Un joven de 18 años murió hace unos días en el centro de menores de Tierra de Oria (Almería). El informe de la autopsia pinta feo, muy feo. Sugiere que el personal del centro se excedió en la contención de un brote violento de la víctima y, además, tardó hasta 15 minutos en alertar a los servicios médicos. ¿Saben que es aún peor? Que la asociación que lo gestiona, Ginso, cuenta con una larga trayectoria de incidentes y escándalos.

La historia del joven fallecido es la de muchos de los jóvenes que habitan estos centros: familias desestructuradas, marginalidad, policonsumo de estupefacientes desde edades muy tempranas... Y el centro de menores, gestionado por una "asociación para la gestión de la integración social", como se autodefine Ginso, lejos de integrar, recluye. No podemos olvidar que Ginso cuenta en su historial con otra muerte similar en Madrid, en 2011, y el centro tardó diez horas en comunicar a los padres el fallecimiento. ¿Saben qué es lo más triste? Que como pasó entonces, todo quedará en el olvido.

¿Por qué sucede esto? En primer lugar, porque para buena parte de la sociedad estos centros no son pilares de integración, sino meros almacenes de gente molesta. Los centros de menores son la avanzadilla de las cárceles de adultos, lugares en los que la falta de medios y una deficiente gestión termina en muchos casos por hundir aún más en la marginalidad a quienes allí ingresan. Una reflexión que un elevado porcentaje de la sociedad ni siquiera se plantea; le basta con que "la basura esté recogida",  como seguramente pensarán. Qué gran error, porque uno de los factores para valorar la calidad democrática de un país debería ser el nivel de sus centros penitenciarios y, los de menores -antes llamados 'reformatorios'- lo son. Y no son buenos.

El segundo factor nos lleva la propia Ginso, donde todo apesta. Opera tanto en Madrid como en Andalucía y, en ambos casos, la construcción de los centros y la gestión han recaído sobre los mismos hombros: el empresario Alfredo Santos García. En 2006 los periódicos ya denunciaban que este empresario recibía 157 millones de euros para la construcción con empresas suyas o de sus socios, recayendo sobre él también la gestión de los mismos durante 15 años (hasta 2021). A finales del año pasado, Podemos denunciaba los hechos en la fiscalía por considerar que "sirvió de tapadera para el traspaso de fondos públicos a la financiación irregular del PP a través de unos informes sobre delincuencia juvenil que nunca aparecieron". La formación morada no inventó nada: meses antes, el exvicepresidente madrileño Francisco Granados, supuesto cabecilla de la trama Púnica, señaló en sede judicial hechos en la misma dirección.

En Andalucía sucedió algo parecido: construcción y gestión para el mismo. Allí las buenas relaciones no son con el PP, sino con el PSOE. Las guerras intestinas entre Susana Díaz y Pedro Sánchez sacaron a la luz lo que los sanchistas tacharon de red clientelar al servicio de Díaz: Acusaciones de enfuches de hermanas, novias, esposas, secretarios generales, madres, alcaldes y ex alcaldes, concejales, portavoces y muchos afiliados... lo que llevó a que el año pasado Izquierda Unida (IU) lo llevara al Parlamento Andaluz...

Así que, mientras mucha gente piensa en términos de "la basura recogida", quizás ésta se encuentra más fuera que dentro, donde en realidad hay personas.