Begoña San José
Fórum de Política Feminista

El Taller celebrado por el Fórum de Política Feminista en Madrid, el 17 y 18 de octubre 2014, ha abordado la violencia de género a la vez que el impacto de género de los Presupuestos del Estado 2015, en especial de la reforma de impuestos que determinará su alcance. Son dos temas habitualmente percibidos como inconexos, pero interdependientes si vemos la violencia de género como manifestación extrema de desigualdad material y de poder entre mujeres y hombres, y si exigimos concreta y constantemente al Estado que cumpla su principal función legítima: garantizar la igualdad de derechos y redistribuir los recursos para hacerla efectiva.

Cuando a mediados de octubre el número de asesinadas en 2014 era de 71 mujeres —aunque las cifras oficiales hablen nada más que de 47, según el criterio impuesto por la Ley de Violencia de Género de 2004— el BOE ha publicado el acuerdo del Consejo de Ministros de ‘criterios de distribución’ para garantizar en 2014 la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género. Asistencia que deben organizar las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales bajo los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad, concretada en la atención jurídica, psicológica y social de las mujeres víctimas o en riesgo de serlo y los menores a su cargo. Como se ve un ambicioso objetivo que requiere una gran cantidad de recursos. Pues bien, para atender a tantos servicios y realizar tan gran numero de actividades que se refieren a un universo de 2.500.000 de mujeres maltratadas —los niños no sabemos cuantos son— el gobierno ha destinado la fabulosa cantidad de 4,3 millones de euros para toda España y para todo el año 2014.

La primera crítica que hay que hacer a semejante presupuesto es que se aprueban en el 4º trimestre los fondos para pagar la atención social integral que han necesitado en los diez meses pasados mujeres y criaturas de carne y hueso. Si a ese retraso que es una burla a las víctimas resulta que el pago a las Comunidades y Ciudades Autónomas de la atención social, a que les obliga una ley del Estado, sigue burocratizad?o y diversificad?o ?en ?proyectos esporádicos y ?pequeños?, sin avanzar en la normalización económico-administrativa? de los servicios obligatorios, profesionales y públicos, ?de atención jurídica, psicológica y social de proximidad en toda España.

La segunda es la escasez de dicho presupuesto: con 4,3 millones de euros para pagar 12 mensualidades a tres profesionales en 8.000 municipios resultan 14,93 euros de abogada/o, psicóloga/o o trabajador/a social al mes por municipio. ¿Alguien llama a eso atención permanente, integral, universal y cercana? ¿Dónde están los 3.127 millones para igualdad proclamados por la Ministra Mato el 7 de marzo de 2014?

Y la tercera y más importante, es que el gobierno ni come ni deja comer. Este fondito estatal de 4,3 millones se publica al tiempo que se prohíbe el gasto municipal en políticas de igualdad de las mujeres, estimado por la FEMP (2006) en 71,3 millones de euros. La Ley 27/2013 suprime el artículo 28 de la de Régimen Local, quitando a los ayuntamientos la potestad de hacer dichas políticas, salvo que se las deleguen y financien las Comunidades Autónomas o el Estado. El Ministerio de Hacienda está recabando en este mes de octubre el informe de cada intervención local sobre el coste de servicios, con la perspectiva de cerrar a finales de este año escuelas infantiles, servicios sociales, servicios de igualdad y puntos de atención a la violencia de género... si la ciudadanía no lo impide.

La atención y prevención de la violencia de género no puede ser sólo en los juzgados, como revelan el descenso de las demandas, órdenes de protección y sentencias, y como obliga el Convenio de Estambul publicado en el BOE del 6 de junio de 2014. La atención social integral de proximidad no puede retroceder.

Las elecciones municipales de 24 de mayo de 2015 no se pueden limitar a decidir la contrata de basuras de nuestro ayuntamiento, una institución que, como representante de sus ciudadanas y ciudadanos, tiene que poder hacer política para priorizar y gestionar nuestras diversas necesidades e intereses.