Caricias en los genitales de la niña o el niño, besos en los genitales de la niña o el niño, besos en la boca del niño o la niña, introducción de objetos en ano, vagina o boca, penetración sexual anal, vaginal u oral del niño o la niña, filmación o fotografías del niño o la niña desnudos, abiertos, filmación o fotografías del niño o la niña siendo penetrados por otro menor, filmación o fotografías del niño o la niña siendo penetrados por un adulto, filmación o fotografías del niño o la niña siendo penetrados por un animal, eyaculación sobre el niño o la niña, obligación del niño o la niña de contemplar escenas sexuales filmadas o en directo practicadas por adultos o por menores, producción y distribución de pornografía infantil...

La enumeración de las agresiones sexuales a menores resulta insoportable. La mayoría de quienes traten de imaginar cualquiera de las anteriores prácticas (pruebe a hacerlo) siente un rechazo brutal, violento, insufrible. A lo que hay que añadir la falta de referencias. Cualquiera puede acceder a prácticas sexuales de cualquier tipo entre adultos sencillamente accediendo a las innumerables páginas porno al alcance de la pantalla. Pueden gustarnos u horrorizarnos, pero ahí están. Pueden verse, las toleramos, son prácticas adultas. No sucede así en el caso de la pornografía infantil, delito que de vez en cuando aparece en los medios de comunicación como si se tratara de una extrañeza brutal. Sin embargo, la extrañeza no es tal si se revisan las cifras.

Sirva este dato del Ministerio de Interior relativo a 2017: En España hubo 9.537 personas que denunciaron ser víctimas de delitos sexuales. Casi la mitad de dichas denuncias (4.542) fueron referentes a agresiones sexuales contra menores de edad.

Sin embargo, de poco sirven los datos cuando en realidad son solo la punta de un iceberg duro, compacto y fríamente silencioso. Los menores no denuncian, en términos generales. Alguien tiene que estar pendiente, alguien tiene que darse cuenta, alguien tiene que actuar, alguien tiene que enfrentar el horror y denunciarlo. Esto, que en el caso de la violencia contra las mujeres empieza a ser habitual, gracias a la concienciación social trabajada minuciosamente durante décadas, no sucede en los casos de violencia sexual contra los y las menores.

Sea por falta de interés, por las dificultades para su detección, por un rechazo visceral a enfrentar dichas prácticas o por cualquier otra causa, las niñas y los niños vejados, penetrados, filmados, desnudados, violados, usados para el placer adulto, no tienen ni han tenido la atención ni institucional ni social que merecen. Y es urgente. Resulta aterrador contemplar los esfuerzos (imprescindibles y siempre limitados) destinados a la prevención y denuncia de la violencia sexual contra las mujeres y aquellos destinados a la de los niños y las niñas.

De ahí que sea imprescindible localizar aquellos puntos en los que la detección es probable, los lugares en los que adultos autorizados, con acceso al cuerpo y a la expresión de los niños y niñas, localizan erosiones, alteraciones físicas o de comportamiento. Y aquí juega un papel notable la Sanidad pública. Es en los centros de atención primaria en los que se detecta gran número de agresiones sexuales a menores. Por eso la Administración pública debe comenzar por dotar a los profesionales de dichas instituciones de todos los mecanismos necesarios para que la sociedad empiece de una vez por todas a enfrentar algo que sigue bajo los silencios de una inacción evidente. O sea, de fondos y de tiempo, dos de las grandes carencias que aquejan actualmente a la Sanidad pública.

La lucha debe empezar con urgencia. Los juzgados, sobre todo los juzgados, pero también los psicólogos, los centros educativos, las instituciones de atención al menor, las familias, la sociedad entera... Todos los ámbitos están en falta con nuestros menores. Sin embargo, tenemos uno por el que empezar, uno que funciona incluso a falta de los recursos necesarios.

Uno por el que empezar es mucho más de lo que hasta ahora hemos decidido tener.