La última vez que un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) apareció en la portada de un diario nacional fue a mediados de agosto de este año, tras la fuga de 17 personas migrantes de nacionalidad argelina del centro madrileño de Aluche, con sus inconfundibles altos muros naranjas y vallas azules. El artículo de El País versaba sobre la huída, sin ahondar en el motín previo de los internos que denunciaban las condiciones a las que están sometidos, y sin reparar en un problema invisible e invisibilizado: las carencias que impiden a las personas migrantes de los CIE comunicarse con agentes, trabajadores sociales, médicos,  psicólogos y otros profesionales.

En agosto de 2017, un joven argelino al que llamaremos Said para respetar su petición de anonimato, se quedó dormido a primera hora de la mañana dentro de su habitación compartida del CIE de Aluche. Cuando despertó para acudir al desayuno a las 9 de la mañana, la puerta de la verja metálica estaba cerrada y le impedía salir al comedor. Durante una hora Said pulsó el botón de llamada y pidió en árabe que le abrieran. De repente, ocho agentes irrumpieron en su habitación, le empujaron al interior y le propinaron varios golpes, causándole lesiones en el ojo derecho, la nariz, la pelvis y los brazos, según denunció la organización SOS racismo.

Said no pudo hablar con los policías en una lengua que estos entendieran. Tampoco pudo decirles que sólo quería ir a desayunar y que una puerta se lo impedía. La única respuesta que obtuvo fueron las patadas, los golpes y los puñetazos. Este joven argelino tuvo que esperar hasta el 14 de febrero de 2018 a que el juez Ramiro García de Dios, del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, iniciara una investigación contra el director del CIE de la capital por incumplir de manera sistemática los autos de control emitidos por los magistrados. El juez trataba de hacer que se respeten los derechos básicos de los internos, tales como unos horarios regulares para solicitudes de asilo y unas mínimas condiciones de higiene, comunicación y visitas. Esta medida judicial no es la única contra el CIE de Aluche como espacio de exclusión, privación de movimiento y vulneración de los derechos humanos. Las denuncias se remontan al informe de 2009 del Defensor del Pueblo por la falta de transparencia del centro de carácter no penitenciario ante las organizaciones sociales que acompañan a los migrantes.

Dánae García, abogada de SOS Racismo Madrid, acompañó a Said durante su internamiento. Junto a otras compañeras, documentaron los hematomas que cubrían su cuerpo después de la agresión. Después de ser trasladado al servicio médico del CIE, Said fue internado durante 24 horas y en pleno mes de agosto en una celda de aislamiento sin apenas ventilación. En un principio, valiéndose del informe médico, Said quiso seguir adelante con la denuncia contra los agentes que presuntamente le habían agredido, pero cuando finalmente se paralizó la orden de expulsión y salió del centro, decidió no continuar con las acciones legales por temor a que se dilatasen en el tiempo. Ahora Said se encuentra en Francia, donde ha comenzado una nueva vida.

Esta escena es más habitual de lo que pueda parecer, según afirma la abogada y activista de SOS Racismo, debido a las grandes dificultades que hay para reconocer a los policías encargados de las seguridad de estos centros. En la mayoría de los casos, los agentes no llevan la placa de identificación visible. Cuando los internos se comunican con las organizaciones de la sociedad civil que les apoyan para denunciar alguna situación de vejación por parte de los agentes, en la mayoría de ocasiones no conocen más que el horario del turno de guardia y solo pueden hacer una descripción física de estos.

Fuente de malentendidos

Pueblos Unidos es una organización social jesuita que da apoyo legal a las personas migrantes, con traductores en los centros de internamiento y cursos formativos para estas personas. Su nuevo director, Iván Lendrino, afirma que muchos internos no entienden qué es lo que están viviendo al no poder hablar con el personal de los centros, lo que se convierte en una fuente de muchos malentendidos. "Solo puedes hablar con una minoría de los internos que hable tu idioma y vienen a visitarte sin poder hablar con quienes te visitan. El nivel de aislamiento que eso genera es muy elevado". Otro de los ejemplos que utiliza Lendrino sobre la deshumanización que reina en los CIE, a diferencia de las cárceles convencionales, es que los funcionarios se refieren a los internos por un número.

La mayoría de las personas que están en los CIEs de España no son recién llegadas: uno de cada cuatro llevaba en el país al menos 15 años, mientras que prácticamente uno de cada diez vivía en una ciudad española desde hacía entre 7 y 15 años. Según el último informe anual de Pueblos Unidos, en el año 2017 las dos nacionalidades mayoritarias en el CIE madrileño eran la argelina y la marroquí. A menudo estas personas migrantes sólo hablan árabe, sin que haya nadie en los centros que domine este idioma. Otra de las características de muchos de estos grupos es que únicamente un 36% de las personas de los CIE son recién llegadas a España por vía marítima de manera irregular, a través de pequeñas embarcaciones. Se hace patente la presencia de internos con diversos perfiles, niveles de arraigo, y conocimiento de la lengua y cultura españolas.

El derecho a la comunicación para un inmigrante sometido a un régimen de internamiento está recogido en la Ley de derechos y libertades de los extranjeros en España de 2009. Otro texto legal que avala la necesidad de la información comprensible para los inmigrantes dentro de estos centros -definidos por su "carácter no penitenciario"- es el propio reglamento interno de los CIE, que reconoce el derecho a ser "asistidos por un intérprete, de manera gratuita en caso de carecer de medios, si no conocen el castellano".

La intérprete e investigadora Irene Zas Andrés publica su tesis acerca de la comunicación en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche. Según su investigación, hasta 2016 la organización Accem tuvo un contrato con el Ministerio del Interior para ofrecer el servicio de interpretación con profesionales exclusivos para los demandantes de asilo internacional, en quienes centra su principal labor. En la actualidad, la empresa que adquiere la adjudicación de este servicio es Ofilingua. Zas Andrés detectó en su estudio cómo en ese contrato primaba la formación del intérprete por delante de su experiencia en puestos similares. Con frecuencia, estos empleados hablan únicamente lenguas europeas como el inglés, el francés, el portugués y el alemán, y el servicio se da por petición de los internos, es externo y no hay una cobertura de este derecho las 24 horas del día.

Es necesario que en todo momento pueda haber comunicación con la médica, con la policía, con la Cruz Roja, con los abogados, con sus compañeros o con la dirección del centro, subraya Dánae García. "Hay una intención de que tengan la mínima información posible", afirma la abogada de SOS Racismo. Como ejemplo, recuerda un día en que la médica del centro se jactaba de entender a las personas que atiende por señas, lo que se traduce en que muchas veces la solución a sus dolencias se limitaba a un simple Ibuprofeno.  "Es una situación de indefensión total, en muchas ocasiones creen que son centros de primera acogida" explica Dánae mientras recuerda que la postura oficial de su organización es la del cierre de estos edificios como espacios racistas de exclusión. Al final la Justicia da la razón a lo que muchas organizaciones llevan años denunciando y reconoce que los CIES son un agujero negro para los derechos de las personas migrantes allí encerradas, que es necesario que se respete su dignidad a la espera que se resuelva su situación administrativa irregular, y que hay que evitar que sean unos 'nadies' a los que nadie recuerda.