DAVID GIMÉNEZ GLÜCK

Si algún dirigente político o social tuviera el atrevimiento de decir que la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación que proyecta aprobar el Gobierno es una de las leyes más importantes de la democracia, sería objeto inmediato de numerosos y despiadados ataques. Y, sin embargo, es exactamente así. El desprecio instalado en numerosos medios de comunicación por todo aquello que tenga que ver con el avance de las políticas de igualdad, unido al impacto de la crisis que todo lo puede, nos impide calibrar en su justa medida, lamentablemente, el trascendental paso que se está a punto de dar. La diversidad no es sólo una realidad positiva para los que creemos en una sociedad abierta y progresista; es, ante todo, un fenómeno inevitable en un mundo globalizado, que no tiene marcha atrás y que va a incrementarse en los próximos años. Es algo con lo que vamos a convivir, tanto en esta generación como en las próximas que quedan por venir. Y, sobre todo, es una materia que hay que gestionar muy bien desde los poderes públicos para que la sociedad despliegue todas sus potencialidades y supere todos los retos y lógicas dificultades que la misma supone.

Nos jugamos mucho, más de lo que nos imaginamos, y no hay más que echar un vistazo a otros países europeos para darnos cuenta de ello, porque una gestión exitosa de la diversidad es fundamental para garantizar la convivencia, que es lo más preciado que tenemos. Incluso para los que no ven más allá de la economía: todos los estudios sobre la materia demuestran que una sociedad más cohesionada y más igualitaria es una sociedad más eficiente desde el punto de vista económico.
España lleva años haciendo un buen trabajo en este sentido. Pese a algunos, que tratan de boicotearla, la convivencia en España entre diversas religiones, entre diversas etnias –es muy significativa la muy diferente situación de la etnia gitana en España respecto a otros países europeos, objeto de un sincero reconocimiento internacional–, entre diversos orígenes nacionales, entre mujeres y hombres, entre las personas con distintas capacidades, es básicamente buena.

Los poderes públicos han tenido la gran fortuna de contar con un elemento imprescindible para alcanzar el objetivo: una ciudadanía mayoritariamente tolerante y abierta. Pero, además, ha habido en los últimos años un Gobierno que ha practicado efectivas políticas de integración y, tan importante como lo anterior, un discurso político de tolerancia hacia lo diverso, de respeto al diferente, tan distinto del que, lamentablemente, se practica por gobiernos conservadores de otros países o por algunos dirigentes del principal partido de la oposición. Pero había que dar un paso más, puesto que nos faltaba todavía una pieza fundamental para la correcta gestión del fenómeno: poder disponer de un marco regulatorio integral que clarifique qué prácticas y comportamientos vulneran esa necesaria convivencia y, por ello, han de ser perseguidos. Es decir, qué se considera y qué no se considera discriminación y, sobre todo, una estructura administrativa que se encargue de velar porque lo que establece ese marco regulatorio se cumpla en la realidad social. Esto es, un instrumento que garantice que la igualdad de trato se aplica en las relaciones sociales y que, cuando se vulnera, el Estado reacciona. Estos son, en esencia, los objetivos del anteproyecto de ley que está tramitando el Gobierno.

Tan importante resulta definir qué prácticas se consideran discriminatorias como aquellas que no lo son. Hoy en día tenemos la Constitución, la jurisprudencia y algunas leyes inconexas para hacernos una idea, pero no una ley integral que aporte seguridad jurídica sobre lo que es un trato permitido y cuál no. Hablar bien del jamón a unos estudiantes musulmanes (se trata de un caso que actualmente ha sido planteado por un padre como posible discriminación) o distinguir entre mayores y menores de 45 años a la hora de otorgar una ayuda para encontrar empleo son prácticas que esta ley contribuirá a clarificar que no son discriminatorias por razón de religión o edad. Negar un alquiler a una persona exclusivamente por su condición de inmigrante o negar un trabajo a una persona por ser portador del sida o transexual son prácticas muy extendidas que esta ley contribuirá a señalar como no permitidas y rechazables para la convivencia. Pero, sobre todo, contribuirá a que, si estas últimas prácticas se producen, las víctimas se vean amparadas por una autoridad estatal que les ayude a restituir su derecho a la igualdad de trato frente a la situación actual, en la que en demasiadas ocasiones discriminaciones evidentes quedan impunes por la soledad en la que se encuentra la víctima frente al atropello. Algo con lo que se ha de acabar, primero, por las propias víctimas, pero también porque no hay elemento más deslegitimador para un Estado de derecho que el que las leyes que protegen a los más débiles no se apliquen en la realidad social.

De lo que se trata, por tanto, es de fijar las reglas de nuestra convivencia y de hacerlas cumplir, al mismo tiempo que se envía un mensaje de tolerancia y de respeto que contribuirá a mejorar la vida de aquellos que más sufren la intolerancia y, de paso, aumentar la dignidad de toda la sociedad en su conjunto. ¿Alguien puede imaginar un objetivo más importante en una democracia?

David Giménez Glück Director de Relaciones Institucionales de la Fundación IDEAS.

Ilustración de Alberto Aragón