Dominio público

Pablo Casado contra la democracia

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, atiende a los medios de comunicación antes de participar de forma presencial en la Cumbre de líderes del Partido Popular Europeo previa al Consejo Europeo.- EFE / Horst Wagner

El mundo al revés: esta semana hemos asistido al espectáculo insólito (y algo bochornoso) de la derecha atacando a la Iglesia y la Patronal. El PP, cual matón de patio de colegio, ha dejado llorando al mismísimo presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, demostrando de paso que en tiempos de nuevas masculinidades los hombres, aunque sean vascos y empresarios, también lloran. Supongo que de ahí la ovación recibida.

A Pablo Casado no le gusta que nadie que no opine como él ejerza su libertad de expresión. Lo cual no es una novedad en la derecha española, pero antes disimulaban mejor. Tras el pinchazo de Colón y la recogida de firmas contra los indultos a los presos del procés, ahora cree que no es la sociedad civil la que debe opinar de cuestiones políticas, porque para eso están ellos, los políticos. Derrocado también en el Parlamento (su moción contra los indultos fue rechazada por mayoría absoluta en el pleno del Congreso), se aferra a la última baza de la pataleta, el recurso jurídico, porque considera los indultos "inconstitucionales".

El problema de que te regalen el máster no es solo ignorar que los indultos están recogidos en el artículo 62 de nuestra Constitución, como le recordó Gabriel Rufián, sino que ni siquiera se sabe la lección de qué va esto de la democracia. En una desquiciada entrevista el pasado martes ante un atónito Carlos Alsina, Casado embistió dando palos de ciego contra todos y contra todo, evidenciando lo solo que se está quedando a la sombra de Vox. Cada frase proferida es un despropósito digno de análisis, pero en resumidas cuentas su eje argumental fue el siguiente: la democracia no es cosa de empresarios, sindicatos, ONGs ni de la sociedad civil ("pero oiga, esto qué es", bramaba sin entender nada), es una cosa exclusiva en manos de los diputados. Los ciudadanos, a votar cada cuatro años y después, a callar.

Es una lástima que alguien que se declara liberal no haya leído al maestro del liberalismo y la democracia que fue Alexis de Tocqueville, porque así entendería Casado en qué consiste la verdadera democracia: un estado social igualitarista, que se ejerce a todos los niveles más allá de las instituciones. Preocupado como buen liberal por el papel de la libertad en un sistema de igualdad, Tocqueville estudió atentamente la democracia norteamericana en busca de la clave de su éxito y estabilidad (viajero en los años 30 del siglo XIX, no tuvo ocasión de conocer a Trump, aunque sí llegó a intuirlo entre los peligros de esa nueva democracia): para que la democracia no se convirtiera en una nueva forma de despotismo de la mayoría y frenar toda posibilidad de abuso de ese nuevo superpoder, era necesaria no solo la instrumental división de poderes, sino una sociedad civil consolidada; prensa (de ahí el sobrenombre de "cuarto poder"), sindicatos, partidos, asociaciones, descentralización y municipalismo. Todo aquello que no dejara inerme al individuo atomizado frente al poder político y canalizara su participación cívica construía el interés bien entendido y los pilares de la democracia.

Desde sus inicios el liberalismo ha basado su doctrina en la idea del poder de esa sociedad civil frente a posibles desmanes del gobierno, y ahora Casado pretende venir a desmontar siglos de tradición liberal. Frente a la idea de pueblo (ese "pueblo español" al que tanto alude y cuyo sentir unánime pretende encarnar), la sociedad civil es por definición diversa y plural, y se estructura en organizaciones que representan los distintos intereses que en ella conviven. Por algo será que su partido se llama "popular", que no parece apelar a la fama merecida sino a un extraño maridaje con el populismo.

"¿Pero qué español ha votado a los sindicatos y a la patronal?", proseguía en su delirio, aduciendo que "no representan a nadie". Digo yo que representan como mínimo a sus afiliados que los han elegido, y así lo recoge igualmente el artículo 7 de nuestra Constitución, que los reconoce como agentes sociales. Para Casado, sin embargo, el diálogo social y los acuerdos con las partes interesadas (el stakeholderism cada vez más asentado en la toma de decisiones, empezando por los mecanismos de la propia Unión Europea), suponen un "vaciamiento del parlamentarismo en España". Aquí se vota, se elige unos representantes y ellos son los que negocian en el Parlamento, pretende aleccionarnos desde su exiguo sentido de la democracia. Entonces, ¿por qué convoca manifestaciones en la plaza de Colón?, cabría preguntarle.

Casado no solo hace oposición al Gobierno, sino a toda la sociedad. Frente a una sociedad "subvencionada por los fondos europeos" o "por el independentismo", porque tanto da en su fenomenal batiburrillo, Casado apuesta la mejora de la calidad democrática al reforzamiento de las funciones parlamentarias, únicos "representantes de la democracia". Tal vez convendría que alguno de sus asesores le hablase del "Índice Global de Democracia" que cada año elabora el diario The Economist, y que atendiendo a 60 indicadores, entre los que se encuentran el pluralismo, la participación y la cultura política de los ciudadanos, apenas destacan como democracias plenas los países escandinavos, Australia o Canadá. En el grupo de democracias imperfectas se sitúa España, pero contentémonos, que peor puntúan nuestros vecinos portugueses o franceses. Ojalá saliésemos tan bien parados en Eurovisión.

El desvarío, a cuyo lado los discursos de Cantinflas en la película Si yo fuera diputado resultan tremendamente sensatos, pero agradeciendo igual que el cómico "los aplausos tan desnutridos como merecidos", le lleva a amenazar a Sánchez con un "sin el apoyo de la Cámara, un gobierno está muerto", obviando que el actual Gobierno cuenta con el suficiente sostén parlamentario desde su investidura y la aprobación de los presupuestos hasta la última votación sobre los indultos; y a soltar de pronto, sin venir a cuento, una enésima tontería más: que este Parlamento nuestro representa a una Nación cinco veces centenaria. Como si en 1521 existiera alguna idea de nación, y España no fuera otra cosa que un Imperio complejo de territorios con sus propias estructuras institucionales y ordenamientos jurídicos diferentes y particulares, bajo mandato de la monarquía católica universal de Carlos V, que lo mismo era rey de Castilla y de la Corona de Aragón, Nápoles y Sicilia que Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, duque de Borgoña o archiduque de Austria (y al que por cierto se le rebelaron las ciudades de Castilla, las Germanías de Valencia y Mallorca, o el reino de Navarra). Nación, lo llaman ahora.

"Yo solo me debo a mis accionistas que son los españoles", continuó su soflama, que sin venir a cuento tuvo espacio hasta para escupir bilis sobre el pianista James Rhodes: pésima analogía la del accionista si de democracia se trata, pues remitiría a un modelo de sufragio censitario o ponderado, donde quién más acciones tiene, más vale su voto. Y todo, para acabar proclamando en una pirueta única: "A este paso voy a acabar negociando una ley con el Padre Ángel". Mejor sería pactar con Mensajeros por la Paz, premio Príncipe de Asturias, que con los Villalongas, Florentinos o Botines con los que llevan amañando leyes toda la vida.

El berrinche se estrellará en los tribunales y no cesará, porque hace tiempo que el PP no tiene más plan para Catalunya que el "A por ellos", del mismo modo que Margallo declaró que una dirigente vasca le había confesado en Euskadi: "Desde que no nos matan no tenemos proyecto". El PP, el partido que más indultos ha concedido en democracia, incluyendo a políticos corruptos o terroristas, no tuvo tantos reparos en indultar a Vera y Barrionuevo, que apenas pasaron tres meses en la cárcel. El GAL asesinó a 27 personas, y los independentistas catalanes, sin delitos de sangre, han cumplido ya más de tres años.