Opinion · Dominio público

En qué consiste el plan aprobado por el Parlamento Europeo para favorecer a la banca y los planes privados de pensiones

Eduardo Garzón

Economista y profesor de Economía y Hacienda Pública en la Universidad Autónoma de Madrid.

Este jueves 4 de abril se aprobó en el Parlamento Europeo el denominado “Producto paneuropeo de pensiones individuales” (PEPP) gracias a los votos a favor de los liberales y los populares (PP, Ciudadanos, PNV, UPyD, PdCaT…) y con la abstención de los socialistas (el motivo aludido es que “no era un verdadero enfoque paneuropeo”). El bloque de la izquierda unitaria y los verdes (Podemos, Izquierda Unida, Equo, ERC…) votaron en contra y además presentaron una enmienda para retirar esta medida, pero no prosperó (en parte debido al voto en contra de los eurodiputados socialistas, que en esta ocasión curiosamente no se abstuvieron). ¿A qué se debe esta diversidad en los votos? ¿En qué consiste el PEPP?

En realidad esta medida llevaba tiempo perfilándose en las instituciones europeas: la Comisión Europea ya le dio el visto bueno hace casi dos años. Su objetivo siempre ha sido explícito: “los productos paneuropeos de pensiones individuales servirán para fomentar la competencia entre los proveedores de pensiones, otorgando a los consumidores más posibilidades de elección a la hora de colocar sus ahorros”. Se busca la “uniformidad de las normas a nivel nacional y de la UE”, para lograr “el desarrollo de un mercado de pensiones a escala de la UE competitivo y de gran dimensión”. Estos planes de pensiones “podrán ser ofertados por una amplia gama de proveedores, tales como compañías de seguros, bancos, fondos de pensiones de empleo, empresas de inversión y gestores de activos”. Por último, “se anima a los Estados miembros a conceder a los PEPP el mismo trato fiscal que actualmente se dispensa a los productos nacionales análogos que ya existen”.

El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, en la presentación del 'Producto paneuropeo de pensiones individuales', en Bruselas. REUTERS
El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, en la presentación del ‘Producto paneuropeo de pensiones individuales’, en Bruselas. REUTERS

En román paladín, por si a alguien se le escapa lo que subyace en todo esto: este plan paneuropeo marca el inicio de una serie de reformas legislativas en los parlamentos nacionales que favorecerán y ampliarán el negocio de las entidades financieras que hacen negocio con los fondos privados de pensiones. Nada nuevo bajo el sol, porque nuestros Estados ya dan facilidades y bonificaciones fiscales a estos productos, pero lo llamativo de este asunto es que ahora el trato privilegiado a este segmento del sector privado se articulará y coordinará desde a nivel europeo, lo que no hará sino intensificar las ventajas que tienen las entidades financieras a la hora de lucrarse con los ahorros de la gente. El texto aprobado lo deja claro: “los proveedores podrán desarrollar PEPP en varios Estados miembros, agrupar activos más eficazmente y lograr economías de escala”.

Quizás el lector piense que no hay nada de malo en todo esto, ya que al fin y al cabo se trata de favorecer planes privados de pensiones que son voluntarios y que no hay ninguna medida que vaya directamente en contra del sistema público de pensiones. Pero seguro que el lector no pensaría lo mismo si en vez de pensiones hablásemos de la sanidad: ¿se imagina lo que implicaría que las instituciones europeas instaran a los parlamentos estatales a implementar medidas que favoreciesen y ampliasen el negocio de la sanidad privada, incluyendo medidas fiscales? La sanidad privada también es voluntaria, pero el hecho de que las administraciones públicas le otorguen ventajas tiene un impacto determinado sobre la sanidad pública. Lo mismo ocurre con las pensiones: la señal que están enviando las instituciones europeas es muy peligrosa y preocupante porque implica que están más preocupadas por mejorar el negocio privado que por mejorar el sistema público.

No está de más recordar que en nuestro país ya utilizamos dinero público para ayudar al negocio privado de las pensiones: acorde a los cálculos del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, cada año los contribuyentes perdemos unos 2.000 millones de euros por perdonar impuestos a quienes contratan planes privados de pensiones. Dinero público empleado en ayudar a la banca que hace negocio con las pensiones y en ayudar a las personas que contratan estos productos que, por cierto, son mayoritariamente personas adineradas. Según datos del Banco de España, en el año 2014 (últimos datos disponibles), centrándonos en el 20% más pobre de la población, sólo el 5% había inyectado dinero en algún plan privado de pensiones. En cambio, si nos centramos en el 10% más rico, lo había hecho el 60,5%. Y esta relación se mantiene a lo largo de todos los estratos: cuanta más renta, más se utilizan los planes privados de pensiones. En total, el 26,1% de la ciudadanía española había acudido a una de estas fórmulas de ahorro. Es decir, que entre todos pagamos dinero para entregárselo a unos pocos, que encima son sobre todo los más acaudalados. Pues con este PEPP, en vez de dar marcha atrás, aumentaremos las ayudas públicas y facilidades que recibirá el negocio privado de las pensiones.

Tampoco viene mal traer a colación que los fondos privados de pensiones en realidad no tienen nada que ver con las pensiones; son simplemente fondos de inversión financiera. Y además, muy poco rentables y en muchos casos ruinosos.  La propia OCDE alertó hace poco de que las comisiones aplicadas por las entidades gestoras se pueden llevar por delante una tercera parte de la pensión. De hecho, según un estudio reciente de la IESE Business School, de 313 fondos privados de pensiones españoles, 58 tuvieron rentabilidad negativa (los ahorradores perdieron dinero) y 233 tuvieron una rentabilidad mínima, inferior al IBEX-35 y a la deuda pública. Además, como ocurre con todas las inversiones, no está al alcance de todos porque para poder contratar un plan es necesario tener capacidad de ahorro, algo de lo que carece una buena parte de la población española. No hay datos exactos sobre la capacidad de ahorro de las familias pero sí hay estimaciones. La más optimista es la de Fintonic, que pone de manifiesto que sólo 4 de cada 10 personas pueden ahorrar en nuestro país. La más pesimista es la de los técnicos del Ministerio de Hacienda, que señala que el 86,6% de la ciudadanía española no tiene capacidad de ahorro.

En definitiva, la Unión Europea y la mayoría de partidos políticos que la nutren continúan (lejos de toda sorpresa) contaminados por los principios neoliberales, cuya filosofía radica en que hay que dar prioridad y ventajas a lo privado frente a lo público. Este caso reciente del plan paneuropeo de pensiones privadas es el enésimo paso de deterioro del Estado social que desgraciadamente lleva mucho tiempo aplicándose en nuestras sociedades. ¿Cuándo le daremos la vuelta?