Paloma López
Eurodiputada de Izquierda Unida
Miguel de Porras
Economista

El 30 de Noviembre arranca en París la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, última de la ronda iniciada con la Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro en 1992.

Es difícil ser optimistas recordando el fracaso del anterior encuentro de Copenhague, donde se produjo la ruptura entre los Gobiernos de los países industrializados, opuestos a acuerdos más vinculantes y los países más concienciados con la necesidad de reducir las emisiones, encabezados por el ejecutivo boliviano de Evo Morales -que encabezaría, en 2010, la Cumbre de los Pueblos como alternativa a la hipocresía de las negociaciones oficiales.

El único compromiso real adquirido en las Conferencias ha sido el Sistema de Comercio de Emisiones (ETS por sus siglas en inglés), creado en 1997 a través del Protocolo de Kyoto y que, por falta de participación de los países emisores, no entró en vigor hasta 2005. En él se establece un mercado internacional de los derechos de emisión que obliga a las empresas más contaminantes a adquirir permisos para continuar con su actividad.

Kyoto fijaba reducciones de casi el 5% (4% tras la salida de Canadá) en las emisiones globales para el año 2012, sobre la base los niveles de emisión de 1990 para 36 países.

Al analizar los datos de emisiones es fácil caer en una falsa euforia sobre el cumplimiento del protocolo de Kyoto. Los datos muestran un 24% de reducción media de las emisiones para los países industrializados firmantes, pero esta reducción no se debe al buen funcionamiento del acuerdo. Por un lado, la elección de 1990 como año base para el cálculo de las emisiones produce un efecto "aire caliente" en los países de la antigua Unión Soviética donde la drástica reducción de emisiones se debe, en realidad, a la desindustrialización masiva sufrida entre 1990 y 1997. Por otro lado, en el protocolo no participan EEUU y Canadá, dos de los principales contaminadores del mundo, lo que limita gravemente su efectividad global.

Se trata en realidad de un protocolo poco efectivo a nivel global cuyos objetivos han sido alcanzados tan solo por los diferentes impactos de la economía mundial y no por una verdadera voluntad política. Pese a esto la decimoctava COP, celebrada en Doha, se limitó a aprobar su extensión hasta 2020.

Varios países destacan en la falta de consecución de los objetivos de Kyoto, entre ellos España, donde las emisiones se han incrementado muy por encima de los compromisos adquiridos. Es necesaria una alternativa política que permita a España entrar en la senda de la reducción de emisiones.

Una verdadera respuesta al problema del calentamiento global debe pasar por la planificación y la subsunción de la economía a los objetivos ambientales. Los mecanismos de mercado se han demostrado inefectivos para reducir emisiones y son los acuerdos políticos vinculantes los que deben tomar su relevo. En vez de alimentar la especulación financiera de las multinacionales contaminantes con los permisos de emisiones, es hora de señalarlas y hacerles pagar a través de mecanismos públicos de imposición.

Por ello necesitamos desarrollar un nuevo modelo productivo que proponga una reducción coherente de las emisiones, alcanzando la soberanía energética y productiva. Nuestras economías dependen de recursos energéticos exteriores, principalmente gas y petróleo, cuya explotación sólo beneficia a las grandes multinacionales del sector. Además su extracción y transporte genera gravísimos impactos, desde guerras para mantener el suministro a accidentes con severas consecuencias ambientales. Disponemos de recursos locales que, con la adecuada tecnología, pueden suponer alternativas eficientes, considerando su coste energético y económico.

Asimismo, debemos considerar el lugar de la industria en el desarrollo de este nuevo modelo productivo. No debemos olvidar que buena parte del incremento de las emisiones en muchos países en desarrollo se debe a la re-localización de una gran parte de la producción industrial europea. Necesitamos una transición equilibrada que no ponga toda la presión en los sectores industriales, sino que reparta la carga en el conjunto de la economía que consume los bienes producidos por los mismos.

La reducción de emisiones debe desarrollarse gradualmente y globalmente, pues la des-carbonización localizada puede incrementar la dependencia de la energía nuclear o el dumping en terceros países, disparando las importaciones fósiles con graves consecuencias ambientales (y laborales). La alternativa para una transición energética es un nuevo mix energético, que permita aprovechar las fuentes de generación renovables a la vez que aquellas convencionales de carácter local. En España disponemos de recursos, tecnología y capacidad para reducir nuestra dependencia energética y reducir los niveles globales de emisiones. En este sentido las energías renovables deben estar en el centro de un programa de desarrollo de la soberanía energética, pues España es un territorio privilegiado donde el Gobierno, en manos del oligopolio eléctrico, trata de impedir su desarrollo.

Paradójicamente la Unión Europea estará negociando un nuevo acuerdo climático mientras trata de cerrar un acuerdo de comercio e inversiones con el principal contaminador del mundo, Estados Unidos. El TTIP, que las instituciones europeas están negociando en la forma más opaca posible y con la oposición de gran parte de la población europea, supondrá eliminar las barreras con un país cuya industria no respeta vínculo alguno con la reducción de emisiones. Esto no solo supone una futura desventaja competitiva para nuestra industria, más limpia que la americana, sino que destapa la hipocresía de las instituciones europeas en estas negociaciones pues su verdadera apuesta es profundizar en la mercantilización de una economía en manos de multinacionales.

En una economía orientada únicamente a la maximización del beneficio, se incrementará la dependencia energética y seguirá sumiéndose en la pobreza energética a buena parte de su población. Compartimos proyectos políticos alternativos conscientes de la gravedad del calentamiento global, adaptándolos a la realidad y los recursos de cada territorio, para producir un descenso de las emisiones que no nos haga caer en nuevos problemas ambientales.

La próxima COP de Paris cerrará el ciclo de 20 años de negociaciones en un contexto que da poca credibilidad a los países industrializados. Es el momento de emprender compromisos ambiciosos, estrategias a largo plazo y medidas vinculantes.

Las consecuencias del cambio climático están cada vez más presentes y necesitamos afrontarlas de manera inmediata. La Conferencia de París tiene la obligación histórica de dar verdaderos frutos regulatorios y no falsas señales de mercado.