Ayer se sabía que los saharauis denuncian cómo el Gobierno les niega por sistema la nacionalidad española. Según cuentan desde la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España (APASE), el ministerio de Justicia rechaza las solicitudes de más de 400 personas pese a cumplir con el requisito de llevar diez años de residencia en el país. Sorprende que a este Gobierno le importe más dar la nacionalidad a los descendientesde los judíos expulsados de España en 1492 (los sefardíes), cuyo proyecto de ley ya ha superado el primer trámite en el Congreso, que a los que hasta 1975 nacieron y vivieron en una provincia española.

Sidi Talebbuia, presidente de APASE, subraya el cambio de doctrina que el Gobierno de España está aplicando desde  unos años y medio, al invalidar los documentos expedidos por la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), a la que no reconoce.  Lo curioso de todo es que nuestro Gobierno ya ha emitido con anterioridad DNI españoles en los que figura el "Sáhara Occidental" como lugar de nacimiento, lo que implica brindarle entidad de Estado y deslegitimizar la ocupación ilegal pues, de otro modo, aparecería "Marruecos". Y hablo de DNI expedidos durante el Gobierno de Rajoy, concretamente, en 2012. Es más, a la hora de solicitar la residencia legal, el Gobierno sí acepta los documentos de la RASD, pero no para la nacionalidad.

Llevo bastante tiempo siguiendo el caso y detrás de esta violación del Derecho que está cometiendo el Gobierno español hay muchas más tropelías. Un ejemplo de ello es la experiencia de Salec, saharaui que ha hecho en vano todo lo posible por conseguir la nacionalidad española y que tuve ocasión de conocer hace justo ahora un año. Su padre es español y así figura en el Libro de Familia, pero el nació en el Sáhara Occidental. El certificado de nacimiento que expide la RASD es el único documento que lo acredita pues él es saharaui, no marroquí o argelino (el pasaporte que Argelia facilita a los  saharauis únicamente sirve como título para poder viajar, pero nunca como medio identificativo de nacionalidad). Dicho de otro modo, la documentación de la RASD, por haber sido aceptada durante tantos años (más de una década) ya ha adquirido valor jurídico/administrativo y el Gobierno de Rajoy está, pues cometiendo una ilegalidad.

Tras sucesivas negativas, Salec recorrió todas las instituciones habidas y por haber, incluida el Palacio de la Zarzuela, pero considerando que precisamente de allí partió la primera de las traiciones al pueblo saharaui, no obtuvo ninguna respuesta. "Acudo diariamente al Registro Civil para pedir información sobre mi expediente y la única respuesta que obtengo es "está en estudio", esa es la cosigna que han dado para todos los saharauis que vayamos a preguntar", relataba. Hay saharauis cuyos expedientes "en estudio" dede hace más de siete años.

Desesperado siguió llamando a todas las puertas que pudo y "el máximo responsable a cargo de las nacionalidades en la Dirección General del Notariado me confesó que los saharauis estamos apartados".  El joven saharaui no se lo podía creer pero, entonces, recibió la mayor de las bofetadas de realidad que le han sacudido en España, que continúa siendo la Potencia Administradora del Sáhara Occidental. Se la dió un funcionario del Registro Civil, apiadándose de él y de ver cómo día sí y día también acudía a preguntar por sus trámites. Con lágrimas en los ojos, Salec me contó cómo "me condujo a una sala y me mostró montañas de expedientes de saharauis por el suelo y por las mesas, apartados".

En una de sus innumerables visitas al ministerio de Justicia, Salec llegó a obtener un documento en el que la cartera que entonces lideraba Alberto Ruiz-Gallardón asegura que no es competente para tratar su caso, cuando legalmente sí lo es. La otra posibilidad podría ser el ministerio del Interior pero una de sus consejeras de Información me asegura que "legalmente eso es competencia de Justicia. Ignoro por qué habrán dicho que no, pero ahí Interior no pinta nada".

El caso de Salec no es único. He conocido a saharauis que llevan más de una década residiendo legalmente en España, que incluso cotizan a la Seguridad Social y han tenido hijos y, sin embargo, el Gobierno español continúa con su silencio administrativo, ni siquiera niega la nacionalidad a pesar de que han pasado años desde que arrancaron los trámites.

Motivos ocultos

Que España no quiere llevarse mal con Marruecos está claro que es el principal motivo para cometer esta injusticia, ya sea amparándose en motivos comerciales, de inmigración o de seguridad nacional. A fin de cuentas, el tema se reduce a utilizar los Derechos Humanos como moneda de cambio... una vez más por parte de España. Pero si indagamos aún más en los motivos por los que se está empujando a los saharauis a renunciar a sus raíces y, en el mejor de los casos, considerarse apátridas, quizás tengamos que volver la vista a 2010, cuando se produjo la masacre de Gdeim Izik. Entonces, policía y ejército marroquí asesinaron y torturaron -aún hoy están en cárceles tan inhumanas como la Cárcel Negra en El Aaiún- a decenas de saharauis.

De hecho, llegaron a matar oficialmente a un español, Baby Hamday Buyema, nacido en El Aaiún cuando era la provincia número 53, y la entonces ministra de Exteriores Trinidad Jiménez restó importancia a los hecho, negándose a realizar una investigación exhaustiva. En ese sentido, a Marruecos le urge evitar que más saharauis tengan la posibilidad de acceder a la nacionalidad española, pues cuando son torturados o asesinados también se abriría la posibilidad a que un juez español abriera un proceso contra el régimen de Mohamed VI, algo impensable en las mentes de Rajoy, Felipe VI y lo suyos.

Por otro lado, aceptar la condición de apátridas, dificultaría extraordinariamente la entrada de los saharauis en el Sáhara Occidental y en los Territorios Ocupados. Esto beneficaría a Marruecos, que vería cómo se quitaba legalmente y de un plumazo a los activistas saharauis que allí acuden a manifestarse. Hasta ahora se los tiene que quitar con represión, torturas y violación del Derecho Internacional más esencial, ante lo que la Comunidad Internacional, con España a la cabeza, mira a otro lado.

Además, si cundiera el ejemplo de hacerse apátridas, sería lo mismo que renunciar a la RASD y con ello al Sáhara Occidental lo que a efectos prácticos supone borrar de la faz de la tierra a los saharauis, que o son obligados a hacerse marroquíes en los Territorios Ocupados o a no tener nación. El caso concreto de una saharaui que lleva viviendo 12 años en España es revelador: "en el Registro Civil me llegaron a decir que si le llevaba cualquier otra partida de nacimiento, mauritana, argelina... cualquiera, en unos meses tenía la nacionalidad, pero que con la saharaui era imposible".