En Europa hay cerca de 140 ciudades en 20 países que cobran algún tipo de tasa turística. No sucede así en ninguna de las ciudades andaluzas, a pesar de que localidades como Sevilla, Granada o Málaga son algunos de los principales destinos turísticos europeos, registrando ya graves problemas en materia de convivencia y habitabilidad. Tras reunirse esta semana la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), han descartado la posibilidad de imponer tal tasa. ¿Notan la ausencia de alguien en esa reunión? Efectivamente, de las diferentes federaciones de asociaciones de vecinas y vecinos de Andalucía, que son quienes pagan los platos rotos.
Las tasas turísticas suelen aplicarse sobre el precio del lugar en el que se pernocte, ya sea hotel, apartamento turístico, camping, etc. La finalidad principal es ayudar a los ayuntamientos a costear los servicios públicos que han de prestarse a un incremento masivo de personas para el que el municipio receptor no está debidamente dimensionado.
Como sucede con las emisiones de CO2, la tasa turística no ataja el problema de raíz, que es el turismo insostenible de masas. Si en el caso de la emergencia climática, pagar por emitir más gases de efecto invernadero no mejora la calidad de nuestro medio ambiente, en el caso del turismo, tampoco esta tasa resuelve los graves problemas habitacionales y medioambientales que provoca la llegada de millones de turistas. Ayuda, eso sí, a paliar los efectos, pero no los reduce en absoluto.
Dicho esto, la principal conclusión de los asistentes a la reunión que, a fin de cuentas, son quienes se lucran con el turismo, es que imponer una tasa turística sería prematuro. No es así, confunden el hecho de que ellos llegan tarde a valorar cómo el turismo está cambiando la identidad de nuestras ciudades y expulsando a sus vecinas y vecinos, con que la tasa sea prematura. Tan tarde llegan y tal es su ejercicio de cinismo que sacan pecho por querer poner en marcha ahora un observatorio para la sostenibilidad turística local en Andalucía con objeto de comenzar a valorar los efectos de este turismo depredador que agota nuestros recursos y servicios públicos.
Temen que gravar el turismo tenga un efecto negativo en la llegada de turistas. Ojalá fuera así, dado que ciudades como Málaga han superado los límites racionales de acogimiento, de pero no es el caso. Como hemos visto en otras parcelas económicas como el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el sector empresarial se aferra a una mentira. Si con la subida del SMI la derecha, la patronal e, incluso, el Banco de España –lo que dice muy poco de su credibilidad- auguraban una subida del desempleo, la realidad es que disfrutamos de los mejores datos de empleo en más de una década, con resultados récord de las compañías. En relación a la tasa turística, sus argumentos se instalan en la visión catastrofista de una caída del turismo y, por tanto, de sus ingresos. Otra mentira. La realidad nos dice que este tipo de tasas no desincentiva la llegada de turistas. De hecho, en ciudades como Lisboa el turismo se ha disparado un 5% y el gobierno luso ha decidido incrementar la tasa de 2 a 4 euros.
¿De veras nos quieren hacer creer que con unas tasas que rara vez superan los 4 euros va a caer el turismo? Si en ciudades como Málaga eso es lo que cuesta ya una cerveza; ahí no escatiman en subir los precios. En el caso español, las únicas Comunidades Autónomas que aplican la tasa turística son Cataluña y Baleares y en absoluto han visto perjudicado su turismo (de hecho su población se rebela). En Cataluña la tasa se mueve en la horquilla de los 0,45 y los 2,25 euros por persona y día y en Baleares el importe medio es de 3 euros. Ni siquiera en ciudades europeas como Ámsterdam, donde la tasa puede alcanzar los 20 euros por persona y noche, ha descendido la llegada de turistas.
La alternativa que se le ha ocurrido al consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, ha sido acabar con la gratuidad de los museos gestionados por la Junta de Andalucía, poniendo un precio por entrada de 8 euros. Se explican ahora, aún más, porque en la reunión en la que se reparte el pescado no estaban invitadas las federaciones de asociaciones de vecinas y vecinos, ¿verdad? El resumen de la jugada es "¿para qué cobrar a quienes vienen de fuera a consumir lo nuestro si se puede hacer pagar a los que viven aquí todo el año?".
Esta mercantilización de la cultura, que trae el sello del copago que tanto gusta a la derecha, está destinada a pagar la cuenta de quienes llenan los bolsillos de los empresarios. Ni más, ni menos, con el agravante de que lo que en realidad hace es restringir el acceso a la cultura a los sectores de la población más desfavorecidos que también quieren disfrutar de los tesoros de su ciudad.
Bernal tiene, incluso, la desfachatez de afirmar que "lo que no se paga no tiene valor" para justificar esta infamia que, además, pretende imponer sin pasar siquiera por el pleno de la Junta. Se equivoca de pleno Bernal, porque los más de 88.000 euros al año de sueldo que pagamos por él en Andalucía no le otorgan valor alguno, de hecho, lo devalúan aún más viendo la gestión que realiza... o, por ser más precisos, la no gestión, porque cuando es acorralado en su propia incompetencia su salida es reclamar el IVA al Estado para financiar los sobrecostes que trae consigo el turismo.
Echar la pelota sobre un tejado ajeno, ya sean los y las habitantes que sufren el turismo insostenible o el Gobierno de España, no resuelve el problema de esta masificación que la Junta de Andalucía, lejos de querer controlar, está incentivando con continuas campañas y privilegios a la hostelería, como excluirles de las restricciones al consumo del agua en plena sequía.
Merecemos mejores gobernantes y, sobre todo, que escuchen a todas las voces y no sólo a quienes se lucran a costa de que los servicios públicos y derechos esenciales como la vivienda se vayan por el sumidero de basura que deja tras de sí el turismo depredador.