El coronavirus no sólo ha paralizado el mundo, también ha dejado entrever que el viejo mundo se muere. Pero el nuevo tardará en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos, decía Gramsci. Pues estamos en tiempos claroscuros y tendremos que batallar con muchos monstruos. Hay que preguntarse sobre estos monstruos y las razones de su emergencia.

El pasado 28 de febrero, una delegación de importantes movimientos sociales de Catalunya tuvo una reunión con los grupos parlamentarios. Dos cuestiones se trataron: la denuncia sobre cómo se gestiona el cuidado (las residencias de ancianos, la precariedad en atención domiciliaria, las instrucciones regresivas en sanidad, etc) y el rechazo contundente al proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2020 por ser antisocial.

Entre otros movimientos sociales, "Metges de Catalunya"y Marea Blanca criticaron la falta de financiación de la sanidad pública, además de provocar una sobrecarga en atención primaria, enquistando las listas de espera con más de 181.000 pacientes pendientes de intervención quirúrgica, con una media de espera de 146 días y provocando la pérdida de 860 médicos de familia de atención primaria en los últimos 10 años.

Los datos están ahí y nos dicen que vamos a estar peor: el presupuesto para sanidad en 2010 era de 9.875 millones de euros, para 2020 es de 9.789. Teniendo en cuenta la inflación acumulada en dicho periodo en Cataluña (16,3%), el presupuesto real en capacidad de compra equivalente a 2010, se reduce a 8.190 millones de euros.

En relación al gasto social para dar cumplimiento al derecho a la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), el maquillaje de las cifras no resiste la comparación con los datos reales y pone en evidencia la insuficiencia del proyecto presupuestario. Se resalta que el presupuesto incrementa en 125 millones la partida para la RGC de 2017, pero no se dice que si se compara con el gasto en RGC en el ejercicio de 2019, en realidad son un incremento de 40 millones. ¿Qué significa? Que la gran mayoría de personas y familias en situación de pobreza severa (cerca del medio millón en Catalunya en 2018) no tendrán acceso a dicha prestación vulnerándose sus derechos.

Otro ámbito crucial para conseguir una cohesión e igualdad social: la educación.  La Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (FAPAC), que alberga a 2.330 AMPAs catalanas, ha denunciado que el incremento respecto 2017 es ficticio: dicho presupuesto no tiene en cuenta el incremento de 111.024 alumnos entre 2010 a 2020. Por tanto, se oculta que, en términos reales, el presupuesto por alumno en la escuela pública se ha reducido un 22,3%.

Además, la crisis de la pandemia deja obsoletos unos presupuestos insuficientes y antisociales. Las políticas de recortes sociales y privatizaciones aplicadas por los gobiernos de la Generalitat desde los tiempos del gobierno presidido por Artur Mas, abanderado de las políticas austericidas neoliberales en la famosa entrevista concedida al periodista Jordi Évole, y continuado por los gobiernos de coalición entre JuntsxCat y ERC, son responsables directos del deterioro de la sanidad pública, de las residencias y de la clara insuficiencia de la protección social en Catalunya, en provecho de la minoría priveligiada adinerada de Catalunya, donde 76.000 de estos declaran impuesto por patrimonio con una suma total de 193.492 millones en patrimonio, y donde las cuatro grandes fortunas catalanas poseen 15.000 millones. Reflejo de la desigualdad creciente en Catalunya, fruto de rebajas fiscales sobre la renta y la riqueza acompañado de menor gasto social en Catalunya respecto de la media europea y por debajo de la española.  A eso añadimos el fraude fiscal y la evasión a paraísos fiscales, con escándalos notables como el de la familia Pujol -son la punta del "iceberg"-  y ya tenemos el plato final. El impacto de la Pandemia ha puesto en evidencia la inhumanidad de dichas políticas y los elevados costes de sus consecuencias sociales y económicas. El sistema ha quedado obsoleto para atender las necesidades sociales inmediatas y futuras.

Es importante que en los claroscuros hacernos preguntas para evitar los monstruos.  ¿qué pretende el gobierno de la Generalitat con la aprobación de los presupuestos? Llama la atención que ERC y PdCAT rechazaran en febrero de 2019 los presupuestos generales del Gobierno de España, que suponían una inyección de unos 2.050 millones de euros adicionales a la Generalitat (700 millones de inversión directa y  la entrega de 1.300 millones en retrasos). Los que no apoyaron dichos presupuestos perjudicando a la ciudadanía catalana con esa decisión, ahora insisten en la aprobación de unos presupuestos completamente desfasados ante las nuevas necesidades. El mínimo sentido de la responsabilidad y el buen gobierno aconsejan, una vez que el Gobierno de España ha retrasado con motivo de la pandemia la presentación de los nuevos presupuestos, retrasar también las cuentas de la Generalitat. De esa forma Catalunya podría planificar unos presupuestos sociales en la línea que está impulsando el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. No olvidemos que ante una crisis como la que estamos viviendo es fundamental que las autonomías asuman su parte de la responsabilidad de Estado, más allá de sus propios intereses nacionales. A nadie se le escapa la enorme deslealtad institucional ejercida por el Govern de la Generalitat durante la gestión de la pandemia, criticando constantemente las acciones del ejecutivo estatal, con poco o ningún fundamento.  Ante el creciente descrédito del gobierno de la Generalitat en la gestión sanitaria de la pandemia, de las residencias y de la escandalosa insensibilidad social ante las necesidades de la población vulnerable, dichos presupuestos además de estar desfasados contribuirán, en caso de aprobarse, al crecimiento del malestar social y político en Catalunya. Sin embargo,  el interés de la coalición del Govern por ganar tiempo, eludir el debate público y aplazar dar cuentas de su pésima gestión, así como condicionar el futuro del nuevo gobierno con unos presupuestos obsoletos y antisociales, explican su cerrazón e insistencia en aprobarlos el próximo 24 de abril.

La aprobación de unos presupuestos a tres niveles, municipal, autonómico y estatal, era una propuesta que podía tener sentido en un contexto precrisis de la covid-19, pero que ahora necesita claramente un replanteamiento para adaptarse al contexto actual. El presupuesto de cada administración debe respondes a sus competencias y recursos, con un debate transparente ante la mirada crítica de la ciudadanía. Un buen presupuesto en un ayuntamiento sufrirá inevitablemente serias limitaciones si el presupuesto de la comunidad autónoma es insuficiente, transfiriendo al ámbito del ayuntamiento la carga de atender las necesidades sociales no satisfechas. Del mismo modo, si el presupuesto del estado es más social, también se beneficiarán en cascada el resto de administraciones. La Generalitat de Catalunya tiene instrumentos, como ha demostrado en el pasado, para prorrogar los presupuestos y adoptar aquellas medidas y decretos necesarios para responder a las urgencias y necesidades extraordinarias. Y es que sólo desde una nueva legitimidad democrática, tras nuevas elecciones a la Generalitat cuando finalice el confinamiento, una vez constituido el Parlament y formado el nuevo gobierno, podrá encararse la elaboración de unos presupuestos a la altura de las nuevas necesidades. Necesidades que aun estar por saber y cuantificar. La factura de la crisis no la pueden pagar nuevamente los de siempre.