Entre la algarabía de las variopintas reacciones suscitadas por la coherente decisión de eliminar símbolos de una dictadura que perduran en el seno de una sociedad democrática, se han incrustado versiones de nuestro reciente pasado que nada tienen que ver con la realidad investigada por los historiadores  y por la propia documentación generada por los golpistas. Franco no dudó en manifestar a un periodista norteamericano que si había que eliminar a media España se haría. Los Bandos de Guerra reflejan de forma indeleble la orden de pasar por las armas sin necesidad de formación de juicio a los integrantes de los partidos políticos que configuraron el llamado Frente Popular. Para los defensores de la teoría evolucionista de la Dictadura, solamente recordarles que Franco se despidió de este mundo, meses antes de su muerte,  con cinco ejecuciones acordadas en procesos de guerra sumarios, idénticos a los que se produjeron durante la Guerra civil y en la larga dictadura.

Entre los diversos argumentos esgrimidos para justificar la intangibilidad del Mausoleo del Valle de los Caídos, quizá uno de los más llamativos sea el esgrimido por la familia Franco, seguramente aconsejada por alguna lumbrera jurídica, defendiendo públicamente que trasladar sus restos, sin su consentimiento, sería una profanación de cadáveres, castigada en el Código Penal. Es evidente que la Democracia, a la que tanto odiaba el Dictador, se caracteriza por dar cabida a todo género de opiniones por muy disparatadas que sean.  Si conservan un mínimo apego por su antecesor, deben estar dispuestos a recibir sus restos donde ellos consideren más oportuno. Parece que últimamente les han aconsejado abrazarse a la Santa Madre Iglesia y refugiarse en la sacralidad del recinto.

La palabra profanación tiene un origen incuestionablemente religioso. Se traslada al Código Penal al considerar que puede haber un ánimo deliberado de faltar al respeto debido a los difuntos. Como toda palabra tiene raíces etimológicas y significados sinónimos. Los diccionarios la equiparan a deshonrar, manchar  o mancillar a personas o ideas. Los que sostengan, desde el punto de vista personal o colectivo, que la exhumación es ilegal, están profanando la democracia.  

Dejando aparte el disparate jurídico que supone sostener la existencia de un delito, los que se alzan contra la apertura de la fosa exhiben, no sin una razonable preocupación, una carga política con unas profundas raíces en la ideología dictatorial del pasado.

Resultaría grotesco, si no fuera deprimente, que un Estado democrático soberano no pueda disponer sobre el destino, gestión y uso de bienes que pertenecen al Patrimonio Nacional como, el Valle de los Caídos. Los argumentos sedicentemente legales, derivados de un acuerdo jurídico preconstitucional, con la Santa Sede que mantiene, en parte,  fragmentos del Concordato (1953), muy parecido al  firmado con países, como la Alemania de Hitler o la Italia de Mussolini.  La supremacía de los derechos eclesiásticos sobre la Basílica y el Cementerio me parece absolutamente incoherente si comprobamos que  los Acuerdos Jurídicos,  reconocen al Estado la facultad de expropiación de bienes eclesiásticos con la simple audiencia de  la autoridad eclesiástica. La paradoja alcanza tintes surrealistas si, como se ha dicho, la decisión última la tiene  el prior de un monasterio francés, al que nadie ha cedido, que sepamos, una parte de la soberanía nacional.

Esta interpretación, al parecer dominante, nos llevaría a sostener con igual falta de rigor, que el Gobierno no tendría facultad para disponer la ordenación o cambio, de los restos que yacen en el Panteón de la Basílica del Monasterio del Escorial, cuya administración eclesiástica corresponde a la orden de los Agustinos. Creo que los últimos traslados de restos al Panteón Real, fueron los de Alfonso XIII y  Juan de Borbón y no encuentro por ningún lado el consentimiento de la Orden de los Agustinos. Dejemos que el derecho canónico regule los intrincados laberintos de las relaciones de la Iglesia con sus fieles y demos al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.

El ordenamiento jurídico democrático, encomienda la gestión y administración de los bienes del Patrimonio Nacional al ministro de la Presidencia del Gobierno, que  es, en definitiva, el que tiene la última palabra para tomar una decisión. El Presidente del Gobierno en su reciente comparecencia ante los medios, ha reiterado su promesa de sacar los restos del Dictador de la Basílica del Valle de los Caídos, añadiendo, como es obvio, que con todas las garantías. Me gustaría que el propio Gobierno o sus servicios jurídicos,  hiciesen públicos cuáles son los obstáculos legales para tomar una decisión.  No me parece mal buscar un diálogo y un consenso, pero, en última instancia, la decisión corresponde al Gobierno soberano respaldado, en este caso, por la totalidad del Parlamento. El ala derecha lo único que ha dicho es que existen otras prioridades, pero no que se oponga al  traslado de los restos

Al margen de los entresijos jurídicos lo más preocupante es la comprobación de la fuerza que tienen los movimientos de rancio sabor fascista, - purificadores de una dictadura sanguinaria y cruel-, que impregna demasiados sectores importantes de la vida pública. El Partido Popular en su reciente Congreso se ha alineado,  en política migratoria, con las tendencias que emergen en partidos xenófobos que están proliferando en la Europa democrática. Por si faltaba algo, un grupo de 181 militares, de toda la graduación  y de todas las armas del Ejército, han alzado su voz para pedir respeto por el soldado Francisco Franco ensalzando, por lo menos de manera indirecta, un golpe militar que, desde sus comienzos, como he dicho al principio, tenía entre sus objetivos el de eliminar a más de media España.

Mientras los restos del Dictador no salga de ese recinto, construido exclusivamente para la exaltación de un golpe militar contra la democracia,  es posible que podamos subsistir  haciendo políticas de diverso signo, según la ideología del partido  o partidos gobernantes. Pero la losa que cubre su tumba, pesará de forma insoportable, sobre la dignidad y los valores de nuestro sistema democrático.

La democracia no puede convivir  con signos que son radicalmente incompatibles con sus valores. ¿Podemos imaginarnos un debate semejante en Alemania o Italia?  Creo que no podemos permitirnos, por la propia dignidad y los valores consagrados en nuestra Constitución, que la democracia siga siendo profanada por la existencia insoportable y contradictoria del símbolo máximo de una dictadura represora que odiaba cualquier vestigio de vida democrática. Que no tema el Presidente del Gobierno, le ampara la potencia legitimadora del texto constitucional y las leyes. No creo que ningún juez o jueza, pueda paralizar el  traslado de los restos, invocando reglamentos o leyes de inferior rango, y no quiero ni imaginarme que consideren que la decisión tiene carácter delictivo o nulo, profanando, con estas decisiones,  los principios rectores del sistema democrático.

Aunque hayamos dejado transcurrir más de cuarenta años, desde la muerte y sepultura del Dictador, ha llegado el momento de erradicar cualquier vestigio de la Dictadura, recuperando la normalidad democrática entre nosotros mismos y ante los socios de la Unión Europea que nació, como se dice en sus textos, inspirándose en la herencia cultural, religiosa y humanista de Europa, a partir de la cual se han desarrollado los valores universales de los derechos inviolables e inalienables de la persona humana, la democracia, la igualdad, la libertad y el Estado de Derecho.