Miren Etxezarreta
Catedrática emérita de Economía Aplicada de la UAB
A primeros de diciembre se generó una gran expectativa acerca de la propuesta de los dirigentes Merkel y Sarkozy para la cumbre europea del 9 de diciembre. Una vez más, se hacía referencia a una propuesta y una cumbre “históricas” –ya van siendo bastantes– y parecía que de ambas tenían que salir medidas clave para resolver los graves problemas que se le presentan a la Unión Europea, y en especial a la eurozona.
Los dos mandatarios (Merkozy) presentaron una propuesta en la cumbre que fue enseguida aprobada por casi todos los países de la UE. Incluso los que no están en el euro la han aceptado también, aunque Hungría, la República Checa y Suecia han de consultar todavía a sus países y Reino Unido la ha rechazado.
El show Merkozy ha supuesto poco más que una demostración del poder de ambos dignatarios en la Unión y una intensificación de lo que la UE sostiene desde mayo de 2010. El aspecto más destacado es que se “armonizarán” las políticas fiscales, lo que significa principalmente que el déficit estructural del presupuesto tendrá un límite del 0,5%, que habrá de integrarse en las constituciones de los países y ser monitoreado por el Tribunal de Justicia de la UE; y que habrá correcciones y sanciones automáticas a los países no cumplidores, con incremento de las sanciones. La política fiscal, que hasta ahora gozaba de cierto grado de libertad, queda en adelante sometida a las autoridades de la Unión.
Se han añadido otras medidas, como que las decisiones no se tomarán por unanimidad, sino con una mayoría del 85% –lo que supone que Alemania, Francia e Italia tienen derecho al veto pero no España–, así como respecto al Fondo de Estabilidad permanente; con algunas más de carácter menor.
Sin embargo, al mismo tiempo se impide que el BCE tenga un papel más activo para resolver los problemas: se afirma que este no emitirá eurobonos, aunque parece que su gobernador (Draghi) no los descarta del todo; que no se emitirán avales europeos; que no se ampliará la compra masiva de bonos de los estados con dificultades; medidas que realmente podrían paliar los problemas financieros de los países periféricos. Por el contrario, el BCE ampliará los plazos para dar créditos al 1% a los bancos privados –de 3 a 36 meses– y estos pueden prestar a los estados, pero no prestará ni al FMI ni a los fondos de rescate europeos. Si los estados necesitan fondos tendrán que pedírselos a los bancos privados, a los mercados. Como el BCE por ley no puede ayudar directamente a los estados, se acude a la rocambolesca vía de que ¡los estados europeos bilateralmente presten al FMI 200.000 millones de euros, para que les ayude a ellos! Se insiste en la recomendación de realizar rápidamente cambios estructurales, en especial la reforma laboral, la de la negociación colectiva, las privatizaciones y el adelgazamiento del Estado del bienestar. Por supuesto, no hay ayudas para políticas activas de crecimiento, para la recuperación económica, ni para políticas sociales.
En conjunto se refuerza la austeridad, se dan importantes facilidades a la banca privada, se estrechan los márgenes para la actuación del BCE de apoyo a los estados y se hacen potentes sugerencias de reformas estructurales. En definitiva, vuelven insistentemente a lo que más importa: apretar con dureza a las poblaciones de los países con problemas bajo el argumento de reducir el déficit y disminuir la deuda.
Todas estas medidas, que tienen un gran impacto negativo en los países periféricos, no serían tan dañinas si la UE tuviera una política económica compensatoria de apoyo a las economías de los países. Pero de esto no existe ni el más mínimo rastro, sino que se percibe una decidida voluntad de no hacerlo (disminución del presupuesto de la UE). Con lo que la política económica de la UE es sólo recesiva y represiva.
En España el nuevo Gobierno ya ha afirmado que seguirá fielmente la normativa europea. De hecho, los límites al presupuesto y la prioridad del pago de la deuda ya se introdujeron en la Constitución con prisas por el Gobierno anterior. Lo que obliga a drásticos recortes del presupuesto, la correspondiente disminución del gasto social junto con la destrucción gradual del Estado del bienestar y el estímulo a su privatización. Las primeras pistas acerca del programa del recién estrenado Ejecutivo señalan su prioridad en realizar las reformas estructurales, especialmente la reforma laboral, sosteniendo que una desregulación creciente del mercado de trabajo mejorará la creación de empleo, mientras que la patronal no se recata en exigir el derecho a utilizar a los trabajadores como mejor le plazca. Se acoge la idea de los miniempleos con entusiasmo, aunque es de temer que sean más minisalarios que otra cosa.
Después de toda la algarabía acerca de los problemas del déficit y la deuda, de las propuestas de Merkozy y de la cumbre del 9 de diciembre, llegamos al verdadero objetivo: austeridad, recortes y reformas estructurales. Sabiendo perfectamente, además, que con ello no se resuelve el problema del déficit ni de la deuda, y mucho menos de la economía de los países. No es extraño que las agencias de evaluación no se hayan dejado impresionar por toda esta parafernalia y hayan rebajado las posiciones de todos los países de la eurozona. Probablemente han percibido que todo este estrépito no cambia en casi nada la situación europea.
Lo que de verdad buscan los poderes fácticos es lo mismo de siempre. Tras el bullicio, las políticas para lograr lo que de verdad interesa: el control de los trabajadores, el deterioro de sus condiciones de trabajo, el dominio de las poblaciones, la reducción al mínimo del Estado del bienestar y el debilitamiento de la democracia, la incertidumbre y un grave deterioro económico para la ciudadanía, para que todo ello les permita recuperar rápidamente sus beneficios.
Miren Etxezarreta
Catedrática emérita de Economía Aplicada de la UAB
Cuando hace unos días empecé a escribir esta nota tenía en mente al Parlamento Europeo. No obstante, los acontecimientos económico-políticos se suceden con tal velocidad que dicho comentario ha quedado ya pequeño y la ausencia de democracia se acentúa: ahora resulta que ni siquiera los gobiernos tienen que estar sometidos a las formas de legitimidad democrática y que la única preocupación es que los mercados muestren su satisfacción con estos.
Empecemos por la única institución electa de la Unión Europea. En los últimos meses, ¿alguien ha oído hablar del Parlamento Europeo? Ha desaparecido de la escena. Frente a las enormes turbulencias que está experimentando la Unión y las importantes decisiones que se toman en su nombre, no aparece ni una sola referencia al Parlamento. A pesar de la acentuada debilidad de la democracia en la UE, y de que siempre ha sido un ente marginal en la estructura de la Unión, es la única institución refrendada por los europeos, y ni se le ve, ni siquiera se pretende que tenga la más mínima importancia.
No es sólo el Parlamento. La gestión de la crisis de la deuda está siendo regida casi en exclusiva por Angela Merkel y Nicolas Sarkozy que deciden cuáles serán los pasos que habrán de dar los culpables países deudores y los que habrán de seguir sin fisuras los 17 países de la eurozona y los 27 de la Unión. Que, por otra parte, no parecen resentir demasiado esta situación mientras puedan continuar tranquilos. Tampoco parece que a Merkel y Sarkozy les moleste que sea tan conspicuo que sean ellos solos los que decidan frente a sus 17 o 27 copartícipes nominales.
Aunque algunos órganos directivos intermedios de la Unión muestran algo más de presencia –se
reúnen los ministros, sobre todo los de Economía y Hacienda, para preparar las reuniones de sus respectivos jefes de Gobierno– al final aceptan los dictados del tándem Merkel-Sarkozy, o sirven para justificar las pomposas reuniones de Barroso y Van Rompuy, que luchan desesperadamente por parecer que mandan algo en la Unión mientras son
desautorizados por los dirigentes francoalemanes todas las veces que a estos les parece.
Toda esta evolución tenía que concluir como lo está haciendo, con el nombramiento de dos jefes de Gobierno de los países con los mayores problemas realizado por canales jurídicamente válidos, pero con el mínimo de incidencia de las ya muy desarboladas instituciones democráticas. Y cuya principal virtud parece residir en que son técnicos y no políticos. Pero los mercados están muy contentos y, sobre todo, Goldman Sachs que, una vez más, consigue que entre los principales dirigentes de los países se sitúen –o ¿ellos les sitúan?– sus antiguos empleados o un tecnócrata griego de amplio recorrido que, casualidad, facilitó la entrada de Grecia en el euro realizado.
Lo grave no es sólo la carencia democrática casi total, sino que esta dinámica no es más que la evolución natural de unas tendencias a ir disminuyendo el papel de las instituciones democráticas en la vida de los países. Se está privatizando la política, potenciando cada vez más, con mayor fuerza y con menores precauciones, el que la gestión de la vida común no la realicen los políticos –por muy insatisfactoriamente que sean elegidos– sino agentes cada vez más directos de los grandes poderes económicos. La disminución del papel de los legislativos, los lobbies empresariales, las puertas circulares, son aspectos bien conocidos desde hace tiempo en la escena política, pero los últimos acontecimientos apuntan a una potente ampliación de estas dinámicas y a la gradual sustitución de los políticos por técnicos de alto nivel de los poderes dominantes. El último y claro ejemplo son los nombramientos del jefe de Gobierno de Grecia y el de Italia, y el hecho de que son saludados con entusiasmo por los mercados y la inmensa mayoría de los dirigentes políticos y los creadores de opinión. Es curioso que los técnicos sean considerados en tan alta valía, pues parece lógico pensar que en general los políticos que mandan tienen tras ellos el asesoramiento de técnicos de no menor valía que los que ahora se ensalzan. ¿Tanto es el peso de unas pocas personas en los asuntos de Estado? En definitiva, se trata de la negación de la política.
En España se perciben también estas tendencias. Zapatero ha hecho gala frecuentemente de sus reuniones con banqueros y empresarios de primera línea y sus correspondientes técnicos para orientar la política económica, se establecen think tanks para tratar de encaminar la trayectoria del país, surgen documentos donde los técnicos pretenden no sólo realizar diagnósticos de lo que sucede, sino que aconsejan directamente a las más altas instancias (rey y Gobierno) acerca de la trayectoria que se debe seguir (véase la iniciativa Transforma España, por ejemplo), siendo parte de la recomendación la gradual dejación de la política en manos de los técnicos (aunque estos, causalidad, sean los técnicos de los poderes económicos dominantes).
La democracia, débil, imperfecta e insuficiente como es, está siendo asfixiada por los poderes económicos en aras de una muy hipotética eficacia que, además, favorece los intereses más poderosos y deteriora la situación de las poblaciones. Es un desarrollo muy grave, porque puede conducir a posiciones de dictadura práctica por parte de una tecnocracia dirigente minoritaria, muy alejada de los intereses de la población y sin ningún control social. No se abandona la política impunemente y esta degradación de la misma puede tener consecuencias muy serias en el futuro.
MIREN ETXEZARRETA
Catedrática emérita de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona
En menos de una semana, la imagen que del Gobierno del país proporcionan los medios de comunicación ha experimentado un cambio muy significativo. De reflejar un Gobierno contra las cuerdas, acosado por los mercados y las instituciones internacionales y a punto de declarar al país en suspensión de pagos de la semana pasada (16-20 junio), nos muestran esta semana (21-25 junio) un jefe del Ejecutivo que recibe felicitaciones por doquier por la valentía de las medidas de política económica adoptadas y nos dicen que tales poderes ya no consideran a España próxima a la bancarrota. Parece que todos los intratables problemas de la semana pasada están ya en vías de solución.
La Unión Europea y sus principales poderes –el presidente del Consejo, Van Rompuy, y el de la Comisión Europea, Durão Barroso– felicitan a Rodríguez Zapatero en la cumbre de líderes europeos, y Alemania y Francia, a través de sus máximos dirigentes, apoyan las medidas del Gobierno. Lo mismo hace el presidente del Fondo Monetario Internacional (FMI) en su reciente visita a Madrid y, ¡máximo acierto!, Obama expresa a nuestro presidente “su apoyo a las medidas económicas adoptadas por el Gobierno español”.
Dentro del país, a pesar de que hubieran preferido unas medidas todavía más duras, PP, PNV y CiU se abstuvieron para que el paso de la última, por ahora, de las reformas propuestas (la reforma laboral) no tenga problemas; mientras tanto, ellos pueden seguir argumentando que no apoyan al Gobierno, como ejercicio preelectoral. Hasta el gobernador del Banco de España, en su diario ejercicio de intrusismo profesional, parece aceptar que las medidas son válidas, aunque también las hubiera preferido “más enérgicas”.
Todos ellos son organismos públicos. Todos ellos se están refiriendo a severos programas de ajuste, a medidas que suponen el freno al crecimiento; al retraso de la recuperación económica; al aumento de pérdidas en el sector inmobiliario, bancario e industrial (efectos de las medidas de ajuste aceptados por el propio Gobierno); a la congelación de las pensiones y, muy probablemente, a una reforma de las mismas que perjudicará a los futuros pensionistas. También abogan por una disminución del gasto público que está poniendo en graves dificultades el ejercicio de la función pública en todas sus facetas y obligando a la sensible disminución del Estado del bienestar, potenciando la privatización de los servicios públicos (previsión del copago sanitario y otros); la reducción de los salarios de los funcionarios y al más que probable menoscabo de los de los demás trabajadores; el abaratamiento del despido; un grave debilitamiento de los convenios colectivos; y el deterioro de las garantías judiciales para los trabajadores, más un largo, largo, etcétera de consecuencias negativas para la mayoría de las poblaciones.
Para justificarlas, los órganos de poder y sus apoyos lo repiten por activa y por pasiva: son medidas muy dolorosas pero inevitables. Prácticamente sin otros argumentos. No hay otro remedio que aceptar estas medidas que, ya ni se molestan en negar, son impuestas por los especuladores financieros que se han dado en denominar mercados, aplaudidas por las instituciones internacionales y aceptadas y ejecutadas por dóciles
gobiernos.
Es muy grave que esta repetida afirmación sea falsa. Hay otras muchas medidas que se pueden tomar y muchos solventes economistas se han referido a ellas. Pero no queremos ahora detenernos en este aspecto, sino en la importancia que tiene la complicidad de todos los gobiernos y de todas las instituciones internacionales, entes públicos, aceptando, corroborando, aplaudiendo y reforzando unas medidas que sólo pueden suponer, y ya están suponiendo, un gravísimo deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de las poblaciones. Y no sólo lo están haciendo para España,
aunque nos refiramos a ellas por sernos más próximas, sino, por lo menos, para todos los países de la UE con problemas, como antes lo hicieron para los países periféricos. La inmensa mayoría de los poderes públicos mundiales –¿se exceptuarán las Naciones Unidas o saldrá también a apoyar el coro de los apologistas?– apoyan con entusiasmo las oprobiosas recetas que los mercados están exigiendo para las poblaciones de los países, exclusivamente para la obtención de mayores beneficios para los capitales financieros.
Para quienes consideran y afirman que los poderes públicos son entes neutrales, dedicados a dirimir los problemas y conflictos entre los diversos intereses de una sociedad, esta situación plantea una posición difícil de sostener. Es evidente que estos poderes públicos están del lado de los mercados, como casi siempre en la historia. Pero ahora su posición se manifiesta con una claridad meridiana.
¿Es posible que las poblaciones observen estas posiciones y el mal que les causan y sigan creyendo, como un acto de fe cuasi religioso, en los poderes públicos de cualquier nivel? ¿Son conscientes todos estos poderes, desde el FMI hasta el menor Gobierno autonómico, de que se están mostrando y actuando según la faceta más impresentable del poder político? ¿Son conscientes de que están proporcionando la evidencia de que las instituciones políticas son entes de clase? ¿Qué tipo de credibilidad en las instituciones pueden estimular con estas opciones y actuaciones? ¿Necesitan preguntarse por las razones de la desafección de las poblaciones por la política?
