Estados Unidos o Reino Unido, estableció, para hacer frente al crecimiento del gasto sanitario, que los usuarios de los sistemas de salud pagaran los servicios asistenciales en el momento del uso. Así pretendía reducir el consumo sanitario, potenciar los seguros privados  y reducir el gasto público.

Hasta ahora ningún gobierno se había atrevido a aplicar esta propuesta en España, por los costes políticos que podría tener, pero la crisis económica y la presión de la Unión Europea de obligar a los países a reducir gasto público para controlar el déficit,  están siendo utilizados como coartada por el Gobierno del Partido Popular para ponerla en marcha. Como consecuencia, el Real Decreto Ley 16/2012 establece - entre otras medidas, como el copago o la potenciación del aseguramiento- que el trasporte no urgente en ambulancias sea pagado por los usuarios del mismo. Este servicio permite que las personas con limitaciones físicas o enfermedades graves puedan acudir a los centros sanitarios para recibir quimioterapia para el cáncer, diálisis para la insuficiencia renal,  rehabilitación o consultas de especialistas.

Entre las razones que el Ministerio de Sanidad aduce como excusas para ponerla en práctica están la necesidad de combatir el fraude, el consumo irracional de recursos costosos o la insostenibilidad de la gratuidad del sistema (en el momento del uso). Sin embargo, estos argumentos no se corresponden con la realidad y  su aplicación puede tener una gran repercusión sobre la salud de un colectivo de personas muy necesitadas de atención sanitaria. Esta medida puede, paradójicamente, contribuir a  incrementar el gasto sanitario, la desigualdad social y la irracionalidad en el uso de los recursos.

En primer lugar, habría que recordar que la sanidad pública española es una de las menos costosas de los países desarrollados y que, en este país, la presión fiscal (que sirve para financiarla) está diez puntos por debajo de la media de la Unión Europea. En segundo lugar, las decisiones sobre los traslados son adoptadas por los médicos del sistema, por lo que, si existe abuso de las mismas, habría que actuar sobre ellos en lugar de sobre los pacientes que se limitan a aceptar las decisiones profesionales. Los usuarios del transporte no urgente en ambulancias son personas con graves discapacidades y con problemas físicos que les imposibilitan utilizar los transportes convencionales, tanto particulares como colectivos. Estos son, en su gran mayoría, pensionistas por edad o por enfermedad, y es de sobra conocido que las pensiones es este país son muy bajas (en torno a los 800 euros al mes de media), por lo que el pago de estos servicios puede suponer una carga económica insoportable para quienes los necesitan. Ello obligaría a muchos de ellos a renunciar a este transporte y a unos tratamientos necesarios para su supervivencia, para combatir el dolor, para mejorar su estado funcional o para evitar el agravamiento de sus problemas.

También hay que tener en cuenta a las personas que viven en el medio rural, que están más alejadas de los centros sanitarios, especialmente, en comunidades autónomas como Galicia, las dos Castillas o Extremadura, que tienen una gran parte de su población en estas zonas, muy dispersa y envejecida. Una parte importante de la ciudadanía tendría que hacer frente, por tanto, a grandes gastos en traslados a los centros especializados y estarían soportando una discriminación inaceptable. Además, existen numerosos estudios que muestran que los habitantes del medio rural, que no han tomado parte en las decisiones del Ministerio, tienen menos ingresos económicos y que más de la mitad de los hogares carecen de automóvil.  Por todo ello, esta medida es, además de injusta, irracional, y limitará el acceso de personas con mala salud y escasos recursos a tratamientos que necesitan.

Resulta inaceptable introducir barreras que limiten el acceso a los servicios a unos colectivos de personas con grandes necesidades asistenciales y que deberían, por ello, tener prioridad en la atención y los cuidados. Mientras se destinan miles de millones de euros a financiar  los errores y malas prácticas de los bancos, se derrocha el dinero en medicamentos innecesarios y costosos, o se abusan de los recursos tecnológicos (España presenta el mayor gasto en medicamentos y ocupa uno de los primeros lugares del mundo en consumo tecnológico, como consecuencia de la presión e influencia de la industria farmacéutica y de la electro-medicina sobre las administraciones sanitarias y los prescriptores), se pretende hacer pagar a quienes tienen menos recursos económicos y más necesidades de atención sanitaria.