Dominio público

El Sáhara se respeta: la importancia de la sentencia europea sobre los acuerdos comerciales con Marruecos

Idoia Villanueva

Responsable de Relaciones Internacionales de Podemos y eurodiputada

La bandera de la República Árabe Saharaui Democrática, durante una manifestación por la libertad del Pueblo Saharaui, en la Gran Vía, a 19 de junio de 2021, en Madrid (España).- EUROPA PRESS

Este miércoles 29 de septiembre, el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) ha vuelto a fallar por segunda vez en la misma línea que hizo en 2016 tras un largo proceso iniciado en 2012. El derecho internacional lo ha vuelto a expresar de manera muy clara: los territorios del Sáhara Occidental son diferentes a los de Marruecos y el beneficio de sus actividades económicas debe recaer en su pueblo. Cualquier otra cosa es avalar una ocupación de territorio que según Naciones Unidas es ilegal. No cabe tampoco que el consentimiento para la explotación de sus recursos naturales lo den asociaciones radicadas en El Aaiun. La sentencia vuelve a señalar que el único y legítimo representante es el Frente Polisario. 

Porque, ¿de qué hablamos cuando hablamos de los recursos naturales del Sáhara Occidental explotados por Marruecos desde la ocupación de sus territorios con la Marcha Verde en 1975? Hablamos de un territorio rico en fosfatos, con la exportación estimada de 2,4 millones de toneladas anuales del yacimiento de Bucraa, empleados en la fabricación de fertilizantes y detergentes, venta de arenas del desierto para reparaciones en playas, uno de los mejores caladeros de pesca del océano Atlántico, productos agrícolas, prospecciones de petróleo y minerales como la circonita. Recursos naturales de los que hay pocas cifras y poco debate pero que Gilles Devers, abogado del Polisario en la causa del TJUE, estimó en cerca de 500 M€ anuales, en unos webinarios sobre Vecindad Sur que organicé para el Parlamento Europeo. Una cifra que como él reconocía es una de las claves del conflicto de la que se habla poco. Se ocupa una zona porque es rica en recursos naturales. Se expolia una cantidad con la que el Sáhara Occidental podría desarrollar su sanidad, educación y otras infraestructuras. Las explotan compañías que saben que actúan contra el derecho internacional pero que se benefician de una ilegalidad mientras se resuelven procesos judiciales muy largos.

Pero que acaban resolviéndose. La sentencia de 2021 no sólo vuelve a ser cristalina sino que el TJUE, la máxima instancia en asuntos jurídicos europeos, indica a la UE que debe corregir su actuación tras 2016. No cabe confundir consentimiento con consultas a grupos que, por mucho que estén en el Aaiún, no son su reconocido representante legítimo, el Frente Polisario. Cualquier autorización emitida por esos grupos no tiene valor legal, según el derecho internacional. Y entonces, ¿qué debemos hacer ahora? 

En primer lugar, aunque contra la sentencia quepa recurso es importante que el periodo que da el Tribunal para preservar "la acción exterior de la Unión y la seguridad jurídica de sus compromisos internacionales" sea utilizado para precisamente adecuar la acción comercial al derecho internacional. No cabe otra actuación para una institución que según su propia doctrina y actuación está a favor del multilateralismo y los derechos en el mundo. Es algo que ya sucede con los territorios palestinos ocupados que la UE distingue nítidamente de Israel, aunque su actuación sea, en mi opinión, muy corta. Tanto, que permite muchos huecos en la legislación del etiquetado de productos que se producen en las colonias, que no deberían ser exportados a Europa. Y que se requieran acciones más contundentes como las que ha planteado el Senado de Irlanda con la Ley para prohibir el comercio y productos de los asentamientos. Pero vemos que la UE ya se relaciona de esta manera en otro territorio, por mucho que haya que profundizar.  Si sucede así con Palestina e Israel, ¿por qué no puede hacer lo mismo con Marruecos y el Sáhara Occidental? 

Pero además, hay otro asunto clave cuando hablamos de los sectores económicos involucrados en el acuerdo comercial entre la UE y Marruecos, principalmente nuestra flota pesquera, pero también el sector agrario. Nuestro grupo parlamentario Unidas Podemos pidió en el Congreso de los Diputados, ya en 2016, que nuestro país trabajará por la seguridad jurídica de nuestras empresas y sus trabajadores. Nuestros y nuestras pescadores necesitan seguridad jurídica para poder faenar y sacar adelante a sus familias en un sector esencial, como ha demostrado la pandemia. ¿Alguien puede negar que la mejor seguridad jurídica es seguir el derecho internacional ratificado por el tribunal? ¿No es mejor cumplir con la legalidad internacional y asegurar sus contratos con los legítimos representantes de esos recursos para poder ejercer sus tareas?

Nuestro país y la propia UE deberían haber entablado ya en 2016 negociaciones con el Frente Polisario para permitir una relación comercial legal y basada en el derecho internacional. Así lo han ratificado también representantes de los trabajadores y trabajadoras agrarios, COAG, CCOO y UGT. Organizaciones agrarias que además piden equilibrar las relaciones comerciales con Marruecos, especialmente con la competencia de los tomates saharauis etiquetados como marroquíes que están afectando a la agricultura de nuestro país. De hecho, en las dos últimas décadas ha incrementado su producción que ya supone un 80% de lo exportado desde los territorios que el TJUE considera que debe explotar el Sáhara Occidental, además de melones y pepinos de la región de Dakhla, según datos de la ONG Mundubat. 

Por lo tanto, no hay razones para no buscar equilibrar los acuerdos comerciales según las doctrinas del TJUE, no proteger a nuestro sector primario y respetar los DDHH y el Derecho Internacional. Es una postura coherente con la responsabilidad histórica que tiene España con el Sahara Occidental. Por eso, desde Podemos recordamos que debemos promover la libre determinación del pueblo saharaui, como la última colonia de África pendiente de descolonización. Y también estudiar a fondo qué responsabilidades tuvo en la desastrosa Marcha Verde en 1975, momento de la muerte del dictador Franco. Por justicia con el pueblo saharaui pero también por necesidad para conocer y reparar nuestra  memoria histórica a través de la verdad, la justicia y la reparación. 

También es una postura coherente con la legislación, declaraciones y actuación de la propia UE, con su papel de respeto y promoción del multilateralismo. No se justifica de ninguna manera que la UE no pase de las declaraciones a los hechos en esta región. Y más en este momento geopolítico de cambio y desorden. Si el derecho internacional no se cumple en un país, se pierde para todos. Si permitimos  violaciones de los derechos humanos en un país, la impunidad avanza en todo el mundo. Precisamente por estas razones, exigimos cesar el acoso a la valiente defensora de DDHH saharui, Sultana Khaya, a la que nuestro grupo parlamentario europeo The Left ha propuesto como candidata al premio Sajarov.

Estas son las bases sobre las que la Unión Europea y España deben establecer una relación con Marruecos. Una relación en la que se puede y se debe hablar de otros asuntos. Una relación beneficiosa e incluyente para los pueblos de una y otra orilla del Mediterréano. Pero que no esté basada en callar ante violaciones de DDHH de sus instituciones, avalar ilegalidades del Derecho Internacional o subcontratar fronteras. Así lo expresó el Parlamento Europeo en su resolución sobre la utilización y la vulneración de derechos con personas, niños y niñas en Ceuta hace tan sólo unos meses. A partir de ahí hay un gran abanico de asuntos donde poder colaborar con un país esencial en nuestra vecindad sur y desarrollar una relación beneficiosa para ambos pueblos.  Y no sólo con él. 

Como llevo expresando durante meses, la renovada política europea hacia la vecindad sur debe cambiar radicalmente y ponerse al servicio de un desarrollo económico justo en una y otra orilla, basada los derechos humanos, el derecho internacional, los derechos laborales, los derechos de las mujeres, apostar por una movilidad humana con derechos, buscar una transición ecológica justa, luchar contra la emergencia climática y apostar por la cultura de paz frente a los conflictos que, cada vez más, crecen al otro lado del Mediterráneo. Hoy podemos dar un gran primer paso en esa dirección cumpliendo la sentencia del TJUE. Por justicia con el pueblo saharaui y por seguridad de nuestro sector primario.