Estamos demasiado acostumbrados a reaccionar a las injusticias cuando ya es demasiado tarde. A pesar de que un sinfín de movimientos sociales y medios progresistas llevan tiempo denunciando las mentiras torticeras de seudomedios como Ok Diario, Diario Crítico o El Imparcial, elaboradas sin otro propósito que el de generar odio y desinformación, hoy por hoy no existe una condena unánime contra la manipulación mediática. No logro entender en qué momento la falta absoluta de crítica contra los medios que difunden informaciones falsas por parte de quienes se empecinan en defender a sus medios afines se ha impuesto a una feroz batalla colectiva contra la indefensión que produce en cualquier sociedad la proliferación de desinformaciones. Si el periodismo es considerado como el cuarto poder por el potencial democratizador que afortunadamente contiene, defender su integridad debería ser casi un deber ciudadano. Si cuando los medios se recrean en su afán de publicar, año tras año, fake news, no existe un castigo social masivo hacia su actividad, esos mismos medios tienen carta blanca para perpetuar sus malas praxis. Decidir que no vamos a seguir soportando todo ello constituye un acto de justicia y defensa de la democracia. 

Si la ultraderecha ha logrado arrasar en los últimos comicios al Parlamento Europeo en países como Francia, España, Austria, Países Bajos o Alemania ha sido, en buena parte, porque su estrategia manipuladora a través de las redes ha dado frutos. La retórica del miedo a la amenaza externa, el belicismo y el odio ciego han triunfado y prueba de ello han sido los resultados electorales del 9 de junio. Por desgracia, toda esta narrativa fascista de largo recorrido afecta desde hace años en España a las minorías, situadas en el centro de la diana y convertidas en enemigos públicos nº1 de los autodenominados "patriotas". En los últimos años hemos contemplado cómo la vorágine desinformativa ha contribuido de manera atroz a deshumanizar y estigmatizar cruelmente a grupos sociales ya de por sí minorizados. Esta suerte de bullying mediático ha sido orquestado por parte de medios generalistas y muy populares en España, los cuales se han dedicado a legitimar, por poner un ejemplo, la discriminación social y laboral a las personas migrantes, a través del retorcido y falso discurso de que estas personas son potenciales delincuentes y/o violadores. 

Son los mismos medios que inflan a su antojo las cifras de denuncias falsas de violencia machista para desacreditar a las feministas y devaluar la voz de las que se atreven a denunciar mientras ellos vociferan que "la violencia no tiene género" y que no existe un trasfondo estructural que explique la feminización del maltrato. Recordemos que, en el debate electoral de 2019, Santiago Abascal afirmo que el 86% de denuncias por violencia de género habían sido archivadas en España. Ese dato había sido previamente publicado en un informe de Mediterráneo Digital, medio que habitualmente difunde informaciones no contrastadas o directamente falsas. De hecho, la Fiscalía afirmó ese año que solo el 0,0075 % de las denuncias por violencia de género son falsas, aproximadamente 153 de cada dos millones de denuncias. 

La proliferación de bulos ha infectado también a las cifras sobre ocupación de viviendas en el Estado español. Tanto el PP como Vox han reproducido un discurso que sitúa la ocupación como el primer problema de la vivienda en España, un mensaje amparado en datos procedentes de medios afines como Ok Diario. Según datos de la Fiscalía, en España el parque inmobiliario supera los 25 millones de viviendas, los pisos con problemas de ocupaciones apenas representan el 0,01%. En el caso de Catalunya, el territorio con más ocupaciones, el 97,7% de los pisos ocupados en 2022 estaban deshabitados, según los datos de los Mossos d’Esquadra. Da igual que no exista, por tanto, ningún dato que sustente que en España hay un problema real de ocupación, sin embargo, la inmensa cantidad de bulos alimentados por la derecha a través de sus medios incrementa cada día el estigma hacia las personas desahuciadas. 

Esos mismos medios también han alimentado hasta la saciedad un discurso de odio basado en datos infundados contra los menores extranjeros no acompañados (mal llamados Menas como forma de despojarles de su humanidad). Vox financió una campaña publicitaria con mensajes que incluían datos falsos como como "un mena 4.700 euros al mes, tu abuela 460 euros de pensión al mes", del que muchos medios se hicieron eco. 

Mientras estos medios, en su mayoría financiados por grupos y organizaciones de ultraderecha a través de publicidad, difunden quimeras racistas y misóginas, grupos sociales vulnerabilizados se convierten en el blanco de quienes compran ciegamente esos discursos de odio. En el mejor de los casos, la proliferación de desinformaciones puede causar daños en la reputación de una o varias figuras de la política. No obstante, para la mayoría de nosotras el impacto de todo esto es mucho más hondo: aumento del estigma social hacia quienes pertenecen a colectivos históricamente oprimidos (pongamos, por ejemplo, al LGTBIQ+ o las personas migrantes) pero también la legitimación de la violencia, tanto la policial como la ciudadana, contra estas minorías. 

Cuando todos estos datos falsos y malintencionados se refutan, ¿qué castigo social reciben los periodistas que los escribieron y publicaron? ¿Caen en picado las suscripciones de estos medios una vez se descubre las mentiras que han vertido una y otra vez? Quizás todo esto nos permita reconocer que hemos tocado fondo en un asunto casi endémico en el mapa periodístico español, algo que está empañándolo todo de fango y fortaleciendo a la ultraderecha a costa de nuestras vidas. Vanessa Lillo, exdiputada de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, no se equivocaba cuando afirmó recientemente ante este medio que la derecha había ganado la batalla ideológica en las redes sociales (que muchos consideran nuevos medios de comunicación) y ahí había sabido perfectamente hacer calar su discurso entre los más jóvenes. Los datos así lo corroboran: En TikTok Vox tiene más de 400.000 seguidores, mientras que el Partido Popular y PSOE no llegan a los 40.000. De alguna manera, explicaba ella, el discurso neoliberal de youtubers como Llados o Elxocas, resulta realmente atractivo gracias a su defensa de una libertad envenenada, que nada tiene que ver con la garantía de derechos. Sin embargo, la izquierda es percibida por muchos jóvenes de mi generación como prohibitiva y restrictiva. 

Por esto, pasar del calentón momentáneo a la pelea organizada y transideológica contra la manipulación por una simple cuestión de salud democrática y justicia social contra el auge de los discursos fascistas es esencial para avanzar. No podemos cerrar medios de comunicación ni imponer multas millonarias a quienes no tienen límites a la hora de publicar barbaridades en perjuicio siempre del más débil. Podemos ya se ha puesto manos a la obra en este sentido y ha exigido al PSOE la elaboración de una Ley de Medios que regule los contenidos publicados con el fin de evitar que circulen fake news de cara a "democratizar el poder de los medios de comunicación frente al dominio de una derecha mediática que está en posiciones golpistas", en palabras de Belarra. Más Madrid, por su parte, ha defendido que se regule la publicidad institucional destinada a los medios a través de una ley que "sirva para poner coto a la publicidad que reciben determinados medios", como defendió Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea autonómica. 

Por desgracia, cualquiera que se dedique al periodismo debe temer el riesgo que conlleva conceder a cualquier Gobierno el enorme poder de legislar sobre la actividad de la prensa sin que esto acabe derivando en una censura de los medios críticos con el poder. Mientras algunas instituciones estudian cómo afrontar esta profunda problemática, desde la ciudadanía sí podemos negarnos tajantemente a consumir informaciones procedentes de aquellos medios que tienen por costumbre publicar datos falsos. Podemos denunciar y reportar en las redes todas aquellas publicaciones donde se comparten contenidos sin contrastar ni verificar. 

Está en nuestras manos elegir pagar por medios que sí garantizan información de calidad, contrastada y sin intenciones espurias, ya que esa es la única forma real de que puedan seguir desarrollando su labor en un panorama mediático cada día más feroz y dominado por la derecha. Se trata de reconocer a aquellas periodistas que invierten su tiempo e incluso en muchas ocasiones su salud mental en informar sobre lo que ocurre a miles de kilómetros, a las que dan voz a los grupos más vulnerabilizados y silenciados y a quienes, a pesar de todo, siguen ejerciendo un periodismo valiente y comprometido. Solo así podremos contrarrestar a los que en lugar de construir, solo generan ruido para destruir y fabricar más odio.