Opinion · Dominio público

La legitimidad de la República

ISABELO HERREROS

Transcurridos más de 30 años del inicio de la transición a la democracia en España, es una obviedad que no ha habido voluntad política, en los sucesivos gobiernos, de asumir el legado de la Segunda República y defender su legitimidad.
En los últimos años se ha dado una escalada importante de los libelistas que, para justificar una sublevación armada, repiten sobre la Segunda República los mismos tópicos de la historiografía franquista. Una de las señas de identidad del actual revisionismo es la tesis de la ilegitimidad del régimen del 14 de abril, por haberse proclamado tras unas elecciones municipales que, según dicen, ganaron los partidos monárquicos de forma abrumadora. También se mantiene, contra viento y marea, la falacia de la bondad del monarca, Alfonso XIII, al marchar al exilio de forma pacífica, cuando lo cierto es que intentó por todos los medios ahogar la revuelta popular y que lo que ocurrió fue que ni la Guardia Civil trató de evitar lo inevitable.
En relación a las elecciones del 12 de abril de 1931, no es de recibo la tesis de la ilegitimidad por varias razones. La primera es que era la monarquía la que se había apartado de su propia legalidad al no reanudar la actividad parlamentaria en diciembre de 1923 y al dar su apoyo a una dictadura militar que, además, acabó con los viejos partidos Liberal y Conservador. Más allá de todo esto están los datos de los sufragios obtenidos por los candidatos de los distintos partidos que concurrieron. Nadie se ha molestado en ir más allá de las cifras de concejales, ni en analizar resultados en votos, muy superiores los de los republicanos frente a los monárquicos. Es un tópico muy repetido que la Conjunción Republicano-Socialista ganó las elecciones en capitales de provincia, donde no se daba la presión de los caciques, pero que en el resto, en la España rural, habían ganado los monárquicos. Lo cierto es que esta versión aparece en memorias de personajes de la época, sin embargo no se compadece con la realidad de lo que ocurrió. Si prescindimos del número de concejales ya proclamados por el famoso artículo 29, que eran un total de 29.804, y donde sí había una mayoría considerable de monárquicos, en su totalidad de poblaciones muy pequeñas, quedan aún por analizar 50.668 concejales, efectivamente electos el 12 de abril, y que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística de 1931, tuvieron la siguiente afiliación política: republicanos (Partido Republicano Radical, Acción Republicana, Partido Republicano Radical Socialista, Esquerra Republicana de Catalunya, Derecha Liberal Republicana, Organización Republicana Autónoma y grupos autónomos), 20.428; socialistas, 3.926; comunistas, 57; monárquicos, 12.970; otros, 9.155; “no consta”, 4.132.
Esos son los datos que aún esperan un estudio de conjunto y pormenorizado con proyecciones a partir de las herramientas que la nueva
sociología electoral suministra.
Pero no sólo es cuestión de cifras y datos –que también– lo relativo a aquella explosión de alegría colectiva del 14 de abril de 1931, sino de estudios rigurosos acerca de la transformación que se produjo en nuestra sociedad.
En los últimos años han aparecido investigaciones de estudiosos del republicanismo que nos sitúan ante una visión mucho más rica, y a la Segunda República como la resultante de una larga andadura del riachuelo liberal del que hablaba Manuel Azaña, donde cristalizaron los proyectos de modernización de España, encarnados por la vigorosa influencia de la Institución Libre de Enseñanza. El republicanismo a través de sus partidos, así como la nada desdeñable aportación del movimiento obrero que, desde sus dos organizaciones mayoritarias –UGT y CNT–, con sus casas del pueblo y sus ateneos libertarios, venían realizando una importante labor de elevación de la educación cívica y la cultura de la clase obrera.
El proyecto republicano fue protagonizado en buena medida por las clases medias urbanas, que pudieron participar en la vida pública y disfrutar de la concreción de la modernidad, con el acceso, no sólo a una universidad que era de las mejores del mundo, sino también a una vida cultural sin precedentes. Por su parte, obreros y campesinos vieron plasmarse logros de justicia social, eso sí, con la obstrucción y hostilidad de las oligarquías. También accedieron a la educación y a la cultura, con la construcción de más de 11.000 escuelas en los primeros años republicanos. En un país con casi la mitad de su población analfabeta, el acceso a la educación gratuita y obligatoria –para
todos los niños– fue, para muchos desposeídos, razón más que suficiente para defender la República.
La Iglesia católica y unas oligarquías miopes conspiraron desde el primer día para acabar con el proyecto modernizador de la Segunda República por suponer, y con razón, que con la consolidación de una democracia avanzada podían perder su situación de poder y dominación.
Quien fuera la encarnación misma de la Segunda República española, Manuel Azaña, en su obra La Velada en Benicarló nos hace llegar, a través de uno de los personajes, cuál era la aspiración mas íntima de aquellos republicanos para España: “Pienso en la zona templada del espíritu, donde no se aclimatan la mística ni el fanatismo políticos, de donde está excluida toda aspiración a lo absoluto. En esta zona, donde la razón y la experiencia incuban la sabiduría, había yo asentado para mí la República”.

Isabelo Herreros es periodista. Autor de la biografía ‘Ossorio y Gallardo, un presidente entre Romanones y Azaña’

Ilustración de Diego Mir