Dominio público

Representación y pluralismo

Antonio Antón

Profesor honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid

Antonio Antón
Profesor honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid

El proceso de indignación ciudadana y protesta social, así como la conformación de un electorado indignado ponen de relieve la importancia de la configuración de una representación, social y política, democrática, progresista y plural. En particular, se ha abierto la posibilidad de la consolidación y convergencia de distintos grupos sociales y políticos transformadores y la oportunidad de fortalecer una alternativa a la izquierda de la socialdemocracia, con un reequilibrio de su tradicional hegemonía institucional. Se han ampliado las expectativas de desalojo institucional de las derechas y cambio político.

Por tanto, la configuración de un bloque social y político alternativo y una representación doble, social y político-institucional es una tarea inmediata y compleja. Es un tema controvertido, sujeto a debates e interpretaciones distintas. Exige una fuerte actitud democrática, unitaria y, al mismo tiempo, respetuosa con el pluralismo y la diversidad. Está condicionado por los intereses específicos de cada individuo, grupo o estamento social, así como por sus distintas experiencias y tradiciones organizativas, políticas y teóricas. Uno de los elementos fundamentales es las características de los grupos de activistas o élites asociativas con influencia en las movilizaciones populares y en la representación política. Aquí se aporta una reflexión general de las circunstancias y el enfoque adecuado para su abordaje.

La representación social de la ciudadanía activa es diversa y mixta. Por una parte, se asienta en el tejido asociativo anterior y está vinculada a las tradiciones de los movimientos sociales anteriores y las izquierdas. Por otra parte, participan componentes nuevos o renovados con ideas mixtas o eclécticas, dentro de valores democráticos y de justicia social. Todo ello contando con procesos complejos de interacción internos —dentro de ese conglomerado sociopolítico— y externos —en su relación con el poder institucional y económico—.

Igualmente, tal como han expresado los recientes resultados electorales, la representación política de la población indignada también es diversa. Los hechos más significativos en este campo, aparte del descenso del apoyo social a la derecha y su política liberal-conservadora, son tres: la debacle electoral del partido socialista, necesitado de un profunda reconversión política e ideológica y una renovación de su aparato, sus mecanismos organizativos y su liderazgo; el fortalecimiento de una alternativa político-electoral a la izquierda de la socialdemocracia, todavía dividida en varias referencias, con una responsabilidad particular para Izquierda Plural, y formando parte de ese ascenso crítico, la emergencia de una nueva opción, Podemos, expresiva de gran parte de la indignación ciudadana y su deseo de cambio profundo, socioeconómico y político-institucional.

La necesidad evidente de construcción de representaciones, coordinaciones o liderazgos unitarios y democráticos está condicionada por la tensión entre los distintos intereses particulares de sectores y posiciones de influencia, así como por las dificultades derivadas de la competencia intergrupal, la inexperiencia organizativa o las distintas capacidades comunicativas o de liderazgo. Igualmente, hay que tener en cuenta las deficiencias de esquemas de pensamiento más o menos esquemáticos o prácticas organizativas anquilosadas, dependientes de situaciones o tradiciones anteriores. Además existen problemas para elaborar, deliberar y decidir orientaciones complejas, de conjunto y a medio plazo, así como autónomas y críticas respecto del pensamiento liberal dominante y los grupos de poder.

Se pueden diferenciar tres niveles de indignación y participación: corriente social indignada, crítica pero pasiva; ciudadanía activa o movimiento de protesta social, y grupos de activistas, militantes, promotores o representantes. Esa distinción afecta a un aspecto teórico y organizativo: la valoración de la democracia y, en particular, de sus dos formas, la directa y la representativa. Partimos de la importancia de las dinámicas participativas, la reafirmación de las propias capacidades humanas y los valores democráticos, antijerárquicos y antiburocráticos. Frente al autoritarismo y el déficit democrático de las clases gobernantes y la actuación prepotente de grandes instituciones estatales o administrativas es fundamental reafirmar la participación cívica, el respeto de las élites políticas y económicas a la voluntad expresada por la sociedad y el cumplimiento de su contrato social y político con la ciudadanía.

Así mismo, existen grandes organizaciones sociales y políticas, con amplias estructuras de gestión, dirección y asesoramiento, con regulaciones y procedimientos diversos y siempre con la tensión entre los intereses específicos de los aparatos y la realización de la misión de la organización en beneficio de la ciudadanía y sus propias bases sociales. Con niveles bajos de participación de la población, la inclinación de los mediadores o élites asociativas hacia dinámicas burocráticas y jerarquizadoras son mayores. La solución es doble: cuidar las dinámicas organizativas democráticas e impulsar el dinamismo participativo en la acción sociopolítica que estimule la participación ciudadana y el interés por la cosa pública.

Las expresiones autogestionarias y de democracia directa se pueden ampliar con mecanismos asamblearios, consultivos y decisorios. Pero, ante situaciones, estructuras, dinámicas sociales y realidades organizativas complejas es necesaria también la democracia representativa o delegada; siempre sometida esa representación y su labor ejecutiva al escrutinio y la participación de su base representada. Los recursos, oportunidades, capacidades y disponibilidad de las personas no son iguales. Es preciso impulsar la igualdad en los procesos participativos, los derechos iguales en la información, las deliberaciones y la elaboración de las decisiones. Pero ello no se consigue de forma inmediata y generalizada y permanecen distintos grados de posibilidades e implicación de personas y grupos, por sensibilidades o intereses. No se trata solo de la imprescindible división de funciones o especialización de tareas, en el plano horizontal y con una coordinación simple, sino, sobre todo, de evitar posiciones jerárquicas, reconocidas o no, de mayor o menor capacidad de influencia, poder o dominación. Es necesario reconocer esas desigualdades para abordarlas y arbitrar mecanismos que las palien en un sentido igualitario y democrático.

La experiencia inmediata de la gente activa también es variada. Por una parte, la existencia y la participación de grandes estructuras organizativas (desde las administraciones públicas hasta los grandes partidos políticos, sindicatos o asociaciones); todo ello reporta una posición diferenciada en distintos niveles de poder, jerarquía y división de funciones. Por otra, la emergencia de pequeños grupos, más o menos estables e inmediatos, con procesos deliberativos y operativos directos y a pequeña escala, aunque pudiendo ser acumulados con mediaciones orgánicas o en red.

La articulación de un movimiento amplio, diverso, complejo, duradero y con grandes retos y dificultades exige una representación y una coordinación específicas, vinculadas a la gente activa pero en conexión comunicativa, real y simbólica, con la mayoría indignada de la sociedad, contando con dinámicas organizativas diferenciadas. La no distinción entre esos niveles genera un problema adicional: la creencia de ser todo y todos lo mismo, la consideración de que los activistas o portavoces están plenamente identificados con la opinión del conjunto del movimiento o de la mayoría de la sociedad, la convicción de que las ideas propias siempre y en todos los aspectos son representativas de la base popular que apoya o legitima sus principales iniciativas u objetivos, la negación de la diversidad o las diferencias dentro del mismo conglomerado sociopolítico y, en consecuencia, el no respeto a su pluralismo interno.

La ausencia del reconocimiento de esa relación problemática entre representación, movimientos sociales y corriente indignada no permite resolver bien las dificultades de su interacción, la elaboración de propuestas que sirvan para estimular la participación ciudadana, y fortalecer el enraizamiento de la gente activa con las opiniones y demandas de la mayoría de la sociedad. En el plano institucional, puede llevar a infravalorar la importancia de las mediaciones políticas y electorales, el abordaje del cambio institucional y político o el avance progresivo en la calidad democrática del Estado y sus instituciones (más o menos) representativas.

Por último, otro aspecto fundamental derivado de esta valoración de la democracia es la interacción entre representantes y representados. Una vez aceptado la no correspondencia mecánica o esencialista entre sujeto social y representación (activistas, élite, militantes o vanguardia), debemos admitir la diversidad de posiciones e ideas de la gente, también en el seno de los grupos más activos. Por tanto, es necesario el respeto al pluralismo y el reconocimiento de la diversidad cultural, social, política e ideológica dentro de un amplio movimiento popular, para arbitrar, precisamente, mecanismos democráticos y unitarios para elaborar consensos y compartir proyectos comunes o garantizar la convivencia ante los desacuerdos. La aspiración razonable a la unidad no debe imponer la homogeneidad ni hacer prevalecer la hegemonía del núcleo con mayor poder e influencia con exclusión de las opiniones divergentes o minoritarias.

En definitiva, para la conformación de unas redes y organizaciones amplias, diversas e interactivas y, todavía más, de grupos o núcleos promotores y con aspiración al liderazgo sociopolítico en el necesario y complejo proceso de conformación de un bloque sociopolítico progresista y alternativo, se necesitan las mejores cualidades éticas y democráticas y el compromiso y la lealtad por los proyectos comunes de defensa de los derechos sociales, la democratización y la participación cívica.