La fábula de Pedro y el lobo ejemplifica la realidad migratoria de este 2023. Llevamos años alertando sobre el devenir del Norte Global respecto a la gestión de las políticas migratorias, avisando de que la tendencia era verticalizar las fronteras, haciéndolas más invisibles a la ciudadanía del Norte Global y más opacas para los medios de comunicación. Replicándole a los gobernantes europeos de que el descenso en el número de llegadas de personas migrantes no era algo para celebrar, que no se debía a que cada vez migraran menos personas; que lo que ocurría es que morían antes de llegar a Europa, o en el mejor de los casos, estaban "atrapados" en algún país no garante de derechos humanos. Sin embargo, esta semana ya podemos decir que el lobo está aquí: el Pacto de Migración y Asilo (PMA) europeo se ha aprobado después de tres años de negociaciones.
El PMA es el marco legislativo que legitima la política migratoria de la Unión Europea basada en la externalización del control fronterizo. Si bien se inició con el Acuerdo Schengen (1991), se intensificó desde la Cumbre de La Valeta (2015). Este pacto supone militarizar, aún más, las fronteras exteriores de la UE -externalización del control migratorio- utilizando toda la tecnología armamentística y de identificación biométrica -las llamadas fronteras inteligentes- disponible en el mercado. Sí, estáis pensando bien: la gran beneficiaria del PMA es la Industria del Control Migratorio (ICM).
El 2023 ha sido el año para afianzar un modelo migratorio donde lo relevante no son las personas, sino que no se vean. En este sentido hay dos ejemplos muy significativos. Por un lado, la propuesta de Reino Unido de enviar a las personas migrantes en situación irregular a Ruanda. Por otro lado, la creación de centros de internamiento para personas migrantes en territorio albanés por parte del gobierno italiano.
La estrategia es sencilla y se estructura en tres pasos. Primero, militarizar, dotar de tecnología punta y recursos económicos a los países de origen y tránsito migrante -véase Níger, Senegal, Mali- para frenar la ruta migratoria, sea como sea. Segundo, si las personas migrantes consiguen llegar a la frontera física de la UE, que los países fronterizos como Marruecos, Túnez y Turquía los repriman o los regularicen. Tercero, si logran entrar a Europa, generar mecanismos de devoluciones mediante tratados con los países de origen y tránsito; y hacerles la vida lo más complicada posible. En esta línea es hacia donde se están dirigiendo Francia, Alemania y Holanda.
Si bien el PMA no supone un cambio drástico en la política migratoria de la UE, lo que genera es la institucionalización de un sistema que fuerza a las personas migrantes a optar por rutas migratorias más mortíferas. El mundo esta en llamas, pero el Sahel y la costa atlántica africana lo están aún más. Las revoluciones, los golpes de estado y la sequía están siendo factores expulsores de personas en países como Níger y Senegal.
En el caso de Níger -que es el país que más dinero recibe del Fondo Fiduciario de la UE-, la junta militar que gobierna el país desde este julio ha derogado la ley que sancionaba la migración irregular. Esto previsiblemente supondrá un incremento de las salidas de personas de origen nigerino. Por cierto, una ley que la UE presionó en 2015 para que se promoviera a cambio de ingentes cantidades económicas de los fondos de la UE. En Senegal, las protestas en junio y julio con motivo de la negativa de que el principal opositor se presentará a las elecciones presidenciales de 2024, junto a que los caladeros de pesca del país están en mínimos, ha provocado un incremento de la migración hacia Europa. Recordemos que esos caladeros han sido -y siguen siendo- faenados por barcos españoles, portugueses, franceses y holandeses, situación que ha convertido a los pescadores senegaleses en migrantes. Otra de las paradojas de la política migratoria de la UE.
Las consecuencias de la externalización del control de fronteras de UE las hemos visto en 2023 en España. El año nos deja dos datos. El primero es un descenso de las entradas terrestres -Ceuta y Melilla- provocado por la dificultad para atravesar el perímetro fronterizo hispano-marroquí. El segundo, un incremento de la ruta canaria a niveles superiores a la llamada "crisis de los cayucos" de 2005, que es la ruta más mortal de la migración. En resumen, una política migratoria que lleva a las personas migrantes a la gran fosa del Mediterráneo.
La única constante que existe en la política migratoria europea es la inexistencia de una política de acogida, y el recién aprobado Pacto de Migración y Asilo no ha pretendido solucionarlo.
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