No puedo decir que la reacción de la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en torno a la multa que ha impuesto la CNMC a la industria láctea me haya sorprendido. Representa a la perfección el espíritu de este Gobierno, que ha se ha convertido en el alumno más aplicado de las lecciones de Merkel. En ese sentido, tampoco me ha sorprendido la hipocresía que destilan en Bruselas, desde donde se abronca a España por nuestros índices de pobreza y desigualdad que, precisamente, sus medidas han propiciado.

El caso es que Tejerina no teme por los cerca de 17.000 ganaderos lácteos, por los productores a los que se está pagando el litro de leche por debajo de los costes de producción. No, ella teme por Danone (23,2 millones), Corporación Alimentaria Peñasanta (21,8 millones), Grupo Lactalis Iberia (11,6 millones), Nestlé España (10,6 millones), Puleva Food (10,2 millones), Calidad Pascual (8,5 millones), Senoble Ibérica (929.644 euros), Central Lechera Asturiana (698.477 euros), Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña (200.000 euros), Asociación de Empresas Lácteas de Galicia (100.000 euros) y Central Lechera de Galicia (53.310 euros), que son las que supuestamente han pactado los precios para enriquecerse más... sin olvidar a Industrias Lácteas Asturianas (ILAS), Leche Río, Feiraco, Leche Celta, Forlactaria, que no han sido multadas porque, a pesar de que el daño en el consumidor y productores aún se siente, el delito habría prescrito.

El argumento de la ministra es que los 88,2 millones de multa afecten a la viabilidad de las industrias lácteas y, en último extremo, también a los ganaderos. No lo creo, consideran que se estima en 800 millones de euros el beneficio obtenido de sus malas prácticas. En su intervención de ayer, prácticamente animó a la industria a recurrir la sanción o, lo que es lo mismo, ignorar o dar consentimiento a prácticas mafiosas: controlar de manera conjunta el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca, compartiendo información de todo tipo, desde los precios de compra a los excedentes o los volúmenes de compra de los ganaderos. ¿Que un ganadero se rebela? Pasa a la lista negra y ninguna compañía comprará su leche. Así de fácil.

La industria láctea, como sucede con la petrolera, la de las telecomunicaciones o el sector asegurador, actúa como un verdadero cartel, como una suerte de mafia que prima a sus accionistas y sus cuentas de resultados por encima de todo, desde sus productores a los consumidores. Todo vale, más aún si, precisamente, con los primeros con los que se reúne el presidente cuando llega al Gobierno o el mismo rey son ellos.

En lo que a la leche se refiere, llevamos cerca de 15 años sin competencia, donde el libre mercado que tanto gusta a los neoliberales es inexistente, porque todos los precios son artificiales. El 'Paquete Lacteo', que ya cuenta con dos años de vida, parecía bueno sobre el papel: reunir a los ganaderos en asociaciones para tener más fuerza negociadora de cara a la industria. No ha funcionado: la mafia siempre gana.

Lo peor de todo es que las sanciones no son más que otra medida cosmética más. La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) ya ha impuesto otras tres sanciones por prácticas abusivas y, ¿qué mas da? ¿De qué les sirve a los ganaderos que la industria pague a quien, como vimos ayer con Tejerina, les apoya abiertamente? ¿No debería ir ese dinero a los principales perjudicados, que en este caso son los productores? Exactamente lo mismo ha sucedido recientemente con las petroleras. ¿Qué más nos da a los ciudadanos que multen a las compañías si para nosotros el precio de la gasolina sigue siendo igual o superior?

El Gobierno debería tomar medidas mucho más contundentes y, sobre todo, que redundaran en los perjudicados. Así, en este último caso de las gasolineras y dado que éstas no reflejan jamás el verdadero precio del barril de brent -lo hemos visto recientemente, cuando éste ha caído en picado y las gasolineras han disparado su margen de beneficio-, es el Estado el que debería intervenir. El Gobierno debería ser quien fijara el precio de la gasolina durante un período de tiempo a modo de sanción, de manera que si subiera el barril de brent, las petroleras lo notaran en sus bolsillos... al igual que los grandes perjudicados de este cartel, los consumidores. Eso sí que es una medida disuasoria y lo demás, puro maquillaje.

Unos consumidores,por otro lado, que tenemos que aprender a ser más solidarios. Estoy convencido de que la crisis estafa ha contribuido a ello. En este sentido, debemos mirar a las grandes candenas de supermercados: lógicamente, a quienes están atravesando una situación económica precaria no se lo puedo pedir, pero sí al resto. ¿Por qué no descartan comprar la leche cuando ésta se comercialice por debajo de costes? Acudan a otro comercio o cambien de marca, no contribuyan a masacrar a los productores.

Sean solidarios porque el Gobierno no lo es: el ministerio de Tejerina lleva cerca de 60 inspecciones que han detectado estas malas prácticas y las multas únicamente rondan los 3.000 monedas, que son calderilla para estos comercios. Cojamos de una vez por todas las riendas de nuestro consumo, arrojando contra quienes nos roban sus propias armas de 'libre mercado'. No es tan complicado: piensen que el apoyo de un Gobierno neoliberal o de una industria capitalista jamás le llegará a la suela de los zapatos al de unos productores agradecidos por la solidaridad de sus iguales, de sus consumidores.