Nuestros políticos han cogido la insana costumbre de volcar sobre nosotras la responsabilidad, suya y solo suya, de no aceptar los resultados electorales y convocar elecciones cada dos por tres. La más sincera y coherente con su concepto de libertad y democracia ha sido la presidenta de Madrid, que confesó en una entrevista haberse sentido secuestrada por Ciudadanos en el Gobierno de coalición -y también un poco de Vox, del cual necesitó sus escaños para la investidura-. Ahora, Isabel Díaz Ayuso, aunque seguirá necesitando escaños de la ultraderecha, se siente más tranquila, porque sus secuestradores han desaparecido del mapa de la Asamblea y el exitoso resultado del PP le facilita mucho las cosas tras convocar unas elecciones por sorpresa -y la nunca agradecida ayuda del PSOE y Ciudadanos- el 4 de mayo.

El bipartidismo estatal de PSOE y PP es quien peor ha llevado el tema del multipartidismo; en el Congreso, autonomías y hasta ayuntamientos. Esta eclosión de partidos, además, no viene solo de la mano de las que han sido las más potentes de las nuevas formaciones tras el 15-M, Ciudadanos y Podemos, sino también de la entrada en tromba de Vox y su neofascismo, gracias, entre otras cosas, a esa alergia a ponerse de acuerdo entre nuestros dirigentes para una coalición de Gobierno -la repetición electoral de noviembre de 2019 dio a Vox más del doble de diputados nacionales que en abril de ese año-; también la territorialización de la Cámara Baja, con más partidos independentistas, nacionalistas, regionalistas y municipalistas que nunca, ha desbordado a socialistas y populares. 

Pero es la democracia, amigos. Y así hay que aceptarla, aplaudiendo además, porque ha costado sangre, sudor y lágrimas.

Tras las elecciones de Madrid, y parece que descartadas las andaluzas a corto plazo ("Nadie más interesado que Juanma Moreno en que no se convoquen elecciones; tranquilo como está con la única representación fuerte que queda de Ciudadanos y con la sola idea de tener que gobernar con Vox en su lugar, se le abren las carnes solo de pensar en el adelanto", argumenta un alto cargo de Andalucía), parecía que los españoles podíamos descansar, al menos, un año y medio de procesos electorales y centrarnos un poco en la recuperación y salida de esta tragedia que sigue siendo la pandemia. Pero no canten esa victoria pírrica todavía, que Catalunya aún tiene la última palabra. Intentaré resumirlo.

Con los comicios del 14 de febrero, el endemoniado resultado catalán ya ponía difícil la negociación y el acuerdo. Sin embargo, la clara mayoría independentista de ERC, JxCAT y CUP -pese a la pérdida de votos y la alta abstención- podía hacer prever un acuerdo de investidura y coalición entre Esquerra y Junts razonablemente rápido. La victoria del PSC, por votos y no por escaños (33, como ERC), ni contaba: ERC descartó ya en campaña un pacto con Salvador Illa; el incumplimiento de los compromisos adquiridos por Pedro Sánchez en su investidura y en el apoyo a los Presupuestos de 2021 hacía del veto al PSC una cuestión de dignidad para Esquerra: ellos han cumplido con Sánchez. Además, En Comú Podem descartaba apoyar un Govern donde estuviera Junts, que no deja de ser la derecha catalana independentista y responsable de los recortes sociales en Catalunya tras el crash financiero de 2008 y la crisis consecuente.

Tal vez nos engañamos algunas por el deseo que tenemos de que se empiece a transitar en Catalunya por la senda de los indultos, de la reforma del Código Penal -compromisos que Sánchez sigue alargando incomprensiblemente- y, en definitiva, de la resolución de un conflicto político agravado por la intolerable interferencia judicial en un país que se jacta de estar entre las democracias de mayor calidad del mundo, sobre todo, entre los representantes del régimen del 78.

La relación entre ERC y Junts está rota desde hace tiempo; no solo es de dominio público, sino que pareciera que ambos partidos se esfuerzan por darle publicidad a gritos en los medios de comunicación. Ante la imposibilidad de acuerdo por el empeño de Junts de imponer a la coalición un Pepito Grillo independentista en forma de Consell per la República liderago por Carles Puigdemont y no electo en urnas, dejando al Govern en el papel de un órgano carente de competencias políticas, el president en funciones, Pere Aragonès (ERC) ha decidido intentar empezar la legislatura en solitario, con su acuerdo con la CUP (suman 42 escaños) y el apoyo de la izquierda no independentista de En Comú Podem (8 escaños). En total, 50 escaños, lo que hace claramente insuficiente los síes frente a los noes, éstos que serían los 53 de los partidos no independentistas (PSC, Vox, Cs y PP) La nueva apuesta de ERC requería de 4 síes de Junts y la abstención del resto de sus diputados (un total de 32); el líder de la formación, Jordi Sànchez (en prisión), se comprometió públicamente en una entrevista hace semanas a dar esos 4 votos positivos a ERC si decidía ir en solitario.

Pero hoy ya no: en las últimas horas, y ahondando en la desconfianza y ruptura total entre el independentismo, que llegó incluso a presentar una lista única liderada por Puigdemont, Junts ha anunciado que de dar los 4 diputados que le faltan a ERC, nada. Que al que algo quiere, algo le cuesta y ese "algo" es entrar en el Govern y aceptar la tutela del Consell per la República. Junts, una formación heredera de CiU, acostumbrada a gobernar, no suelta la presa, dicen que por temer al desgaste de la oposición más que a las propias diferencias y escisiones que le están desangrando.

El paisaje catalán en este momento es un páramo seco y cuarteado, desierto de soluciones ante la imposibilidad de salir del bucle en Catalunya; frustrante para quienes, como quien escribe estas líneas, han denunciado la injusticia cometida con los líderes catalanes, con los encarcelados y exiliados, con el procés nunca culminado, con quienes fueron a votar el 1 de octubre de 2017 y apaleados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuya capacidad represora con la disidencia que no puede controlar (avalada por votos de catalanes, da lo mismo) fue mal calculada por los dirigentes independentistas...

El 26 de mayo se acaba el plazo para llegar a un acuerdo de investidura del Govern catalán. El PSC podría investir con sus 4 síes y una abstención a Aragonès, pero los socialistas de Illa, que al final han ganado las últimas elecciones, ni se lo plantean.

Ya se habla de otras elecciones en Catalunya. Resulta insoportable.