Jon S. Rodríguez Forrest es arabista
Marina Albiol Guzmán es eurodiputada y responsable de internacional de IU

El eterno proceso de paz suena hoy lejano y la opinión pública de Palestina y del resto del mundo se dio cuenta hace tiempo del fracaso de los Acuerdos de Oslo. Se dio cuenta de que el Estado de Israel lo utilizó como una estrategia para continuar y legitimar su ocupación ilegal de los territorios de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, bajo su control militar desde 1967. Estos acuerdos también han servido como argumento para continuar la limpieza étnica en los territorios ocupados en 1948 que aún mantienen población palestina, como Galilea o el Neguev. En este contexto, venimos de un periodo de ausencia de información en los medios sobre lo que ocurre en el Territorio Palestino desde el último ataque sobre Gaza en el verano de 2014.

Ahora, la limpieza étnica sigue su curso a través del Plan Prawer, un proyecto para expulsar a hasta 30.000 palestinos y palestinas de sus casas en el Neguev, en el sur del país. Es un territorio desértico, con poca densidad de población, pero las autoridades israelíes están dispuestas a todo para garantizar una mayoría judía en cada territorio, obligando a miles de personas a volver a abandonar sus hogares.

Es importante recordar aquí que la transferencia masiva de población constituye un delito de lesa humanidad. También conviene recordar que estos palestinos son los que constantemente citan las autoridades israelíes para autolegitimarse, los palestinos que poseen la ciudadanía del Estado de Israel y que, teóricamente, forman parte de esa sociedad que se dice democrática.

Pero este ejemplo hace evidente que esto no es cierto. Esos palestinos son sistemáticamente discriminados y viven en un régimen de apartheid igual que el derrocado por Mandela en Suráfrica. Y así lo demuestran las más de sesenta leyes racistas aprobadas por la Knesset (el Parlamento israelí) en la última década que, entre otras cosas, les impide residir en la mayoría de los municipios del país.

El Estado de Israel es un proyecto que llega hasta el punto de robarles su propia identidad, refiriéndose a esta población a la que pretende desplazar forzosamente como beduinos-israelíes o árabes-israelíes. Nunca como palestinos.

La propaganda y los lobbies israelíes extienden sus tentáculos, tejiendo una poderosa red de influencia entre políticos y empresarios de todo el mundo. No sólo a través de la todopoderosa American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), que dona dinero a los principales candidatos presidenciales estadounidenses, sino también aquí, en la Unión Europea. Hace pocos días vimos cómo el eurodiputado del PSOE Juan Fernando López Aguilar acudía junto a otros colegas de la Eurocámara al territorio palestino.

Estaban invitados por Bnei Brith, una organización internacional encargada de difundir el ideario sionista que justifica la eliminación del pueblo palestino. Allí, los eurodiputados posaron sonrientes en los asentamientos ilegales con un grupo de soldados ocupantes y se fotografiaron con orgullo frente al muro de la vergüenza. Ese muro que, junto con los checkpoints, recorre el interior de Cisjordania como una cicatriz que la cuartea en decenas de pequeños territorios que imposibilitan la viabilidad de un Estado. Organismos internacionales como Naciones Unidas o Cruz Roja han condenado en repetidas ocasiones este muro, que no está construido en una frontera, sino dentro de un territorio ocupado.

La máquina de propaganda israelí sabe bien que uno de los principales enemigos de sus crímenes son los movimientos de solidaridad internacional, que se extienden y organizan cada vez más para tratar de frenar este caso de colonialismo propio del siglo pasado a través de la toma de conciencia y de diferentes acciones pacíficas. Una de ellas es el denominado BDS: el Boicot, las Desinversiones y las Sanciones a las empresas cómplices de la ocupación israelí. Se trata de una forma de protesta económica que ya funcionó contra proyectos similares como en la Suráfrica blanca.

Son muchos los municipios en el Estado español, como Rivas Vaciamadrid, donde la izquierda ha aprobado mociones para adherirse a esta campaña. Y la reacción de los poderes económicos a través de sus lobbies es constante, con enormes presiones, cartas y amenazas de acciones legales por parte de la embajada israelí y sus socios.

El Gobierno israelí llegó a decir que el BDS es una amenaza para su existencia y sus aliados no tardaron en tomar medidas. Por ejemplo, en el Estado de Nueva York se ilegalizó el BDS y se prohibió la promoción de esta campaña en público, bajo amenaza de denuncias a cualquier colectivo que la ponga en práctica, lo que supone una auténtica caza de brujas.

Esta maquinaria de propaganda sigue funcionando en direcciones perversas y llega a justificar sus atrocidades amparándose en otro tipo de derechos. Es el fenómeno conocido como pinkwashing, con el que el Estado de Israel pretende mostrar una imagen al mundo de país defensor de los derechos LGTBi, poniendo en marcha campañas publicitarias que promocionan, por ejemplo, la celebración del Orgullo Gay en Tel Aviv (utilizamos gay de manera consciente, pues dista mucho de reivindicar la diversidad de identidades sexuales y de género que reivindicamos en nuestros Orgullos LGTBi).

No entraremos a valorar la realidad de las personas LGTBi en un Estado de naturaleza religiosa donde no existe una ley que regule uniones o matrimonios civiles, porque sería cínico hablar de igualdad en el Estado de Israel. Un Estado que discrimina, agrede, y asesina sistemáticamente a su población histórica.

Cuando lanzan bombas sobre Gaza, encarcelan a adolescentes por lanzar piedras, levantan muros en Cisjordania, o tirotean a manifestantes en Galilea, nadie pregunta si son homosexuales, bisexuales, o heterosexuales, o si son transgénero o cisgénero. Las redes internacionales de personas LGTBi organizadas contra esta instrumentalización de sus derechos son ejemplo de resistencia frente a las que pretenden mercadear con nuestras luchas para imponer su agenda opresiva.

En los últimos meses hemos visto linchamientos públicos de palestinos en plena calle, policías y militares israelíes disparando y  agrediendo a civiles, o familias que no han podido ni recibir el cadáver de unos hijos asesinados por las autoridades de Israel que los tenían bajo custodia sin acusación. Es obvio que ha habido una escalada consciente de la tensión.

Frente a ello, ha habido algunos y algunas adolescentes palestinas que han salido y cometido actos violentos cegados por la ira y la desesperación. De ningún modo son justificables y casi todas las organizaciones políticas y sociales palestinas los condenan. Pero no debemos olvidar lo que se esconde detrás. Vienen de una población que tiene hasta 7.000 presos y presas en las cárceles, incluidos 500 niños y niñas, sin juicio ni acusaciones particulares.

En el último año han sido asesinados 20 israelíes en acciones violentas individuales. También han sido asesinados más de 200 palestinos y palestinas en acciones programadas llevadas a cabo por el Estado de Israel o por grupos armados de extrema derecha con los que actúa en connivencia. Los altavoces de Israel han llamado a este fenómeno la Intifada de los Cuchillos, por la herramienta utilizada por los atacantes palestinos.

La reacción israelí la anunciaron el pasado 9 de junio el primer ministro, Benyamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, el ultra Avigdor Lieberman:  Israel destinará dos nuevos batallones de ocupación a Cisjordania, revocará los permisos de entrada a Jerusalén de 80.000 palestinos y palestinas para las celebraciones del Ramadán y los permisos de trabajo a más de 200 personas del entorno social y familiar de los atacantes. Esto demuestra su escaso interés por la paz, para así poder seguir instrumentalizando la violencia y mantener la ocupación y continuar con la limpieza étnica hasta hacerse con el control total del territorio.

La vida de las palestinas y palestinos, su presencia en el territorio y su existencia, es un acto de resistencia en sí mismo. Como bien dice la diputada palestina Haneen Zoabi, la propuesta que hacen de paz es el fruto de un compromiso histórico. Un compromiso al que las palestinas y palestinos llegan en un ejercicio de generosidad, aceptando ceder una parte importante de su territorio, aceptando una presencia externa en su tierra que lleva desde 1948 perpetrando una limpieza étnica y que niega a los 5 millones de refugiados palestinos diseminados por Oriente Medio el derecho a siquiera pisar su tierra. Es el compromiso de vivir codo con codo si acaban las agresiones e intentos de eliminar al pueblo palestino y sus raíces. Y es un compromiso que el Gobierno Israelí ha vuelto a rechazar.