La Junta de Andalucía ha aprobado el Decreto Ley 2/20, de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía, que afecta de pleno al sector audiovisual. Seré muy gráfico: cuando el Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA-FeSP), la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía de Radio y Televisión (EMA RTV), la Red Estatal de Medios Comunitarios (ReMC), el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA), la Coordinadora Andaluza de ONGD (CAONGD), la Facultad de Comunicación de la Universidad de Málaga, la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, la Asociación de la Prensa de Cádiz, la Asociación de la Prensa de Almería, la Asociación de la Prensa de Sevilla, la Asociación de la Prensa de Huelva, la Asociación de la Prensa de Málaga, la Asociación de la Prensa de Córdoba, la Asociación de la Prensa de Jaén, Facua – Consumidores en acción, el Colectivo de AMPAS "Escuelas de calor", la Red Andaluza de Periodistas Feministas – La Poderío y la Plataforma de Comunicación Comunitaria Onda Color están en contra de ese decreto por perjudicar "el empleo, la pluralidad informativa y la diversidad mediática", está claro que algo falla.
La derecha en Andalucía ha utilizado el coronavirus como coartada para beneficiar a sus acólitos, de manera unilateral, sin debate, sin consultar a l@s profesionales que hacen posible esos medios de comunicación, rompiendo el consenso existente durante años. Entre las medidas del decreto figura la privatización de los medios públicos locales (las radios y televisiones unicipales) algo, por otro lado, que en algunos municipios gobernados por el PP venía ya sucediendo, con la provincia de Málaga como uno sus principales exponentes (Rincón de la Victoria, por ejemplo, cuyo alcalde es el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado (PP).
PP y Ciudadanos, con el apoyo la extrema-derecha de Vox, aprovechan el decreto para legalizar a COPE, que según había sido denunciado, venía emitiendo en toda Andalucía de manera ilegal, es decir, sin contar con frecuencias asignadas. La emisora de la Conferencia Episcopal es una de las grandes beneficiadas, pudiendo reproducir su señal de Madrid en las frecuencias piratas como venía haciendo hasta ahora. Según detalla El Plural, sólo en el caso de la emisora de la Conferencia Episcopal se legalizarán por la puerta de atrás Cadena 100 Almería, Rock FM Almería, COPE Almanzora, COPE Córdoba, Rock FM Córdoba, COPE + Córdoba, COPE + Granada, Cadena 100 Huelva, COPE Málaga, Megastar FM Málaga, Rock FM Málaga, Rock FM Marbella, COPE Marbella, Rock FM Axarquía, Cadena 100 Écija y COPE + Sevilla.
No sólo la COPE, cualquier medio de radio o televisión, aun sin fines de servicio público, podrán repetir su señal producida en Madrid, Barcelona o incluso, en el extranjero, perjudicando la información local, los articulación territorial e, incluso, el empleo andaluz, tal ycomo han denunciado en un comunicado las entidades arriba mencionadas.
PP, Cs y Vox no han querido dejar flecos sueltos: los favores se devuelven y todas estas nuevas emisiones piratas legalizadas, como las de COPE, podrán emitir sus campañas institucionales sin que sean sancionadas, sirviendo de altavoz de su propaganda.
Lo aprobado por la derecha en Andalucía es un atropello, que afecta al conjuto de la ciudadanía y que, cuando termine esta crisis que ha utilizado como coartada, habrá que echar para atrás. Jose Antonio Abellán, el que fuera una de las estrellas de COPE, ya venía advirtiendo de la tropelía que preparaba la derecha. Hace 15 días, El Observador publicaba sus avisos: "Está hecho a medida para la COPE [...], es una barbaridad, una aberración. Es lo contrario a las leyes de comunicación del mundo entero". Abellán no duda en afirmar que "quien lo haya hecho es un mal andaluz", al tiempo que aseguraba que "sólo los golfos y los sinvergüenzas pueden votar que sí a esto".