La pandemia de la COVID-19 se ha sentido en todos los rincones del país, pero no todos hemos sufrido el mismo impacto. La crisis ha expuesto de forma descarnada las fuertes desigualdades preexistentes en la sociedad española, profundizándolas y ahondando en sus efectos. El impacto ha sido desigual y desproporcionado, cebándose con los más vulnerables. En España, según proyecciones de Oxfam Intermón, 1,1 millones de personas más podrían caer en la pobreza en el próximo año presupuestario.

Para hacerle frente, en 2021 necesitamos unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) más sociales que nunca. Unos presupuestos que permitan financiar los gastos públicos extraordinarios derivados de la respuesta a la emergencia sanitaria, económica y social. La crisis de 2008 nos dejó una herida social que perdura: toca aprender de los errores, es hora de acuerdos políticos que pongan a las personas en el centro, primando la cohesión social y garantizando que salimos de la crisis sin dejar a nadie atrás.

Sin embargo, nos enfrentamos a esta crisis con escaso margen fiscal y con un futuro inmediato en el que la recaudación caerá, consecuencia del parón económico que tanto ha afectado al empleo y al consumo. Se ha fijado ya el techo presupuestario que se incrementa, pero que lo hace contra más deuda. Si los usamos bien, la llegada de los fondos europeos es un balón de oxígeno, pero no solucionará todos los problemas y, mucho menos, los vicios recaudatorios de los que adolece nuestra fiscalidad.

El nuevo informe de Oxfam Intermón "Una nueva fiscalidad para que nadie quede atrás"  señala que es indispensable corregir, de una vez por todas, nuestra precaria situación fiscal e impositiva para responder con contundencia a las consecuencias sociales y económicas de la COVID-19 y activar la recuperación de un sistema público empobrecido y deteriorado. Necesitamos una acción decidida.

La presión fiscal en España está lejos de la media europea. Además, en nuestro caso el grueso del peso de la recaudación (83%) recae sobre las familias, mientras que las empresas sólo contribuyen con el 12%. Es un sistema regresivo e injusto. Se recauda proporcionalmente más de quien menos tiene y no se les compensa con políticas sociales que mejoren su vida. El sistema fiscal español es un colador por el que se pierden cada año miles de millones de euros en bonificaciones, deducciones, exenciones, tipos reducidos, elusión y evasión fiscal.

El informe propone medidas que graven la riqueza, el capital y a las grandes empresas que no han recibido tanto impacto. Contempla recaudar más de quien se ha visto menos impactado por la crisis para invertirlo en salud, educación y protección social para los que más han perdido. Las medidas propuestas permitirían, en situación de normalidad económica, recaudar unos 10.000 millones de euros más cada año. Recursos suficientes para tapar, casi en su totalidad, la brecha de 12.000 millones de euros que distancia nuestro gasto en protección social de la media europea.

Toca ponerse las luces cortas, pero también las luces largas. Las luces cortas para buscar recursos extra de manera urgente para estos PGE de 2021. Para ello, debería crearse un impuesto excepcional de duración limitada para las empresas que han visto aumentar su facturación y sus beneficios de manera extraordinaria durante la pandemia. Además, urge la adopción de un impuesto sobre los servicios digitales y otro a las transacciones financieras, que recaería sobre los operadores financieros sin apenas impacto sobre la ciudadanía. No hay excusa para no buscar estos ingresos extra en este momento.

La COVID también nos brinda la oportunidad de pedir a las empresas compromisos para mejorar una futura recaudación. Muchas de ellas van a necesitar recursos públicos durante este periodo. Por eso es el momento de pedirles un comportamiento fiscal responsable que pase, entre otras cosas, por la salida de paraísos fiscales. Los fondos públicos no pueden acabar en esos territorios.

Más allá de estos presupuestos, es obligatorio poner también las luces largas y abordar sin dilación una reforma fiscal a medio plazo. Una reforma que permita resolver los malos vicios de nuestro sistema y que lo encamine a recaudar más y de manera más justa y progresiva.

En esta segunda línea, proponemos una serie de ajustes en el Impuesto sobre Sociedades, un impuesto que ha reducido su recaudación a la mitad en los últimos 12 años. Si en 2007, por esa vía llegaban 22 de cada 100 euros de ingresos tributarios, ahora son sólo 11. Entre otros, es imperativo revisar los beneficios y entramados fiscales que hacen que por ejemplo en 2016, 27 multinacionales españolas, con un beneficio neto superior a los 25.300 millones, tan solo pagaran 65 millones en impuestos en todos los países donde habían operado, una tributación que representa un tipo efectivo casi nulo, del 0,3% respecto del beneficio neto.

También hay que revisar el Impuesto al Patrimonio, corrigiendo las exenciones, las bonificaciones autonómicas, la evasión derivada de tener la riqueza en determinados países y también la valoración de los bienes muy por debajo del precio de mercado para que este impuesto contribuya al esfuerzo colectivo que exigirá la recuperación. Y gravar el capital en el IRPF, que tributa muy por debajo de lo que pagamos las y los trabajadores. Las rentas del trabajo tienen un tipo efectivo medio del 12,8%, y las del capital apenas llegan al 8%.

Esperamos mucho de estos presupuestos y de la talla de nuestros políticos y políticas. Esperamos que los presupuestos respondan a la magnitud del desafío y que sienten las bases para una reforma profunda de nuestro modelo fiscal, para que cumpla su objetivo de financiar un modelo de estado en el que todas las personas tengan una vida digna.