Ariel Jerez

Profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense y colaborador de Ce_Aqua.

La denuncia de la "cultura de la impunidad" en nuestro país es reciente. El de la memoria fue un movimiento "madrugador" en este aspecto, que empezaría a ganar nuevas aristas con el 15M. Hasta ese momento, los espacios y organizaciones con memoria (principalmente los vinculados al PCE) se limitaban a conmemorar a militantes antifranquistas, pero a lo largo de las décadas de democracia no tomaron iniciativas ni jurídicas ni culturales significativas contra la impunidad. Fue recién ya con el siglo XXI cuando la generación de l@s niet@s de las víctimas republicanas empezó a trabajar para denunciar la cultura de la impunidad y demandar una nueva "cultura de los derechos humanos".

En el largo proceso judicial con el que la Audiencia Nacional acabó dando portazo a la querella que decenas de colectivos y organizaciones de víctimas habían interpuesto en diciembre de 2006, quedó claro que la conservadora justicia española no atendería sus demandas. También a la sociedad española le empezaba a quedar claro que nuestra democracia no era tan modélica como nos la venían pintando: se permite juzgar dictadores y genocidas de otros países, pero no los propios; se puede hacer escuchas  a los movimientos sociales, pero no a los corruptos; se permite a los bancos desahuciar a los hipotecados por escasos impagos, pero permiten a los bancos perdonar las abundantes deudas electorales de los partidos. Por supuesto, a los banqueros, ni con pluma judicial se les toca, pero si ha habido casos ineludibles, el gobierno de turno los ha indultado con urgencia –sea del PP o del PSOE-.

Haciendo uso del principio de justicia universal en Argentina, víctimas y represaliados del franquismo han interpuesto una querella que está viviendo momentos importantes ante las presiones gubernamentales y condicionamientos empresariales que se manejan en la geopolítica trasatlántica de nuestros países. Es por ello que una comitiva de la Coordinadora Aqua  (@Ce_AQUA en Twitter), que coordina a los demandantes de esta querella en todo el Estado, está hoy presente en Buenos Aires. Allí han sido recibidos calurosamente por las organizaciones de derechos humanos, que han organizado su propia plataforma de apoyo local; también por la representantes de la Cámara de Diputados han firmado una declaración de enérgica condena de la situación de impunidad mantenida en España, dando apoyo explícito a estas demandas de verdad, memoria y justicia, al tiempo que solicitado votación del Pleno sobre la misma. A diferencia de aquí, con importante cobertura en los medios de comunicación.

Dentro de los actos previstos, el próximo sábado 7 de septiembre ante la reunión del Comité Olímpico Internacional, está la denuncia de la candidatura de Madrid como "ciudad olímpica de la impunidad". Y lo harán en presencia de príncipes, presidentes, ministros y alcaldesa, hoy sospechosos de corrupción para buena parte de la ciudadanía española. Pero los "buenos "españoles" insisten en sus comentarios a estas noticias en webs y redes sociales que "no hay que mezclar deporte y política", que "Madrid es una ciudad moderna y cosmopolita", y en última instancia que esto perjudicaría a España, que con las olimpiadas ayudaría al crecimiento económico y la salida de la crisis. Frente a estos argumentos cabe señalar el valor de lo simbólico y lo perjudicial de la propaganda política.

Nos guste o no, un mapa de Madrid, con más de 200 calles, plazas, monumentos que homenajean a serviles funcionarios cuando no encarnizados represores del régimen (sin contar sagrados corazones, santos y ángeles en el caso de colegios públicos) no puede ser considerada una ciudad ni tan moderna ni tan cosmopolita. Pero, sobre todo, es necesario entender qué los símbolos políticos son como señales de tráfico para la ciudadanía: si vivir en la calle que homenajea por ejemplo a los Caídos de la División Azul, o en la dedicada al sanguinario represor africanista General Yagüe, puede hacer sentir bien a unos cuantas docenas de personas que viven en esas manzanas, pero hay cientos o miles que, a pesar de haberse acostumbrado, les gustaría que se llamasen de otra manera. Lo relevante es que esta simbología forma parte clave de ritualismos interiorizados que nos dicen "las cosas no han cambiado tanto". Así los poderosos se benefician de las inercias de la cultura del miedo y de la obediencia tan trabajadas por el franquismo (a la que tan poco atención han prestado los analistas de nuestra cultura política).

Como miembro de una comunidad universitaria irresponsablemente conservadora, olvidadiza y pasiva en su política de memoria, es preciso recordar que nuestra ciudad universitaria alberga calle para homenajear a José Ibañez Martín, ministro de educación franquista responsable del "atroz desmoche" que depuró 35 por ciento del profesorado complutense. Y también cubrió su lugar con las lamentables "oposiciones patrióticas", cuyas huellas (epistémicas) se dejan sentir hasta hoy día –sobre todo en la facultad de derecho, inmune a la cultura de los derechos humanos-.  Como recordaba el profesor Otero y Carvajal, este señor hizo valoraciones como la que sigue, que vale la pena citar en extenso "era vital para nuestra cultura amputar con energía los miembros corrompidos, segar con golpes certeros e implacables de guadaña la maleza, limpiar y purificar los elementos nocivos. Si alguna depuración exigía minuciosidad y entereza para no doblegarse con generosos miramientos a consideraciones falsamente humanas era la del profesorado". Simplemente fascistas, promotores de la ignorancia activa que todavía pagamos.

Como en Bienvenido Mister Marshall, la propaganda olímpica nos hace creer que nos viene a sacar de la miseria. Lo primero que no debemos olvidar es que las elites políticas y económicas que gestionarían ese "botín" presupuestario, son las mismas que nos tienen postrados en la crisis que ellos han programado en connivencia con las elites globalizadoras. En segundo lugar, con la imagen del malogrado "estadio de la peineta" al fondo, cabe recordar que no necesariamente crecimiento económico es igual a bienestar social. Son muchos los colectivos de profesionales y los movimientos urbanos - como el Observatorio Metropolitano, antes el "V de Vivienda" y el 15M- que han denunciado el nefasto impacto que tendrían tanto sobre espacios y poblaciones urbanas, como sobre presupuestos, políticas públicas y sociales.

Sin duda, la cultura de impunidad de la dictadura está conectada con la de la democracia. Estas élites impunes que se reparten corruptores sobres y dejan borrar discos duros en causas judiciales, caminan muy poco por las calles. De garaje en garaje, de moqueta en moqueta, les da igual que cierre el pequeño comercio, que desaparezcan los músicos callejeros, que en cada esquina aparezcan extractivas franquicias, y sobre todo de casas de apuestas –el juego de azar, por antonomasia, la estrategia franquista  de movilidad social para los de abajo, tan escenificada en las fiestas de navidad-.

Los académicos bienpagados como Ansón, con su ancho acceso a la esfera pública, insisten en que Eurovegas y las olimpiadas traerán el "fulgor" a Madrid. Pero "lo que pasa en Eurovegas, en Eurovegas se queda", como ironizan los creativos Pony Bravo obligándonos a pensar desde el "miedo y asco". De hecho, como acaba de denunciar ATTAC, la empresa promotora está pagando en EEUU millones para llegar acuerdos judiciales ante solventes acusaciones de estar vinculados al narcotráfico. El empleo que nos espera será de camareros y ¿de prostitución y camellos?. Todavía no hemos puesto en la balanza el dinero público a gastar en curar adicciones de todo tipo, y en controlar la criminalidad que traerá este negocio.

Dentro de esta cultura de la impunidad, las élites se sienten dioses. Pero como simples mortales que son, solo la aprovechan para aumentar su campo de depredación moral y material. Sólo la construcción de poder ciudadano puede detenerlos. Es necesario tener memoria para tener futuro, entre otras cosas, señalando a los culpables en los juzgados. En eso están ayudando las antes víctimas del franquismo, hoy militantes de la memoria y los derechos humanos.