Se cumplen cinco años de la llegada de Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) a la presidencia de la Junta de Andalucía. Lo hizo por la puerta de atrás, de manera ilegítima según marcan las directrices de Génova, pues no fue el partido más votado. Llegó a San Telmo de la mano de Ciudadanos y Vox. Cuarenta años de socialismo andaluz reclamaban un cambio, pero este último lustro ha evidenciado que se ha perdido una oportunidad, el dinero ha cambiado de manos y, en ocasiones, ni eso. Andalucía no avanza.
Moreno pasará a la Historia como el primer gobernante español que tendió la alfombra roja de las instituciones a la extrema derecha. Entonces, Vox no entró en el gobierno, pero marcó toda la legislatura condicionando presupuestos a la aprobación de medidas como la eliminación de subvenciones a las entidades que cubrían el vacío que dejaba la Junta en la asistencia a víctimas de violencia de género. No era, desde luego, un indicio que llamara al optimismo de lo que estaba por llegar.
Con cuatro décadas de gobiernos socialistas en las que se había generado una extensa red de estómagos agradecidos, como evidencia el macrocaso de corrupción de los ERE, Andalucía necesitaba un cambio, cierta depuración de vicios adquiridos. Sin embargo, los mismos vicios persisten -algunos de ellos extraordinariamente amplificados-, tanto solo han variado los destinatarios del dinero público y, en algunos casos, ni siquiera el reparto se altera.
Un buen ejemplo de ello es la Sanidad Pública. Moreno Bonilla ha seguido la senda de la privatización abierta por el PSOE, cuyos conciertos con la sanidad privada no eran un tema menor. El PP ha intensificado las derivaciones, privando de recursos a la Sanidad Pública hasta el punto de que Andalucía está a la cola de inversión en este ámbito, siendo de la segunda región que menos ha reforzado la partida presupuestaria para este año, justo después de otro dominio del PP, País Valencià. Y lo que es peor, esta privatización encubierta –que ni siquiera ha tenido amparo legal- no ha beneficiado en nada, puesto que Andalucía es la que más pacientes en lista de espera tiene, con 20.000 más que hace un año para intervenirse quirúrgicamente y casi 850.000 esperando especialista. Con el PSOE, al menos, las citas para Atención Primaria se concedían al día siguiente y no era preciso esperar más de una semana como ahora.
La Educación Pública es otra de las grandes damnificadas, mientras Moreno destina más de 1.000 millones de dinero público a la educación concertada. A los y las andaluzas no les hacen falta estadísticas de ratios, inversión o fracaso escolar, lo ven y sufren en su día a día, aunque el centralismo informativo engulla noticias como la del desalojo del CEIP Domingo Lozano, en Málaga capital, por riesgo de derrumbe. Ya no es sólo que no se realizara el correcto mantenimiento del edificio, sino que a pesar de que en septiembre se determinaron los riesgos estructurales en un informe oficial, no ha sido hasta ahora cuando se ha reubicado al alumnado en otros centros. Tres meses poniendo en riesgo las vidas de los menores. El CEIP Domingo Lozano no es una excepción, como tampoco lo es la comida putrefacta que se sirve en los catering de diversos comedores escolares.
Otras noticias que no acostumbran a trascender a la órbita nacional y que marcan el carácter del gobierno de Moreno son las de sus polémicos nombramientos. Un buen ejemplo de ello es el del director general de Pesca, José Manuel Martínez Malia, que no sólo aparece como aparece como administrador único y apoderado de dos sociedades del sector pesquero, sino que ha firmado ayudas a empresas pesqueras en las que trabajan sus hermanos. A petición del PSOE, la Oficina Andaluza Antifraude abrió una investigación, habiendo determinado que incumplió "indiciariamente" dos leyes, la ley de incompatibilidades y la ley de régimen jurídico del sector público.
Cinco años en los que la sequía que ahoga sin construcción de desaladoras choca con un turismo desaforado que consume recursos al límite e impone cortes diarios de agua de hasta ocho horas diarias en algunas localidades. Y es que si por algo se ha caracterizado este lustro es por una nula conciencia medioambiental y de sostenibilidad, como prueba la retirada de Doñana por parte de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) de su lista verde.
Curiosamente, cuanto peor va Andalucía, más apoyos dice tener Moreno. Bien es cierto que en las últimas elecciones obtuvo mayoría absoluta, pero el último sondeo del Centro de Estudios Andaluces (Centra) para el PP desprende un tufo equiparable al del CIS para el PSOE, otorgándole al PP un 46,2% de los votos en Andalucía, 3,1% puntos más que en las pasadas autonómicas. Quizás, más que una realidad es una justificación artificial de la subida de sueldo del 19% que se acaba de autoaplicar Moreno, ganando más de 87.000 euros al año, equiparándose con el presidente de España.
Objetivamente hablando, Andalucía no avanza, no para los y las andaluzas, aunque el PP haga todo lo posible por deslumbrar con aires triunfantes. Su duelo suicida con Madrid por ser un paraíso fiscal para los más ricos no llegará a buen puerto: es imposible competir con la capitalidad del reino de Ayuso y, mientras, el Estado de Bienestar andaluz se resquebraja, dejándolo morir, igual que al CEIP Domingo Lozano. Cinco años de oportunidad perdida.