Javier Franzé
Profesor de Teoría Política, Universidad Complutense de Madrid

La política es una lucha por la política. Nada en la política está nunca del todo fijo: ni el demos, ni la distinción entre lo considerado político y lo que no, ni desde luego las preferencias de los ciudadanos.

¿Cómo se resuelve democráticamente la emergencia de un demos dentro del demos, de un nuevo sujeto político soberano dentro de una comunidad ya constituida? Esto es lo que plantea la cuestión catalana. Es probablemente el conflicto más político que pueda existir. Y vino a estallar en una de las democracias más institucionalistas posibles, la española. Institucionalista significa que los ciudadanos han internalizado que sus demandas, por más justas que sean y aun cuando queden insatisfechas, no pueden contradecir ni siquiera mínimamente la palabra de las instituciones, ya que éstas siempre tienen razón. En verdad es una implosión, quizá consecuencia de la falta de ejercicio en tramitar conflictos a que ha llevado la asimilación excluyente de democracia y consenso.

Equiparar la demanda de referéndum en Cataluña con casos imaginarios del tipo "no pueden votar sólo los hombres acerca de la política agraria europea" resulta superficial. No se trata de que una parte no puede votar en nombre del todo, sino de que en política el todo hay que definirlo, no viene dado por naturaleza. Demos no es población: ni siquiera coincide con los habitantes adultos. La ciudadanía es un modo de vida, una identidad, a la que se accede y no en todos lados del mismo modo (hay derecho de suelo y derecho de sangre, la mayoría de edad puede fijarse en distintas edades). El "querer vivir juntos" y de un modo determinado es la causa, no la consecuencia de la ley. Ésta sanciona a posteriori esa forma de vida elegida.

No cualquier grupo se constituye en un todo, para ello tiene que adquirir cierta consistencia como tal: constituirse políticamente. Por eso tampoco tiene sentido preguntar por qué habría que hacer un referéndum en Cataluña y no, por ejemplo, en Murcia o Valencia. Sencillamente porque esas autonomías se identifican —hasta que manifiesten lo contrario— con el demos español.

Por lo tanto, desde el punto de vista democrático, el problema es sobre qué criterios se constituye ese nuevo demos, no el hecho de que se constituya, lo cual parece un invariante de la política y, por tanto, un suceso históricamente inapelable. ¿La constitución del pueblo catalán como demos atenta contra la democracia? Los criterios con los que en la práctica se está constituyendo no son diferentes de los del demos español. No están operando criterios racistas, sexistas o xenófobos. Hay sí —aunque no en todas las voces que lo reclaman— un componente de egoísmo social. Pero éste no es extraño al demos español: basta ver el régimen foral navarro, la "paz fiscal" vasca o, incluso, la evasión impositiva en el nivel estatal. La formación del demos catalán no parece contradecir la democracia porque, en primer término, se está dando alrededor de la demanda de votar en referéndum qué tipo de comunidad política quiere ser (lo desea un 70/80%), no alrededor de la independencia (con casi el 50% a favor). Incluso no todos los que impulsan la independencia son nacionalistas, sino soberanistas.

Un segundo elemento para evaluar la democraticidad de la constitución de ese demos es qué se pretende votar, porque es cierto que votar no equivale per se a democracia, al menos en términos de la concepción liberal hegemónica. En efecto, votar si las personas de piel oscura pueden ir a los mismos bares que los de piel blanca no sería admisible en términos democráticos liberales (aunque no llamemos democracia iliberal al régimen político norteamericano cuando era regido por una legalidad semejante). Lo que el referéndum catalán quiere votar no parece asimilable al ejemplo que poníamos. No parece ir contra los derechos de nadie votar qué grado de autogobierno adquirirá una comunidad que, en cualquiera de sus casos, no cuestiona la democracia (representativa, liberal y republicana, para más datos). Sólo en el caso de que se diera la independencia, podría dañar la identidad española de algunos de los que no viven en Cataluña. Pero esto no parece una privación de ningún derecho, sobre todo porque no cabría reclamar o justificar su realización contra la voluntad mayoritaria de otro grupo. No parecer razonable obligar a la mayoría de catalanes a renunciar a su independencia para que una parte de otro demos no vea afectada su noción identitaria (nacionalista española).

Ya están corriendo los últimos minutos de un conflicto que al menos lleva siete años. En el cercano horizonte del próximo lunes 9 asoma, ahora sí, el peor escenario. Ya que las partes se autopresentan sobre todo como demócratas, sería bueno que aplicaran criterios democráticos para resolver el conflicto. Quizá por eso la clave sea preguntarse cuál solución fortalece o daña más los valores democráticos.