Opinion · La Universidad del Barrio

En el país de la impunidad: de Federico García Lorca a José Couso, por Emilio Silva

El 14 de abril de 2010, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) presentó ante la justicia en Argentina una querella contra los crímenes del franquismo, como consecuencia de los sucesivos carpetazos dados al asunto por diferentes instancias del Poder Judicial español. Apenas una semana después se celebra en Buenos Aires un Congreso Iberoamericano de Fiscales. A él acude el entonces fiscal general del Estado español, Cándido Conde Pumpido, que mantiene una reunión con el fiscal argentino al que le corresponde la causa, Federico Delgado.
Apenas diez días después, el ministerio público argentino, dictaminó que no existía posibilidad de investigar los crímenes de la dictadura civil y militar del general Franco, puesto que ya estaban siendo investigados por numerosos juzgados españoles. Cuando los abogados de la causa argentina contra el franquismo exigieron pruebas de los juicios que se estaban celebrando en España el fiscal respondió que la información al respecto la había “obtenido en internet” (sic).
Diez meses después, el 28 de noviembre de 2010, Wikileaks filtró a numerosos medios de comunicación de todo el mundo decenas de miles de comunicaciones entre el gobierno de Estados Unidos y sus embajadas. Por ellos, se supo que el fiscal general del Estado español, Candido Conde Pumpido, se reunió en enero de 2007 con el entonces embajador de los USA en España, Eduardo Aguirre, a quien garantizó que los intentos de la justicia española por juzgar a los tres militares norteamericanos, responsables del asesinato de José Couso, no irían a ninguna parte. Por las mismas filtraciones se conoció que la entonces vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró estar “muy encima del caso”.
Se trata, sin duda, de actuaciones delictivas orientadas a la prevaricación, la obstrucción a la justicia y la negación de la independencia del poder judicial. En ambos casos, se trata de la protección de los autores de graves violaciones de los derechos humanos y de la capacidad del poder judicial español de independizarse de la justicia y responder a intereses generados en ámbitos políticos. IMG_5017
El franquismo, que fue una enorme máquina de corrupción social, ha dejado nuestra sociedad repleta de secuelas que lastran el desarrollo de unos poderes del Estado plenamente democráticos. Es esa la razón por la que existen en nuestro país víctimas de primera, de segunda y de tercera clase, dependiendo de la interpretación que haga la oligarquía española de si la reparación de daños y la persecución de culpables debe ser vetada o concedida, convirtiendo los derechos y la justicia en una suerte de suerte caciquil.
Ver a Ascensión Mendieta viajar a Buenos Aires, con 88 años, a pedir ayuda a la justicia argentina para encontrar los restos de su padre, asesinado por los franquistas en 1941 o a Maribel Permuy, madre de José Couso, luchando año tras año por conseguir sus derechos es la mejor explicación de cómo la impunidad se ha convertido en una cultura en nuestro poder judicial, un hábito, un sistema que opera de manera ajena a lo escrito en las leyes. Tenemos una de las justicias más politizadas y una de las sociedades más despolitizadas.
El Estado debe reparar daños y garantizar derechos y su actuación no puede depender de si el causante del daño quiere una España grande y libre o un imperialismo sin consecuencias.
La precisión con la que un tanque pudo ver a través de su mira telescópica a un operador de cámara asomado a un balcón en el Hotel Palestina de Bagdag es la misma con la que un tribunal castrense de Guadalajara condenó a muerte a Timoteo Mendieta sólo con leer que había participado en la lucha sindical de la Segunda República.
Los jueces españoles llevan años aplicando una Ley de Amnistía, para evitar la condena a quien sea condenado, como un impedimento para llevar a cabo una investigación que alcance una condena.
Cuando en octubre de 2008, desde la Sala 5 de la Audiencia Nacional, se intentó abrir una causa contra los crímenes del franquismo, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó: “A Franco ya lo ha juzgado la historia”. Eso quería decir que no lo iban a juzgar los hombres. Las víctimas de violaciones de derechos humanos han construido con su lucha la posibilidad de que sea la humanidad la que juzgue a los criminales. Se pueden llamar Ascensión Mendieta, Maribel Permuy, Nora Cortiñas o Rosa Parks. Todas ellas saben o han sabido que la dignidad es una necesidad humana y que el derecho a la justicia es y será un objetivo irrenunciable para la humanidad.
La pasada semana la ARMH presentó ante la justicia argentina la única documentación en la que el Estado franquista reconoce el asesinato del poeta Federico García Lorca. Se ha tratado de sumar un caso más de los que han quedado alejados de la justicia. Hoy, la familia de José Couso ha vuelto a concentrarse, trece años después, frente a la embajada norteamericana en Madrid. Los dos casos, como otros tantos, chocan contra el uso político de los juzgados, pero en esa lucha esta la semilla del fin de la impunidad.